Evaluación en la Educación.

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La iniciativa que derivó en el ANMEB era parte de un programa para vincular la remuneración y los ascensos de los docentes a su desempeño. Fue un cambio radical dado que jamás había existido una disposición de este tipo y alteró una política básica. Aunque el programa, que se denominó Carrera Magisterial, también tenía por objeto mejorar la capacitación del profesorado.

ARGENTINA: DESCENTRALIZACIÓN

En agosto de 1989, el gobierno de Carlos Menem anunció que la descentralización sería el elemento central de la política educativa. En 1990 se formuló un primer proyecto de ley de descentralización pero no fue objeto de debate en el Congreso. La situación se modificó radicalmente cuando cambió el ministro de Hacienda a principios de 1991. El Ejecutivo consideró que la descentralización era una forma de quitarle al gobierno federal la responsabilidad de administrar el gasto en educación. Una ley de 1991 dispuso que se traspasaría la responsabilidad de la educación secundaria a los gobiernos provinciales; la educación primaria había sido transferida en 1977. Conforme a esa ley, el gobierno federal no efectuaría transferencias adicionales de recursos fiscales por montos específicos a las provincias, de modo que cada provincia tendría que financiar el funcionamiento del sistema educativo con recursos propios.

Los gobernadores y los sindicatos se opusieron inmediatamente a la propuesta. Los gobernadores rechazaron la idea de proceder a la transferencia de responsabilidades sin una transferencia correspondiente de recursos. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CTERA, reconoció claramente la amenaza que la descentralización representaba para su poder nacional de negociación. Al final, la única modificación significativa de la propuesta original de descentralización fue garantizar un nivel mínimo de contribuciones federales para el gasto en educación de las provincias.

Argentina se trata de un ejemplo patente de un proceso de formulación de la política educativa que se desborda, creando conflictos y distorsiones para la formulación de las políticas nacionales.

BRASIL

El sistema educativo de Brasil había sido objeto de una descentralización considerable a lo largo de varias décadas cuando asumió el poder el gobierno de Fernando Henrique Cardoso en 1995. En aquel entonces, el deficiente desempeño educativo del país empezaba a llamar la atención de la elite interesada en modernizar el país, y reformar la economía y el sector público. El sistema educativo se caracterizaba por pronunciadas desigualdades regionales y un sistema de influencia política generalizado, factores que constituían grandes obstáculos para aplicar un programa serio encaminado a mejorar la equidad y la calidad de la educación.

El gobierno de Cardoso armó un equipo de tecnócratas encabezado por el ministro de educación, que se propuso transferir programas específicos a los estados y municipalidades, y aumentar la capacidad del ministerio federal para poder diseñar y gestionar con eficacia lo que se convertiría en un ambicioso programa de reforma. La piedra angular de la reforma fue la creación del Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Enseñanza Fundamental y de Valorización del Magisterio (Fundef), que redefinió la organización y el financiamiento de la educación descentralizada en Brasil, junto con dos medidas educativas de gran alcance que el Congreso aprobó a fines de 1996.

Esta reforma la primera de su género, preparada cabalmente desde el punto de vista técnico y político, y enviada sin demora al Congreso, dejó a la oposición “sorprendida” y con poco tiempo para reaccionar. En cambio, los planes del gobierno de Lula para crear un nuevo Fundef para la educación secundaria y preescolar enfrentan una resistencia mucho mayor, precisamente porque los gobiernos estatales ahora son conscientes de las posibles repercusiones que estas medidas puedan tener sobre su poder discrecional para efectuar gastos.

CHILE: ¿EXCEPCIÓN A LA REGLA? LA CREACIÓN DE INCENTIVOS DOCENTES

En 1996, el gobierno chileno logró adoptar un régimen nacional de incentivos para los docentes denominado el Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño Docente (SNED). Aunque el sindicato de docentes se opuso a este régimen desde un inicio, a fin de cuentas no pudo bloquearlo. Cabe destacar que esta es la única excepción significativa a la regla de que las políticas básicas de los sistemas educativos en América Latina no cambian por estar estrechamente alineadas con los intereses de los sindicatos de docentes.

Chile cuenta con un sindicato de docentes a escala nacional (el Colegio de Profesores de Chile). Este organismo es uno los principales actores en la política educativa, como suele ser típico en la región. Gran parte del PFP gira en torno a las negociaciones en que los únicos participantes son el Ejecutivo y los líderes sindicales. En términos generales, el sindicato se ha opuesto a la política educativa de carácter activista y reformista que ha formulado el Ejecutivo durante la última década y media, gran parte de la cual se ha centrado en mejorar la calidad y la eficiencia de la educación del país.

Pese a que las situaciones y las instituciones de los distintos países son muy diversas, y que han experimentado toda una serie de episodios en la formulación de políticas, hay cierta coherencia en los lineamientos en los que se sustenta la política educativa: Los actores clave con derecho de veto son los sindicatos docentes, el y los actores regionales. Los demás actores tienen una importancia relativamente menor. Cada uno de estos actores tiene su propio sistema de preferencias que varía desde el acuerdo total, cuando se trata de ampliar la cobertura, al profundo desacuerdo con respecto a políticas cuya orientación es mejorar la calidad o la eficiencia.