ALCANCES Y LÍMITES DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN MÉXICO

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individuales específicas, cuyo fondo teleológico busca, en aras de un anhelo democrático, lograr el progreso constante de todos los miembros de la sociedad. (Friedman, 1994, p. 118).

Herman héller explica que el estado tiene una función social, que se vuelve necesaria cuando los pueblos han alcanzado el sedentarismo, pues requieren de una unidad de acción para defender el espacio geográfico frente a grupos rivales. (Héller, 1995, p.10).

El Estado de derecho es, en cuanto a su origen, una noción conformada por un grupo de principios generales provenientes de fuentes diversas, algunas de naturaleza jurídica y otras más de naturaleza histórica y social. Las fuentes de naturaleza jurídica de las cuales han surgido muchas de las bases de lo que hoy conocemos como Estado de derecho son, entre otras, la tradición jurídica romano-germánica y la familia del common-law o derecho angloamericano, de donde han sido tomados principios tan importantes como la equidad y la certeza de las leyes.

De esta forma, tanto escuelas jurídicas como grandes acontecimientos sociales han generado en diversas etapas de la historia una serie de directrices ideológicas y normativas que han sido recopiladas y que se han convertido en los principios ideales rectores de un Estado justo. La base filosófica del Estado de derecho es, por tanto, la búsqueda continua del equilibrio social, a través de principios de contenido axiológico y jurídico que con el paso del tiempo han demostrado su efectividad como garantes y precursores del desarrollo de todos los individuos (Hayek, 2007, p. 112).

A finales del siglo XVIII surgió este modelo de estado como una reacción frente a los abusos cometidos por las monarquías del estado absoluto. Se consolido a lo largo de todo el siglo Soy, desde entonces, permanece vigente hasta nuestros días. Respondió al movimiento filosófico de la ilustración y representa el triunfo del liberalismo frente al absolutismo y el despotismo ilustrado. (García (2011) p.21

Cultura de la legalidad y el Estado de derecho

El profesor Lawrence Friedman, de la Universidad de Stanford, definió en 1994 a la cultura legal como

Las ideas, valores, actitudes y opiniones que las personas en cualquier sociedad guardan con respecto a la ley y al sistema legal. (Friedman, 1994, p. 118).

“cultura de la legalidad, la cual, más que solo contemplar la actitud de los ciudadanos hacia las leyes, comprende el involucramiento vivencial pleno de los individuos con los valores superiores de la democracia. En México, la importancia de la cultura de la legalidad en la construcción de una ciudadanía comprometida con los ideales del Estado de derecho ha sido plenamente reconocida desde hace varios años, y en ese contexto el gobierno ha procurado elaborar las debidas estrategias para su difusión.

La constitución es, pues, el instrumento a partir del cual el Estado se sujetará al Derecho, con lo que se crea entonces el Estado de Derecho. Esto es así debido a que todas las funciones estatales no serán determinadas por el mero capricho de los gobernantes, sino, forzosamente, por las reglas previstas en la ley. Además, al quedar sometido el Estado al Derecho, “le resultará inherente una jerarquización de las normas jurídicas debidas a fuentes distintas: Constitución (Asamblea Constituyente), Ley (Parlamento) y Decreto (Gobierno). (García (2011) p.32

La cultura de la legalidad posee una función eminentemente pedagógica. El objetivo principal que se persigue con su difusión es el de explicar a la población que si bien es cierto que la observancia de los mandamientos legales es parte fundamental del fortalecimiento del Estado de derecho, dicha observancia no debe ser realizada de forma mecanizada o tan solo por temor a las sanciones acaecidas debido a su incumplimiento, conducta carente de validez intrínseca en los postulados sino de una forma razonada y plena de convicción propia.

El principio de legalidad se encuentra reconocido en la Constitución mexicana a través de diferentes disposiciones. Los artículos 103 y 107 consagran el juicio de amparo, mecanismo jurídico con el que los ciudadanos pueden impugnar los actos de la autoridad que no se ajusten a lo establecido por la ley. Adicionalmente, el artículo 133 establece el principio de supremacía constitucional, el cual supone una jerarquía normativa: los actos de autoridad deben ajustarse a lo dispuesto por las leyes, y éstas, a su vez, a la constitución. Además, el artículo 73 le otorga la facultad al Congreso de la Unión (Parlamento) para expedir leyes conforme a los procedimientos establecidos en los dos artículos precedentes.

Los artículos 14 y 16 de la Constitución mexicana también contemplan cuestiones fundamentales relacionadas con el principio de legalidad. El primero prevé la irretroactividad de la ley; el debido proceso legal, esto es, el hecho de que “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”. Asimismo, esta disposición constitucional establece el principio de exacta aplicación de la ley. En materia penal esto implica que no podrá imponerse “pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”, mientras que en el ámbito civil significa que “la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra de la ley o a la interpretación jurídica de la ley”. (García (2011) p.39

La finalidad última de la cultura de la legalidad consiste en hacer que las personas comprendan que detrás de cada una de las normas jurídicas que sustentan al Estado de derecho prevalece una razón histórica que fundamenta su existencia, para que de esta forma puedan comprometerse decididamente con su cumplimiento. De igual manera deben ser comprendidos los principios del Estado de derecho en su exacta dimensión; así tenemos que, por ejemplo, el principio de no arbitrariedad es una herramienta que busca evitar la consumación de actos que se ubiquen fuera de la ley, por un motivo importante: tales actos, en razón de la incertidumbre y la desconfianza que generan, impiden que los ciudadanos puedan planear sus vidas con base en la actuación esperada por parte de las instituciones. Es por ello que existen mecanismos, procedimientos e instrumentos legales a través de los cuales las autoridades realizan sus funciones con apego a la ley y los ciudadanos establecen sus demandas o plantean sus necesidades con estricto orden. Dicho principio favorece también a la existencia de leyes estables, las cuales son necesarias