Militarismo en Honduras (1963-1981)

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Algunos líderes campesinos, así como obreros perseguidos por ejércitos y ligados a núcleos comunistas en el país, se constituyeron, en las montañas del departamento de Yoro, organizándose en cuasi-guerrillas de autodefensas. Estos fueron masacrados en el 30 de abril de 1965, en la comunidad El Jute, los asesinatos fueron efectivos alevosamente por el ejército frente a los ojos de varias personas, con el objetivo de enviar un mensaje antisubversivo para detener en movimiento revolucionario que se estaba gestando en el país. Perdieron la vida ese día: Lorenzo Zelaya (líder campesino, presidente de la FENACH), Aquileo Izaguirre, Rufino López, José María Izaguirre, Hermelindo Villalobos, Benedicto López y Benito Díaz.

El liderazgo y las bases campesinas de la ANACH, a pesar de su ligación ideológica al “sindicalismo libre y democrático”, anticomunista, impulsada por la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) y sus gestoras Norteamérica, la AMERICAN FEDERATION OF LABOR & ORGANIZATIONS INDUSTRIAL OF CONGRESS (AFL-CIO), son también inmovilizados. En consecuencia, el movimiento campesino emergente experimenta una temprana fase de reflujo.

De igual forma ocurre con el Instituto Nacional Agrario, organismo ejecutor de la reforma agraria preconizada por la Ley de 1962, cuyas actividades son esencialmente de recuperación de tierras incultas o deficientemente cultivadas, estas se verán igualmente paralizadas bajo la presión de los terratenientes.

El golpe de Estado militar del 3 de octubre de 1962, debe entenderse como una reacción conservadora y brutal de la burguesía imperialista bananera y de sus aliados políticos, los terratenientes tradicionales, que miraron con suma preocupación la presión político-transformadora que genero el ascenso de la luchas populares, particularmente campesinas que marcaron los años de la gestión presidencial de Villeda Morales; acciones político-reivindicativas que ponen en cuestión las bases esencialmente agrarias, en que se asienta el poder político de las clases dominantes. En esta coyuntura política el ejército actúa indubitablemente como el “brazo armado de la oligarquía terrateniente y el imperialismo”.

Los núcleos combativos de las clases subalternas se movilizaron fundamentalmente en demanda de amnistía política para los presos, perseguidos y exiliados por el régimen militar represor. La Federación Central de Sindicatos de Trabajadores Libres de Honduras (FECESITLIH), ha de desempeñar un importante papel en este sentido. Finalmente, bajo presión popular y de los núcleos de las capas medias urbanas también afectadas por las medidas político-represivas postgolpista, López Arellano se ve obligado a dictar un decreto de amnistía (Decreto 196, de 18 de noviembre de 1964) del cual quedan excluidos de manera contradictoria los “comunistas”, “los hondureños que fueron enviados al exilio por el actual gobierno”.

La FECESITLIH, para ese entonces se convirtió en una verdadera vanguardia federada del movimiento obrero hondureño clasista, enfrentándose políticamente, en desigual batalla con y sin éxito, al régimen de López Arellano al declararse en huelga hacia finales de julio de 1965. Se trata de una huelga general convocada por la FECESITLIH en defensa de las conquistas sindicales alcanzadas por el movimiento obrero hondureño que se ven amenazados por la acción represiva del régimen militar de López Arellano, que alcanza un umbral destacable al declarar ilegalidad de las huelgas de los obreros de la empresa textil Río Lindo. Esta huelga, de casi tres meses de duración, reivindico la firma de un convenio colectivo, por el cual se venía luchando desde 1963, y que había ya agotado todos los requerimientos para su legalización exigidos por la normativa burguesa laboral establecida por el código de trabajadores. A defensa de los obreros sindicalizados sale la FECESITLIH reivindicando “la huelga es más legal, más justa y más necesaria a que organismo sindical alguno se haya visto abocado”.

Las demandas planteadas por la huelga general de la FECESITLIH se concentran fundamentalmente a las “revocación del monstruoso fallo de la declaratoria de ilegalidad de la huelga de los trabajadores del Sindicato de Textiles Río Lindo, y en consecuencia, declaratoria de legalidad de la huelga y celebración de Convenio Colectivo, objeto de la misma”, así como la destitución de los principales funcionarios del Ministerio de Trabajo y el “respeto absoluto del código de Trabajo y de las conquistas obreras alcanzadas sobre la base del esfuerzo del trabajador y el sacrificio y la lucha de los trabajadores de todas las latitudes del mundo”. Iniciando en las primeras horas de la mañana del 27 de julio de 1965, la huelga general convocada por la FECESITLIH habrá concluido hacia el final del mismo día, disuelta brutalmente por los cuerpos paramilitares del régimen militar, la tristemente célebre “Marcha Brava”, que desalojaron, blandiendo garrotes, a los obreros que se habían tomado los centros de trabajo para hacer efectiva la Huelga. La “Macha Brava” conto con el apoyo del Ejército, encargado de distribuir abundantes dotaciones de gases lacrimógenos entre los obreros ahí concentrados.

Con la derrota del movimiento obrero en la capital, y las represiones subsiguientes que se hacen objeto a los líderes de las organizaciones ligadas a la FECESITLIH, permite al régimen de López Arellano, restar combatividad clasista a esta organización federativa e imponer su control sobre los núcleos directivos de la misma. La FESITRAN, y la recientemente creada Confederación Hondureña de Trabajadores (CTH, Septiembre, 1964) liderada por cuadros de probada vocación anticomunista, no han de movilizarse en apoyo de la acción político-reivindicativa de la FECESITLIH.

Después de todo él coronel López Arellano se ve obligado a crear las condiciones para la restauración del “Orden Constitucional” y obtener la legitimidad jurídico-constitucional de su gestión política, para lo cual convoca a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente. Apoyado en la maquinaria política del Partido Nacional, conservador y principalmente reductora de la oligarquía terrateniente, que mediante elecciones fraudulentas (12 Febrero 1965), realizada en un ambiente de imposición militar y paramilitar obtiene una indubitable mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente, López Arellano deviene “Presidente Constitucional de la Republica”. En esta ocasión, y al igual que en 1957 cuando se seleccionó a Villeda Morales como Presidente del país, la Asamblea Nacional Constituyente mediantes elecciones de segundo grado para decirlo en términos jurídicos, nombra a López Arellano presidente del país