La perpetuación de la violencia en Colombia.

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Volviendo a la hipótesis del profesor Darío Fajardo, la persistencia del tratamiento militar al conflicto social sólo trajo más violencia, los factores políticos e ideológicos que determinan las consecuencias de ésta están enmarcados en el argumento principal que sustenta su texto: la propiedad de la tierra como elemento estructurante de las relaciones políticas y económicas en el país.

“La importancia estratégica que ha tenido la propiedad de la tierra en la estructuración de las relaciones políticas y económicas del país ha estado acompañada por una construcción político-ideológica expresada en distintas coyunturas en las que han aflorado cuestionamientos sobre los efectos de la concentración de la propiedad agraria. Así ocurrió desde etapas tempranas de los debates sobre las políticas de tierras y ha ocurrido con mayor vehemencia en el contexto de las afirmaciones de la guerra contrainsurgente, construidas desde la alianza entre el Estado y los poderes terratenientes” (Fajardo 2014, Pág. 34)

Por otra parte, el autor sitúa el accionar de los medios de comunicación como instrumentos de las clases privilegiadas para realizar la campaña anti-insurgente, bajo este espectro y desarrollando un análisis personal, se considera a los medios de comunicación como actores sociales que han configurado unos imaginarios específicos, referidos a la implementación de unos términos ligados a la percepción política del aparato estatal, bajo esta lógica se evidencia la prevalencia de la articulación hegemónica axiomática con los centros de poder en la información a través de sucesos como la elaboración del Plan Colombia, el estatuto de seguridad o el 11 de septiembre de 2001 (Martinez J. ), o si se quiere, desde la entrada en vigencia del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde se efectúan cambios en la concepción de la terminología oficial, para desentenderse de los derechos de los insurgentes. En este sentido, y de nuevo apelando al derecho internacional, se hace uso de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad que versa acerca de la responsabilidad de los Estados en cuanto a las acciones terroristas, invocando el discurso de la lucha contra el terrorismo dentro de su propia oratoria, justificando actos irreverentes como la intervención en territorio Ecuatoriano para la realización del Plan Fénix. (González, 2013)

“En la producción de ese régimen comunicativo monológico tuvieron un papel central el discurso gubernamental y el discurso de los noticieros de TV. Ese discurso gubernamental, con el apoyo de los grandes medios de comunicación y en particular de los noticieros de los canales privados de televisión, subordinados interesadamente a las posiciones discursivas oficiales, desarrolló durante los ocho años del uribismo lo que podríamos denominar una homogeneización y una “redefinición afectiva de la opinión pública” desde la producción de un singular “nacionalismo antifariano”, relacionado con la definición discursiva de las FARC como el enemigo Nº 1 de los colombianos” (López de la Roche, 2013)

A través de los discursos oficiales de parte del gobierno, se van configurando los de los medios de comunicación, buscando la legitimación del conjunto social a partir de unos determinados intereses. Bien lo evidencia el profesor Fabio López De la Roche en su análisis del Régimen Comunicativo con respecto a la cultura política, cuando menciona que el uso del Régimen comunicacional tiene un predominio monoglósico, en el sentido de que solamente una sola voz tiene la capacidad de influir en la elaboración de las ficciones del poder. (Lopez de la Roche, 2013)

Por otra parte, el autor sugiere que otro de los factores que estimula la violencia en Colombia es la incidencia del narcotráfico en el conflicto social y armado, ya que dada la bonanza marimbera, no solamente se vieron beneficiados los grandes productores, sino que también aumentaron los grupos de campesinos dedicados al cultivo de siembras ilícitas, dando cuenta de que el Estado no bridaba garantías a la población rural que se encontraba en la periferia. Las redes creadas por los narcotraficantes fueron otra de las complicaciones que puso sobre la mesa esta coyuntura, ya que contaba con la participación de las autoridades locales.

“Las tendencias hacia el debilitamiento de la agricultura se afianzaron con el ingreso masivo de los capitales del narcotráfico, los cuales aceleraron la concentración de la propiedad de la mano del paramilitarismo como instrumento para el desmantelamiento violento y el destierro de numerosas comunidades rurales y la usurpación de sus tierras. De estos efectos resultará el despliegue de cultivos destinados a los mercados externos, con abundantes apoyos estatales y la ampliación de una oferta de mano de obra que permitirá el crecimiento de sistemas informales de contratación y la persistencia de niveles elevados de pobreza tanto rural como urbana.” (Fajardo, 2014, Pág 37)

Francisco Gutiérrez señala la existencia de algunos factores de la persistencia de la violencia, a este respecto menciona el narcotráfico como creador de tendencias centrífugas del sistema político, sustentando la instauración de un campesinado ilícito y la articulación financiera de las Farc a estas actividades para el desarrollo militar y estratégico militar que explicaría su fuerza en los 80’s; por otra parte señala los patrones de violencia contra los civiles, el incremento de secuestros, asesinatos y tortura, los cuales sirvieron como argumentos para la legalización de facciones militares de ultraderecha materializadas en autodefensas; finalmente describe el fenómeno paramilitar apoyado por las élites rurales legales e ilegales, sectores antisubversivos y grupos de instituciones estatales. La tesis principal de este autor es la incapacidad del sistema político de garantizar un mínimo de civilización política, dando cuenta de que el equilibrio que conduce hacia la paz está lejos de vincular la política con las armas.

Adicionalmente, cabe rescatar el término de “Terrorismo de Estado” enmarcando la responsabilidad Estatal en muchos de los crímenes que se cometen en esta dinámica de violencia exacerbada, Daniel Pecault manifiesta que los vínculos entre el aparato estatal y el narco-paramilitarismo son muy evidentes, pero que esta relación lo que hace innegable es la falta de autoridad del Estado para ostentar el monopolio de la fuerza. Toma en cuenta también la precariedad de los movimientos sociales reivindicativos y la relación de “no conjugación” con los actores del conflicto armado, puesto que la división es inminente, aunque se llegue a algún consenso. La democratización, en este escenario se ve intervenida por la jerarquización