La Guerra Cristera.

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Los principales líderes del gobierno que combatieron a los cristeros fueron Eulogio Ortiz, Espiridión Rodríguez, Saturnino Cedillo, Máximo Ávila Camacho y el general que luego llegaría a ser presidente de México, Lázaro Cárdenas.

Mientras tanto los líderes de los cristeros fueron Pedro Quintanar, Aurelio Acevedo, José Velasco, Carlos Diez de Sollano y Victoriano Ramírez.

Emilio Portes Gil llegó a la presidencia en 1928, sin embargo, esto significaba que no iba a existir un cambio significativo en la política contra la iglesia ya que comenzaría el periodo conocido como el Maximato, donde Plutarco Elías Calles, a pesar de ya no estar en el poder, manipulaba y controlaba a los presidentes en turno, siendo el primero bajo su control el presidente Portes Gil.

Tuvo que ser el embajador de Estados Unidos en México, Dwight Morrow, quién se encargó de negociar la paz entre la Iglesia Católica y el gobierno mexicano. Morrow redactó un documento llamado “Modus Vivendy” que planteaba una solución pacífica al conflicto. El documento señalaba que no se encarcelaría a los cristeros que dejaran voluntariamente las armas y se le devolvieran algunos edificios a la Iglesia como las casas de los obispos. Los obispos aceptaron la propuesta redactada por Morrow pero la mayoría de los cristeros consideraron a los obispos traidores y sólo 14 mil de 50 mil cristeros entregaron sus armas.

El nuevo arzobispo de México, Pascual Díaz, prohibió oponerse al Modus Vivendy a los católicos y excomulgó a quienes no dejaran las armas. Los cristeros que quedaron decidieron volver a levantarse en armas, pero esta vez no sólo considerando al gobierno su enemigo sino también a las autoridades de la iglesia bajo el mando del Obispo Díaz y por lo tanto hasta la propia Iglesia Católica. Sin el apoyo de la Iglesia, los cristeros fueron disminuyendo hasta que sus levantamientos fueron fácilmente reprimidos por el gobierno, siendo esto una de las principales causas de su derrota total y terminando el conflicto en 1929.

CONSECUENCIAS

Se calcula que la guerra cristera dejó un saldo de 250 mil muertos, sin embargo, ya que tanto como la Iglesia como el gobierno se han negado a hablar de ello durante mucho tiempo las cifras reales de muertos no se saben con exactitud. Miles de los sobrevivientes fueron torturados por ambos bandos. Muchos generales del gobierno incumplieron los acuerdos del Modus Vivendy y torturaron y encarcelaron a cientos de cristeros que dejaron las armas por voluntad. Sin embargo, muchos cristeros también cometían actos condenables, pues solían atacar las escuelas del gobierno para torturar sobre todo a las maestras que daban clases en el campo.

A pesar de que después de la Guerra Cristera, México continuó siendo un país mayoritariamente católico, las relaciones entre la Iglesia y el Estado no fueron buenas hasta casi terminar el siglo XX. Fue hasta el gobierno de Carlos Salinas de Gortari que en 1988 se reestablecieron las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano.

Durante mucho tiempo los curas amenazaron a quienes mandaran a estudiar a sus hijos a las escuelas del gobierno y muchos gobernantes amenazaron a encarcelar a quienes enviaran a sus hijos a estudiar a escuelas católicas. Sin embargo, pocas veces ambas partes cumplían sus amenazas.

El logro más significativo de la Iglesia fue que se le concedió la personalidad jurídica que se le había arrebatado. El artículo 130 de la Constitución le otorgó la personalidad jurídica, lo cual le permite ser reconocida oficialmente por el gobierno como una institución con responsabilidades sociales. La Iglesia actualmente también puede realizar actos religiosos en público, es decir, oficiar el culto fuera de los templos, como las procesiones, peregrinaciones y las representaciones del viacrucis. Los sacerdotes ya no son obligados a casarse en ningún estado de la república y no existe ninguna restricción para la cantidad de sacerdotes que puedan existir ni impedimentos para que los miembros de la iglesia puedan votar.

Actualmente la Iglesia también puede crear y dirigir escuelas y no hay ninguna ley que prohíba a los ciudadanos mandar a sus hijos a tales colegios.

Sin embargo, las restricciones que le daban mayor poder a la Iglesia aún continúan. Sólo se consideran oficiales los matrimonios y el registro civil avalados por el Estado, dándole al gobierno la posibilidad de control y registro de la población.