GASTO PÚBLICO COMO PRINCIPAL PROBLEMA SOCIOECONOMICO EN MEXICO.

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Los gastos y topes de campaña han aumentado por la mayor competitividad electoral que ha estimulado mayores prácticas de clientelismo electoral (acarreo de votantes, pago con despensas y dinero en efectivo). El acarreo de votantes es una práctica tan común en esta época, pues según entiendo som9os los mismos ciudadanos quienes les damos dinero a los ‘partidos desde el momento que ejercemos nuestro voto a favor de cualquiera de ellos, por lo tanto lo ideal sería no votar por nadie y fomentar los votos nulos, ya que mientras más de estos haya menos dinero reciben los partidos políticos, ya que se reparten el resultado del total de votantes en el padrón por el 65% del salario mínimo y se reparte en función del porcentaje.

Muchos candidatos, ex candidatos y operadores políticos, tanto de campañas federales como locales, expresan de forma anónima que los topes de ley no reflejan la realidad del mercado y que casi todos los violan. Los topes de campaña “irreales” desincentivan que los partidos reporten el financiamiento privado que reciben. Si lo hicieran, no podrían gastarlo porque violarían la ley. Los topes establecidos en la reforma electoral de 2007 parecen más una aspiración o una justificación política que una intención de reducir los costos de campaña: su incidencia ha sido menor.

El costo presupuestal directo del sistema electoral federal —17 mil 452 millones de pesos en 2012— es apenas el piso del costo global de la democracia electoral en México.

Combatir los costos crecientes de las campañas

Es urgente no sólo para cuidar la equidad de las contiendas electorales, sino para combatir la corrupción gubernamental. Una vez que ganan, muchos gobernantes tienen que “pagar” las facturas de quienes donaron recursos a sus campañas, para lo cual pueden desviar recursos públicos, manipular los concursos de obra pública u otorgar permisos de diversa índole. Cuando reciben apoyo del gobierno en funciones, con frecuencia abdican de su función fiscalizadora una vez en el poder: dejan de revisar las cuentas de sus antecesores y con ello se facilita la corrupción y el dispendio y se genera una cultura intertemporal de la impunidad.

PROPUESTAS PARA DISMINUIR EL GASTO MAL INVERTIDO EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES.

1. Combatir la práctica de pagar la cobertura de las campañas mediante convenios de publicidad con medios de comunicación. Se requiere mitigar la “adicción” de algunos medios, sobre todo locales, de los dineros de los gobiernos y de las campañas. Una propuesta para minar esa adicción sería reducir o incluso prohibir la publicidad oficial en todo momento, no sólo durante el periodo electoral, con excepción de los programas relativos a salud y seguridad públicas. Ello con el fin de estimular un sistema de medios de comunicación (prensa, radio y TV) que viva más de su audiencia y de los anunciantes que de los presupuestos públicos y de los partidos políticos y las campañas.

2. Aunque se trata de una práctica difícil de combatir por su arraigo social, deben combatirse con inteligencia las prácticas que favorecen a algunos grupos electorales (acarreo e intento de compra de voto). Aunque su eficacia es incierta y limitada, los candidatos gastan sumas enormes de efectivo en esta práctica y, cada vez más, son los propios grupos organizados desde la sociedad los que piden e incluso “extorsion” a las campañas en busca de beneficios económicos a cambio de votos. Si combatir el clientelismo es un reto muy complejo (reitero, porque se trata de un fenómeno voluntario de beneficio para muchas comunidades), una alternativa es rastrear y dificultar el uso de efectivo que se usa para pagar esas prácticas.

3. La fiscalización a partir de los informes de campaña que entregan los partidos es insuficiente. Hay que considerar modelos complementarios como: fiscalización concurrente a las campañas y no sólo a posterior como sucede actualmente; mayor inversión en sistemas de detección de propaganda fija (espectaculares) y mayores auditorías en tiempo real a los eventos públicos de campaña.

4. las campañas deberían ser pagadas por los mismos participantes ya que todo el gasto se les remuneraría al doble si llegaran a ser elegidos y sin no lo son seguir con la misma dinámica de otorgarle un pago proporcional al número de votantes, esto con el fin de que no se vean afectados de forma económicamente, ya que los candidatos independientes serían los más afectados.

Conclusión

Como conclusión el gasto público en el tema de campañas electorales puedo decir que es algo injusto para la población ya que los contendientes a un puesto político deberían de pagar con su propio dinero su campaña electoral ya que además de no gastar en su imagen, al final ganen o pierdan reciben una remuneración de sus votos adquiridos.

Con frecuencia los fondos públicos se distribuyen entre los partidos políticos y los candidatos representados en la legislatura nacional. Esto hace más difícil que tengan representación nuevas fuerzas políticas. El marco legal puede limitar esta influencia negativa disponiendo la asignación de fondos especiales a los nuevos partidos políticos o candidatos.

Fuentes

En la última parte de investigación agrupa todas las fuentes consultadas para la realización de la investigación, las fuentes son de libros, periódicos, revistas y otras fuentes

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/3/1440/9.pdf

http://rendiciondecuentas.org.mx/data/arch_docu/pdf0064.pdf

http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/07/01/mal-uso-gasto-propicio-ajustar-programas

http://lasillarota.com/el-mal-uso-del-dinero-publico#.V3_kcNLhC1s

http://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/donde-va-parar-el-dinero-publico-en-mexico

http://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/2013/09/19/919338

http://aceproject.org/ace-es/topics/pc/pca/pca02/pca02a/pca02a5

http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2016/exposicion/EM_Capitulo_2.pd