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PRÁCTICA 5

El consejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i del Cabildo de Gran Canaria, ha admitido que el Tripartito pagó los servicios de una consultora técnica y un despacho jurídico especializado en contratación pública para elaborar el pliego de condiciones para la redacción del proyecto de Infecar, una licitación que el Cabildo se ha visto obligado a paralizar por vulnerar los principios de libre concurrencia y no discriminación entre los candidatos.

Esta paralización se debe a que las limitaciones adicionales de solvencia técnica de las ofertas que incluyó en el pliego podrían ser contrarias a los principios de concurrencia y de no discriminación e igual trato entre los candidatos. En concreto, hace referencia a la cláusula 15 sobre la solvencia técnica exigida a los licitadores, que restringe la libre concurrencia y es contraria al principio de no discriminación. Dicha cláusula contemplaba que tanto el arquitecto como el ingeniero del equipo técnico debían acreditar un mínimo de 10 años de experiencia profesional y la redacción de proyectos de ejecución de dos obras de producción audiovisual y/o construcciones similares de presupuesto de ejecución material mínimo de 4 millones de euros cada una en los últimos diez años.

La licitación es un sistema por el que se adjudica la realización de una obra o un servicio, generalmente de carácter público, a la persona o la empresa que ofrece las mejores condiciones. Podemos observar claramente como en este caso no se cumplen estas condiciones, dando lugar a discriminación por parte del Cabildo. Esto nos hace pensar que estas condiciones están hechas para elegir de una manera arbitraria al grupo que realizará estas infraestructuras audiovisuales o cinematográficas.

Ante la demanda de explicaciones, el presidente de la SPEGC achacó la paralización del concurso a un simple “error jurídico” y justificó el asesoramiento externo por la complejidad técnica del proyecto. Tampoco precisó el gasto que ha supuesto para las arcas públicas la contratación de estos servicios de asistencia técnica y jurídica ni reveló el nombre de las empresas consultadas para la redacción de un pliego de condiciones que infringía la Ley de Contratos del Sector Público y ha obligado al Tripartito a reiniciar el expediente.

Como conclusión a todo lo expuesto anteriormente coincido con las declaraciones realizadas por la consejera popular exigiendo al gobierno que preside Antonio Morales “más rigor, diligencia y seriedad en la tramitación de los expedientes administrativos para que estos graves errores no retrasen los proyectos ni supongan una importante pérdida de fondos”.