Gestión de la comunicación.

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La aprobación en el año 2013 de la Ley Orgánica de Comunicación permitió regular a los medios de comunicación, entre los que se encuentran las empresas privadas televisivas, condicionando horarios y la programación de las mismas. Esto provoca un cambio en el financiamiento de estas empresas.

En este camino de cambios e innovación, la producción televisiva ha apostado por el género del entretenimiento con producciones de comedia que proyectan la cotidianidad de las SITCOM, que a decir de Comparato (2014) la comedia de situación es el género “más económico de los productos televisivos y también los más difíciles de escribir.

Un grupo de personajes en una localización determinada, nos hacen reír con las situaciones cómicas que viven”. Los formatos televisivos SITCOM, se han asentado definitivamente en la programación nacional, ocupando un lugar de relevancia en las preferencias de los consumidores de contenidos audiovisuales. Después de los noticieros son los programas con mayor número de horas emitidas de lunes a viernes y fines de semana. En resumen los integrantes de la cadena de producción audiovisual en Ecuador canales de televisión, productores, actores coinciden que la producción nacional activa la economía del sector, además de impulsar la formación y exportación de talentos y productos ecuatorianos.

A día de hoy, la marca juega un papel trascendental, este es un hecho que la televisión pública debe tener muy presente, por ello debe jugar su papel de televisión de calidad que defiende un espacio público que debe ser claramente diferente, en este sentido entraría en juego la concepción del servicio público, del que ofrece la televisión privada de mayor consumo

Nos encontramos por tanto ante un panorama complejo y cargado de retos, tanto tecnológicos como financieros, organizacionales y de programación, unos retos que no harán sino aumentar con el paso de los años, pero sin duda alguna, el mayor reto en estos momentos es asegurar la viabilidad del modelo de televisión pública, en ese camino es fundamental ser transparentes, fomentar una gestión que permita hacer más con los recursos a disposición, incidir en el valor de la proximidad, crear un contenido de calidad pero atractivo para las audiencias, encajar el contenido televisivo desde su idea hasta la producción final en un contexto totalmente digital y multiplataforma.

Los medios de comunicación social han contribuido a la expansión del concepto de transparencia, sin embargo estas empresas no deben olvidar su condición de compañía que ofrece un producto o servicio a la sociedad, por lo que ellas también están obligadas a cumplir los similares criterios de gestión, organización y rendición que el resto de las empresas. A mayores, la actividad que desarrollan, en especial delicada dado el impacto político y sociocultural que generan en los ciudadanos, acentúa su responsabilidad con la ciudadanía (López Cepeda y Manfredi, 2013).

La entrega de información responsable de las organizaciones a sus stakeholders1 contribuye a que la empresas obtengan un adecuado nivel de divulgación social para enaltecer y legitimar la imagen corporativa y fomentar las relaciones con los clientes, la comunidad y otros grupos de interés (Deegan y Rankin, 1999). Sin embargo, lejos de las apariencias, el propio acto de comunicar resulta dificultoso puesto que ni las compañías ni los individuos pueden verificar fácilmente las acciones en el ámbito de la responsabilidad social (Carroll, 1999), además de que las personas perciben que una organización orgullosa de su trabajo social tiene una intención oportunista (Holmes y Watts, 2000).

Los instrumentos de transparencia y rendición de cuentas son de muchos tipos y se pueden clasificar de un solo sentido o interactivos (Meier, 2009). Además, pueden dar respuesta a diversas finalidades, desde dialogar con las audiencias, atender quejas, ofrecer información y corregir errores, hasta explicar, divulgar la política editorial y evaluar el cumplimiento de la misión.

Para ello los organismos de supervisión de los medios audiovisuales establece la regulación de los medios de comunicación audiovisuales que se hace necesaria ahora más que nunca para que la sociedad conozca si hay una correcta regulación y fiscalización de los medios, entre ellos los de titularidad pública. El papel de la ciudadanía no debe ser, sin embargo, pasivo, sino que debe atenderse a sus demandas y necesidades. Es aquí donde la participación cobra una especial relevancia. Siguiendo a Carpentier (2011: 67), se entiende esta como “las oportunidades para la participación mediada en el debate público y la autorrepresentación en la variedad de espacios que caracterizan la sociedad. La esfera mediática sirve como plaza donde los ciudadanos pueden vocear sus opiniones y experiencias e interactuar unos con otros” (Azurmendi et al., 2015).

La información que se presenta en la televisión tiene que tener a la credibilidad como característica específica, como menciona (Haley, 1996), La credibilidad de la fuente, considerada como uno de los elementos de mayor influencia sobre la actitud e intención de comportamiento. Esta credibilidad puede influir en nuestra actitud y, por tanto, en la toma de decisiones, sin embargo, no todas lo hacen de la misma manera por lo que resulta necesario señalar que no siempre a mayor credibilidad se da una mayor influencia (Homer y Kahle, 1990; Pornpatkia, 2004).

Hoy el acceso a nuevas fuentes de información, a través de la red, puede haber modificado la forma en que percibimos y evaluamos la credibilidad del emisor. La introducción de nuevas tecnologías incrementa exponencialmente las posibilidades de una comunicación interpersonal con potencial para influir en nuestro comportamiento y toma de decisiones.

1 Stakeholder es un término en inglés utilizado por primera vez en 1708 para determinar una persona o negocio que ha invertido dinero en algo (http://www.merriam-webster.com/dictionary/stakeholder), éste término se popularizó posteriormente, al ser utilizado por R. E. Freeman en su obra: “Strategic Management: A Stakeholder Approach” (Pitman, 1984), para referirse a «quienes son afectados o pueden ser afectados por las actividades de una empresa».

Con la finalidad de cumplir con los parámetros establecidos en la LOC las estaciones de televisión de cobertura nacional se han visto obligadas a modificar sus parrillas de programación ya que desde la entrada en vigencia de la ley se establecieron tres años de plazo para que las cadenas se ajusten a nuevas disposiciones

La llegada de Internet ha revolucionado los formatos y las narrativas periodísticas en el marco