ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO EN MEXICO

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Hacia 1835 los centralistas se impusieron, eliminaron la anterior constitución y crearon una nueva conocida como las Siete Leyes, en la cual el país fue dividido en departamentos en vez de estados y se estableció el “Supremo Poder Conservador” que podía anular una ley o un decreto y declarar la incapacidad física o moral del presidente del congreso.

Cabe mencionar que el municipio mexicano en los primeros tiempos del México independiente sufría variantes, ya que en apenas 13 años después, con la Constitución Centralista de 1836, se suprimieron los ayuntamientos, y los pueblos fueron administrados por jueces de paz, prefectos y subprefectos.

La Constitución de 1936, en la Sección Sexta sobre la División del Territorio de la República y Gobierno Interino de sus Pueblos, en su artículo primero, cita: “La República se dividirá en Departamentos, con forme a la Octava de las bases orgánicas. Los Departamentos se dividirán en Distritos y estos en partidos”[6].

Con la victoria de los conservadores, la organización política del México independiente, cobra un giro totalmente contrario, llevándolo por un rumbo distinto en su forma de gobierno, las leyes de 1836 consagraron constitucionalmente a los ayuntamientos, disponiendo que fueran popularmente electos y los hubiera en todas las capitales de los departamentos. Puertos con más de 4,000 habitantes y pueblos con más de 8,000.

En este régimen centralista se incorporó el Distrito Federal al Departamento de México. Por Decreto del 22 de agosto de 1846 se restableció el Distrito Federal y sus ayuntamientos, funcionando hasta el 21 de septiembre de 1853, en que Santa Ana dispuso que el Distrito Federal se convirtiera en Distrito de México.

Los problemas políticos no cesaban, las disputas entre los federales y centralistas se volvían más intensas y estallaban en rebeliones y golpes de Estado; por si fuera poco, Estados Unidos en su ambición expansionista comenzó a mirar hacia su vecino del sur y entre fuertes tensiones diplomáticas a las que México no cedía, después de un enfrentamiento al norte del río Bravo, en un lugar llamado Rancho de Carricitos el 25 de abril de 1846, este sirve de pretexto para Estados Unidos y declarara la guerra a México el 13 de Mayo de 1846 y a su vez México el 23 de Mayo del mismo año, por lo que el presidente en ese momento Mariano Paredes Arrillaga (presidente tras el golpe de Estado de 1845 al derrocar al presidente interino José Joaquín de Herrera) sale a combatir a las tropas estadounidenses y deja en la presidencia a Nicolás Bravo el 28 de julio de 1846. El 4 de agosto Bravo es destituido por un grupo de federalistas encabezados por José Mariano Salas quien asume la presidencia el 6 de agosto.

Salas fue el último presidente de la República Centralista y el primero de la Segunda República Federal, debido a que el 22 de agosto de 1846, restituye la Constitución de 1824. Continuo en el cargo hasta el 23 de diciembre del mismo año, cuando después de convocar a elecciones entregó el cargo al vicepresidente electo Valentín Gómez Farías.

En la Constitución de 1857, se precisó la organización del país en forma de república, democrática, federal y popular. Sin embargo, en este ordenamiento constitucional solo se ocupa un poco de algunas disposiciones de los municipios. Así tenemos que en el artículo 31 fracción II establece la obligación del mexicano a contribuir a los gastos del municipio; cuando en el artículo 36 fracción I considera como una obligación de los mexicanos la de inscribirse en el padrón de la municipalidad, y cuando el artículo 72 fracción IV aludía a la elección popular de las autoridades públicas municipales y judiciales; de tal manera que los Estados de la Federación, normaban y reglamentaban sus respectivos regímenes municipales.

En 1856 Ignacio Comonfort dicta las Leyes de Desamortización, lo cual produce efectos desastrosos e irreparables para el municipio en sus ingresos y, por otro lado, el sistema de prefectura política desplaza al municipio. Con estas dos medias se fortalece la postura centralista del Estado y se limita a toda posibilidad de desarrollo de los municipios. Refiriéndose a esas leyes. Macedo refiere; “afectaron profunda, mente a los municipios obligándolos a enajenar sus bienes raíces que no estaban directamente al servicio público, lo cual lo privo de la mayor parte de sus terrenos, de algunos de sus edificios y aun de la parte de los palacios municipales o casas de cabildos que tenían arrendadas y aun vías públicas; las plazas, sobre todo fueron objeto de denuncias y adjudicaciones, con la que el espíritu de la reforma exagero y extremo más allá de lo debido. A lado de la necesidad legal, exagerada como acabamos de decir, se desarrolló el espíritu de la enajenación y los municipios perdieron numerosos y extensos terrenos que eran necesarios para el ensanche de las poblaciones y que más tarde se han visto obligados a readquirir a precios superiores de los que ellos recibieron, como ha tenido que hacer innumerables veces la Ciudad de México para alinear y regularizar sus calles, construir sus colectores de desagüe y ejecutar otras obras”[7]; así pues, se refería Macedo en relación a esas Leyes.

Esta época fue una de las más difíciles, y no solo para el municipio, el país se sumergía una vez más en una profunda crisis que parecía abismal, pues fue nuevamente invadido, pero esta vez por Francia, que trajo como consecuencia el establecimiento del segundo Imperio en México. Tuvo lugar después de que el gobierno mexicano, encabezado por Benito Juárez, anunciara la suspensión de los pagos de la deuda externa en 1861 a los países de España, Reino Unido y Francia. Como respuesta a esto, formaron una alianza tripartita en octubre de 1861, para exigir al gobierno mexicano el pago por la deuda y enviaron una expedición armada que desembarco en el puerto de Veracruz en enero de 1862 y que el entonces canciller de relaciones exteriores, Manuel Doblado, logro persuadirlos de que la cancelación de pagos era simplemente algo transitorio, entonces España y Gran Bretaña se retiraron pero las tropas francesas se negaron a retirarse, pues Napoleón III tenía intenciones de establecer un Imperio colonial en América e instaurar una monarquía en México desde la que planeaba apoyar a los confederados en la Guerra Civil Estadounidense y disminuir drásticamente el poder de Estados Unidos en la región, por lo que la exigencia del pago de la deuda a México más bien no fue sino un pretexto por parte del gobierno francés.

Maximiliano a través de su Estatuto Provisional, designaba la soberanía en la persona del Emperador. La división política nuevamente se transformaba y el territorio