IFAM

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I

Las sociedades democráticas modernas consisten en reducir e intentar eliminar las desigualdades sociales y mejorar las condiciones de vida de todas ellas.

Las administraciones públicas deben garantizar el acceso equitativo, justo y solidario a los recursos de los sistemas de salud, educación de pensiones y servicios sociales (atención a la dependencia)

La declaración Universal de Derechos Humanos 10/12 de 1984, La convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad 13/12 de 2006, La carta social Europea 18/10 de 1961, La carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 7/12 de 2000 garantizan los derechos de las personas para un logro de igualdad y mejora de condiciones de vida.

II

En el artículo31.1.20ª Castilla la Mancha ha podido dotarse de competencias exclusivas en asistencia social y servicios sociales como: Ley 13/1982 Integración social de los Minusválidos, Ley 51/2003 Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal con personas con discapacidad, Ley 53/2003 Empleo público para personas con discapacidad, Ley 40/2003 Protección para familias numerosas, Normativa derechos y libertades para extranjeros en España, Legislación igualdad entre mujeres y hombres, Ley 39/2006 personas en situación de dependencia.

III

Castilla la ancha fue una de las primeras regiones que aprobó una ley de servicios sociales. La ley 31/1986, 16 abril, estructura los servicios sociales de la región, desarrollando un cuerpo normativo de servicios y ayudas.

Como referente en Castilla la Mancha están las leyes 31/1994, 3 noviembre (protección de usuarios de entidades, centros y servicios sociales), Ley 1/1194, 24 mayo, (accesibilidad de barreras), 5/1995, 23 marzo (Solidaridad) ó 3/1999, 31 marzo (del menor).

IV

La ley 14/2010, de 16 de diciembre:

-Concibe los servicios sociales como un derecho de ciudadanía, establece nuevos criterios de eficiencia y eficacia y orienta la planificación, la gestión y la prestación de los servicios sociales de las necesidades de las personas.

-En esta Ley la persona es sujeto y centro de la atención, la autonomía personal y la integridad social constituyen la finalidad del sistema.

-La ley es avalada por las propias administraciones públicas, es de carácter público. Incorpora a todos los recursos de titularidad privada un vínculo de colaboración  o concertación con la administración.