LIBRECAMBISTA

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Teoría general del empleo, el interés y el dinero

En esta obra Keynes apuesta por el intervencionismo, a través de una intensiva utilización de la política fiscal (impuestos y gastos gubernamentales) para influir en el ciclo económico. Keynes argumentaba la intervención basándose en tres factores: La propensión marginal a consumir (el porcentaje de cualquier incremento en la renta que la gente destina para gastos en bienes y servicios), la eficiencia marginal del capital (dependiente de los incrementos en las tasas de retorno) y la tasa de interés. El argumento clave en el pensamiento keynesiano es que ante una economía debilitada por la baja demanda (como por ejemplo, en una depresión), donde hay un problema desencadenante (dificultad en conseguir una economía que crezca vigorosamente), el gobierno (más genéricamente: el sector público) puede incrementar la demanda agregada incrementando sus gastos (aunque incurra en déficit público), sin que el sector público incremente la tasa de interés lo suficiente como para minar la eficacia de esta política.

La teoría del servicio público

En la década de los treinta, el servicio público se encuentra en el centro de una construcción doctrinal jurídica sistemática del Estado; su organización tuvo como precursores a León Duguit. Se parte del “hecho incontestable de que el hombre vive en sociedad” y así lo ha hecho por siempre bajo distintas figuras asociativas (horda, familia, ciudad, nación, sociedades civilizadas, etc.), lo que ha generado en cabeza del ser humano una interdependencia social y una consciencia jurídica colectiva, con apego a reglas de derecho objetivas. “Fundado el derecho objetivo en la solidaridad social, de él se deriva, directa y lógicamente, el derecho subjetivo. En efecto: estando todo individuo obligado por el derecho objetivo a cooperar a la solidaridad social, resulta necesariamente poseedor del derecho de ejecutar todos cuanto actos conduzcan a este fin…” En este sentido, el Estado tiene el deber de garantizar el cumplimiento de esa solidaridad social y para ello debe verificar el cumplimiento de la función social que cada individuo tiene en la consecución de ese fin. Por tanto, el derecho objetivo y la función social son las bases de un Estado de derecho.