ESTUDIOS DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

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Lo anterior se puede corroborar en dos sentidos:

El hecho de imponer un coto al espacio geográfico donde se podían instalar las plantas (50 kilómetros de la línea fronteriza) revela el intento gubernamental de limitar lo más posible cualquier influencia que pudiese tener esa industria en el país, fuera por razones de control aduana! o simplemente por temor a las consecuencias económicas y políticas de una mayor integración.

El empleo es bienvenido, pero no queremos saber nada más de ello. ii) A diferencia de países como Corea, Hong Kong y Taiwán (con sistemas políticos y prácticas económicas muy diferentes), México optó por impedir -en lugar de promover cualquier vínculo de la industria maquiladora con la planta productiva.

Mientras que en los citados países desde los sesenta las maquiladoras se convirtieron con rapidez en un trampolín para exportar de modo indirecto miles de millones de dólares en productos de la industria nacional, en México todavía hoy no consumen más de un promedio de 3% del total de insumas de fabricación nacional, sin incluir, por ejemplo, mano de obra y servicios, como energía y drenaje.

En suma, la historia de la integración económica de las últimas décadas demuestra algo muy simple: es cierto que se lograron algunos beneficios (empleos, entrenamiento y divisas), pero éstos fueron mucho menores de lo que hubieran sido si a las maquiladoras se les hubiese concebido como una oportunidad de incorporar gradualmente -sin grandes costos y sí con beneficios considerables- a la economía mexicana a los mercados de exportación, y no como un fin en sí mismo, orientado a un máximo control y aislamiento. La gran interrogante es cómo aprender de esa experiencia para convertir en realidad la oportunidad que ofrece el TLC. La experiencia de los últimos años señala que ha habido cierto aprendizaje y que existe -al menos en algunos lugares- una clara conciencia de la importancia y la necesidad de ir más allá de las reglas del juego que establece el Tratado.

En Nuevo León, por ejemplo, más de 30% de los insumos que consumen las maquiladoras -sin contar mano de obra y servicios- provienen de empresas mexicanas. Ello es un claro ejemplo de cómo el gobierno estatal y las empresas se han dedicado a colaborar para lograr objetivos social y económicamente benéficos para el país. Todo eso sin grandes sistemas de planificación.

Desde el punto de vista del desarrollo de México, lo que urge no es tanto comercio como inversión. Las carencias de México son tan obvias y grandes, que no es preciso abundar en ellas: necesitamos casi todo en materia de infraestructura social, humana y educativa, así como sumas cuantiosas de inversión productiva para generar empleos, elevar la productividad e incrementar los niveles de ingresos de la población. Nadie puede dudar de la necesidad de tener inversión productiva en enormes cantidades.

El TLC se concibió como vehículo para hacer asequible esa inversión que, además de las consideraciones anteriores, es indispensable para financiar el déficit en cuenta corriente que con seguridad acompañará al crecimiento económico por mucho tiempo. Un acuerdo exclusivamente comercial no sólo habría sido artificial (¿cómo separar al financiamiento bancario de la competitividad de un exportador?)

Sino inviable en el corto y mediano plazos. En la medida en que el crecimiento genere los recursos necesarios para financiar cada vez mayores inversiones, el comercio se convertirá en uno de los pilares del desarrollo, pero no antes. El Tratado debe facilitar el flujo de inversiones y con ello propiciar un aumento del comercio. Si se logran ambos objetivos, será posible alcanzar una tasa de crecimiento elevado y sostenible que permita incidir notablemente en los problemas ancestrales y fundamentales de México:

La pobreza, los niveles de ingresos y así sucesivamente. El TLC no va a lograr todo eso; no es ése su cometido. El desarrollo es la responsabilidad del gobierno y de la sociedad; el Tratado debe permitir el crecimiento acelerado que haga posible lo demás.

Con el TLC se pretende lograr tres condiciones indispensables para materializar los ingentes niveles de inversión que el país requiere:

• Evitar que los conflictos comerciales que se estaban presentando paralizaran la economía. Si bien la integración -en muchos casos desordenados, conflictivos y a menudo con efectos dañinos y aberrantes- lograda hasta ahora podría, al menos en teoría, seguir adelante, el hecho es que el creciente intercambio comercial generaba interminables y cada vez más graves conflictos entre las dos naciones. En otras palabras, cada exportador mexicano exitoso que logró tener un efecto significativo en el mercado estadounidense se empezó a enfrentar con demandas por dumping u otras razones que le impidieron continuar.

No era posible seguir una política de apertura y al mismo tiempo no tener acceso garantizado al principal mercado de exportación. Lo anterior no impide ni sustituye la necesidad de diversificar el comercio, pero lo tangible es que el realizado con Estados Unidos va a seguir siendo el dominante, al margen de que en el futuro tal vez disminuya su participación relativa.

El Tratado logró un mecanismo de resolución de disputas que al entrar en vigencia pondrá a México a la par de los estadounidenses, a quienes les limitará la capacidad de cerrar el acceso a productos mexicanos. En ese sentido, si bien el TLC era prescindible, era indispensable impedir que el grado de conflicto llegara en un futuro nada distante a un nivel incontenible.

• Crear un clima propicio, predecible y confiable para el inversionista. Lo más interesante de este objetivo es que quienes más demandas cualitativas presentaron en este rubro no fueron los empresarios extranjeros, sino los mexicanos. En más de cien estudios que preparó el sector privado para definir su postura frente al TLC, el común denominador no fueron peticiones a las partes estadounidense o canadiense, sino las peticiones de los empresarios mexicanos de que su gobierno realizara cambios internos, modificara regulaciones, modernizara la legislaciones, etc.

No cabe la menor duda de que al empresario siempre le parecerán onerosas las regulaciones gubernamentales, pero debemos recordar que las que existían -y en muchos casos subsisten- no se formularon con un espíritu altruista para proteger el ambiente, a los consumidores o al patrimonio nacional, sino a intereses políticos y económicos muy específicos que acabaron por estrangular a la economía del país hasta llevarla a la depresión de los ochenta.

Hoy