Derecho, legislación y normatividad para el desarrollo sustentable

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En 1994, México dio un gran paso a nivel institucional con la creación de la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), que fortaleció la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales del país. En el año 2000, la institución pasó a ser la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), sin cambiar los objetivos principales de la primera. La creación de la SEMARNAT fue el parteaguas para la implementación de leyes orientadas a un ámbito específico del medio ambiente que en ese entonces manifestaba la necesidad de ser regulado. Algunas leyes relevantes que se han conseguido promulgar son:

- Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente (1988).

- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2003).

- Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (2013).

- Ley General de Vida Silvestre (2000)

- Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable (2007)

- Ley de Desarrollo Rural Sustentable (2001)

La instauración de leyes orientadas a velar por el equilibrio ecológico en México, contribuye a crear una cultura sustentable en la población, convirtiendo las acciones de reversión no solo en recomendaciones, que como bien sabemos, son opcionales. La legislación hace de la sustentabilidad una obligación jurídica para la sociedad, un principio que debe ejercerse en cada aspecto en el que el hombre se desarrolle.

En este mismo sentido, la Carta Magna establece en su articulado diversas disposiciones de carácter ambiental que son la base del sistema jurídico actual. Es importante mencionar que a partir del artículo 27, que se refiere a la conservación de los recursos naturales, se ha dado suma importancia al medio ambiente. De manera implícita, podemos encontrar el concepto de ‘desarrollo sustentable’, así como también maneja el concepto de conservación de los recursos naturales; el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dicta lo siguiente: “La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana…”. “Conservación mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico…”

A pesar de los esfuerzos gubernamentales por revertir las consecuencias de la sobreexplotación de los recursos, el agotamiento de los mismos y el deterioro ambiental es creciente en nuestro país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha estimado que la depreciación de los recursos naturales oscila anualmente entre 11% y 14%, siendo contabilizado en el periodo comprendido de 1985 a 2011. Considerado lo anterior, podemos decir que las legislaciones establecidas en México no son suficientes para frenar el decrecimiento continuo de los recursos naturales en el país, por lo que se requiere de más participación política al tratarse de un tema de vital importancia.

Los fenómenos ambientales guardan una estrecha relación con los fenómenos demográficos como la explosión, el tamaño y la distribución poblacional. Es necesario un análisis profundo de dichas interconexiones para poder establecer políticas adecuadas y correctamente direccionadas al desarrollo sustentable, que cubran la totalidad de los aspectos requeridos para poder contrarrestar el desequilibrio ambiental.

“La relevancia de los procesos demográficos y ambientales, demanda profundizar en el estudio de sus vínculos e interconexiones mutuas, de modo que sirva de base para la formulación de estrategias y acciones integrales dirigidas al logro de un desarrollo sustentable. No debe olvidarse que si bien la dotación de recursos naturales de México es abundante y se le ubica entre los seis principales países con mega diversidad en el planeta, esta riqueza es muy frágil y no resiste presiones ilimitadas de las actividades productivas, de la población, patrones de asentamiento desequilibrados y explotaciones no sustentables de los recursos naturales” (SEDESOL, 1994).

El acelerado crecimiento demográfico y la distribución desequilibrada de los recursos, aunado a diversos fenómenos sociales, por ejemplo, la pobreza, contribuyen a generar daños irreversibles en ecosistemas frágiles provocando su deterioro.

Desafortunadamente, los esfuerzos de conservación de los recursos naturales y ecosistemas, se ven obstaculizados por un círculo vicioso de padecimientos sociales como la pobreza, el agotamiento de los recursos naturales, deterioro ambiental y aún más pobreza.

Lograr el equilibrio ambiental y el desarrollo sustentable en su totalidad, requiere de una coordinación estrecha de las políticas establecidas en el país a mediano y largo plazo. Tal como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Federal busca realizar esfuerzos significativos para garantizar la completa coordinación entre instituciones, favoreciendo los efectos de la aplicación de las diversas leyes derivadas de éstas, obteniendo como resultado un cambio. También es importante resaltar que el desarrollo sustentable es actualmente un criterio vital para las actividades productivas, siendo un tema a discutir en la toma de decisiones sobre inversión, producción y políticas públicas de las organizaciones, incorporando también las consideraciones pertinentes con relación al impacto ambiental, así como el uso eficiente de los recursos naturales.

El cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable es un tema que preocupa y ocupa a todos los países. Las consecuencias de modelos de desarrollo, pasados y actuales, que no han tomado en cuenta al medio ambiente, se manifiestan en problemas de orden mundial como el cambio climático, por lo cual el Gobierno de la República ha optado por sumarse a los esfuerzos internacionales suscribiendo importantes acuerdos, entre los que destacan el Convenio sobre Diversidad Biológica; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kioto; el Convenio de Estocolmo, sobre contaminantes orgánicos persistentes; el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono; la Convención de Naciones