RESUMEN PENA DE MUERTE

El autor del libro Criminología, pena de muerte y su abolición en México ¿tuvieron una defensa adecuada? Nos dice que “es imposible para un jurista en su papel de investigador y docente, escapar al reto que nos ofrece el análisis del acontecimiento desde su génesis, su desarrollo jurídico procesal y su desenlace” pues aglutina las milenarias posturas de los dos grandes bandos en que agrupan los que con decisión abogan por su reimplantación, versus los que, como no menos energía propugnan por su abolición definitiva”.

Relata el autor que en particular el caso de Francisco Ruíz Corrales (mismo que veremos más adelante) se anidó desde su infancia por tratarse de su barrio familiar la 5 de mayo, donde se suscitaron los hechos lamentables, siendo un niño y alumno de 6° de primaria en aquel entonces y como alumno y adolescente de 2° de secundaria cuando ocurrió el fusilamiento.

Cuatro años después del fusilamiento (1961) ingreso a la escuela de derecho, siendo discípulo del Juez de 1ª instancia que aplicó la pena capital y de tres de los cinco magistrados del H. Supremo Tribunal de Justicia que confirmaron la sentencia.

Señala también que no pretende prejuiciar al lector sobre la explicación y la verdad material y la formal de los hechos sometidos a las dos instancias judiciales del fuero común y a la Primera Sala de corte en el amparo resuelto, sobre la natural y genérica pregunta ¿Es justa la pena de muerte? Aunada a está surge otra serie de preguntas, ¿Se realizó una minuciosa investigación policíaca y ministerial de las circunstancias de ejecución y modalidades y calificativas del homicidio? ¿Se llevó al cabo un cuidadoso análisis de la consignación ministerial, para dictar el auto de formal prisión? ¿Se tramitó el proceso penal respetando todas y cada una de las garantías constitucionales y procesales, en términos de los derechos “a una defensa adecuada” y a que se le administrase justicia? ¿Se ofrecieron y desahogaron todas las pruebas y alegaciones atinentes, particularmente en lo que respecta a la salud psiquiátrica del procesado y a la calificativa de premeditación? ¿Qué tanto incidió la presión de la indignada opinión pública y la publicada y la influencia del Gobernador del Estado?

Veamos los dos últimos casos a los que se les sentenció a la pena de muerte en el estado de Sonora.

EL CASO ZAMARRIPA, 1951.

José Rosario SanJuan Zammaripa, declarado culpable del delito de violación, perpetrado en agravio de la menor Ernestina Leyva Cajeme.

Como autor de los delitos de violación y homicidio calificado con alevosía, motivos depravados y brutal ferocidad, tuvo en cuenta las siguientes constancias: en primer lugar la declaración confesoría del imputado en el sentido, que el día cinco del mes de junio del año próximo pasado, estuvo tomando desde un día antes y como estaba muy tomad no recuerda en que forma cometió el delito en contra de la menor Ernestina Leyva Cajeme de tan solo cuatro años de edad.

En estas condiciones debe concluirse que la pena de muerte impuesta por uno y por otro de los grados de la instancia al quejoso, por estar matizando el delito de homicidio con la calificante de alevosía por motivos depravados y brutal ferocidad, a que se refieren los artículos 255  y 257 del Código Penal del Estado de Sonora.

El código penal de Sonora indicaba que “pasando cinco años de la sentencia, si está no se había consumado, ya no se realizaría”, y para evitar la conmutación de esa pena capital, es que el gobernador Álvaro Obregón decide fusilar juntos a José Rosario DonJuan Zamarripa y a Francisco Ruíz Corrales en el año de 1957.