Fusilamientos de Paracuellos del Jarama

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En el momento del alzamiento el gobierno republicano estaba presidido por Casares Quiroga, quien había prohibido dar armas a las asociaciones obreras. Dimite el 18 de julio sucediéndole en el cargo Diego Martínez Barrio, quien se opone también a la entrega de armas, durando en el cargo solo un día. A partir de la noche del 19 de julio, bajo la presidencia de José Giral, se decide repartir fusiles entre los miembros de los sindicatos CNT y UGT. Sin embargo gran parte de estos fusiles no tenían cerrojo, encontrándose el material restante en el Cuartel de la Montaña, en el que se hallaba encerrado el general Fanjul. Alrededor de 8.000 personas cercan el Cuartel de la Montaña, el cual recibiría disparos de fusilería, artillería, bombas, etc. Los sitiados se rinden entrando la Guardia civil y grupos de obreros en el cuartel, matando a varios centenares de los sitiados. Con la caída del cuartel se finiquitaba cualquier posibilidad de levantamiento en Madrid recluyendo a los oficiales detenidos en la cárcel Modelo de Madrid, entre ellos el propio Fanjul.

Vacío de poder: los sucesos de agosto.

A partir de este momento Madrid se convertiría en un hervidero de grupos armados: secciones sindicales, casas del pueblo socialistas, ateneos anarquistas, grupos de defensa confederal, brigadas policiales, etc. Además con el paulatino avance rebelde por Extremadura y Toledo las fuerzas policiales radicadas en la capital se trasladarían a las afueras para tapar los accesos a la ciudad de los rebeldes, agudizando el vacío de poder[1]. A principios de agosto de 1936 el diputado de Izquierda Republicana, partido fundado por Azaña en el 34, Manuel Muñoz Martínez mantiene una reunión con los partidos y sindicatos del Frente Popular[2]. En este encuentro se acuerda la creación del Comité Provincial de Investigación Pública (CPIP) el cual, coordinado con la Dirección General de Seguridad (DGS), se iba a encargar de la labor represiva en zona republicana. Esta labor represiva se iba a ejecutar a través de las checas[3], institución de origen soviético, la secretaría técnica de la DGS, las Brigadas de Servicios especiales, los servicios especiales del Ministerio de la Guerra e incluso las instancias superiores de la administración republicana[4]. En principio el objetivo era localizar y aplastar la Quinta columna, es decir, a los afectos al levantamiento militar infiltrados en territorio republicano. Se temía que ciertos oficiales del ejército, derechistas ricos y clérigos formasen nuevas unidades o se incorporasen a las filas de los sublevados en caso de ser liberados. Sin embargo como se demostró más adelante el problema estribaba en que ni los ciudadanos ni los líderes podían establecer una diferencia clara entre quien era un quintacolumnista y quien no[5], dejando aparte la arbitrariedad con la que se procedió a la represión; al menos hasta finales de año. Desde el estallido del conflicto los partidos y sindicatos del Frente Popular comienzan a instalar checas por todo Madrid, cárceles improvisadas donde se llevaban a cabo actividades represivas con facultades ilimitadas para realizar detenciones, requisas y asesinatos mediante juicios sumarios. En Madrid las checas más famosas fueron las anarquistas de estación de Atocha (“Checa Campo Libre”), la de Fuencarral y la de cine Europa o “checa de Fomento” en la C/ Bravo Murillo nº 150. Las checas principales del PCE fueron las de la calle S. Bernardo, Lista, O´Donell o las más pequeñas situadas en Casa de Campo. Los grupos que controlaban estas cárceles eran revolucionarios y consideraban que había que derrumbar el Estado, los partidos y el orden existente. Antes de que J. Negrín y L. Caballero impusieran orden y disciplina en la retaguardia, los grupos armados, milicias, autoridades e instituciones actuaron en la capital con total libertad e impunidad. En las cárceles y checas había unos 5.000 presos antes de noviembre. Los objetivos de la República en la ciudad eran, primeramente, los dirigentes y diputados derechistas, fascistas o desafectos, la vieja aristocracia y la alta burguesía, los industriales y comerciantes adinerados, patronos y encargados de fábricas y talleres, los clérigos, así como abogados acomodados y periodistas conservadores. Sin embargo parece que fue el clero la víctima más numerosa del Frente Popular durante el periodo de sacas y fusilamientos que va hasta principios de noviembre. En Madrid el 90% de los 1.000 clérigos asesinados lo hicieron antes de las “sacas” de noviembre de 1936[6], de las cuales hablaremos más delante.

Entre el 22 y el 23 de agosto hay una reacción violenta de milicianos armados causada por el bombardeo de Argüelles por parte del Ejército nacional. Los hechos acaecidos a continuación tienen como protagonista a Felipe Sandoval, miembro de la CNT. Éste se encontraba recluido en la cárcel Modelo de Madrid por un delito de sangre cuando estalló el conflicto civil. No salió de la cárcel el 20 de julio, cuando muchos otros presos lo habían hecho identificándose con el Frente Popular. Sandoval habría permanecido otras dos semanas más en la cárcel hasta que se le ofreció formar parte del CPIP[7]. El 22 de agosto se le daría el mando de las milicias de la CNT y la FAI anarquistas, se encargarían de la vigilancia como los milicianos de la Milicia de Vigilancia de Retaguardia (MVR), que actuaban bajo la dirección del CPIP.

La ira y el desprecio convirtieron a derechistas y quintacolumnistas (desafectos) en blanco de los grupos armados. Ese mismo día hay un incendio en la cárcel Modelo provocado por los reclusos de la Galería 5 y los sótanos dónde se hallaban los presos comunes y los encerrados por la Ley de vagos y que, al parecer, actuaron en connivencia, sino por orden, de las susodichas milicias.[8] Aprovechando la intervención de los bomberos para sofocar el fuego los milicianos irrumpieron en la prisión ejerciendo una gran violencia y disparando a los presos recluidos en el patio de la cárcel (presos políticos) desde los balcones circundantes. Los responsables del asalto procederían de la checa del cine Europa (C/ Bravo Murillo nº 150), en manos de los anarquistas, mandados por Sandoval. Presentes en la escena se hallaban tanto el director general de Seguridad M. Muñoz como el director general de Prisiones, los cuales se limitaron a contemplar la escena. De hecho más tarde, en una reunión privada, M. Muñoz propone al presidente Giral liberar a los presos comunes y a aquellos reos en razón a la Ley de vagos. Sorprendentemente Giral acepta la proposición, cuando Muñoz se persona para llevar a cabo la excarcelación no puede porque Sandoval se había adelantado.

Los milicianos se harían con el sitio y sus ocupantes creando un tribunal semejante a la checa