Del desastre a la reconstrucción republicana, 1848-1876

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convocar a un congreso que debería tener carácter constituyente. Los conservadores habían contado con un programa y unos líderes propios. Programa y líder lo tuvieron en la persona de don Lucas Alamán, fundador del Partido Conservador, quien dotó a los conservadores de toda una serie de planteamientos ideológicos que los situaban en una línea de pensamiento cercano al conservadurismo europeo; es decir, que no puede considerarse el pensamiento de Alamán meramente reaccionario. Fue una pérdida inmensa para los conservadores el que Alamán falleciese el 2 de junio de 1853, casi al dar inicio la última administración satanista.

Desaparecida la cabeza de los conservadores, Santa Anna careció del freno que le imponía Alamán. Otros conservadores también fallecieron, como José María Tornel, o se alejaron del dictador, como Antonio de Haro y Tamariz. Sin embargo, a la caída del mismo, gran parte de su descrédito cayó sobre dicho partido político. Los liberales tenían un programa propositivo de gobierno, que ciertamente se radicalizó durante la guerra de reforma, aunque a fines de 1855 el programa ya existía. Éste se centraba en lograr la separación de la Iglesia y del Estado, la abolición de los fueros militares, que éstos acataran el poder civil y lograr una desamortización de los bienes pertenecientes a las comunidades religiosas, que después fue extendida a las comunidades indígenas. Los conservadores, en cambio, carecieron de programa propositivo durante gran parte de este período y se centraron en una actitud “anti” todas las medidas de los liberales. Por otra parte, dentro del Partido Conservador fue ganando mayor significación el elemento militar sobre el eclesiástico y los conservadores civiles.

Es importante recordar que dichos militares provenían de un ejército pretoriano, de héroes de golpes de Estado y pronunciamientos, y que habían sido incapaces de defender decorosamente el territorio nacional durante la pasada invasión norteamericana. El hecho de que dicho ejército no estuviese dispuesto a transformarse en una fuerza armada, que acatase el poder civil constituido y abandonara sus hábitos inveterados, propició que los ánimos se tornasen irreconciliables.

Durante la corta administración de Álvarez se expidió un decreto firmado por Juárez, el cual suprimía los tribunales eclesiásticos y militares para delitos comunes. Fue la señal de alarma para los que se veían afectados; el arzobispo de México, Lázaro de la Garza y Ballesteros, y el obispo de Michoacán, Clemente de Jesús Munguía, protestaron por esta ley.

Juan Álvarez abandonó la presidencia del país debido a sus achaques, a su avanzada edad, a su poco gusto por las tareas de una administración que se preveía harto difícil y, aunado a lo anterior, a la atmósfera elitista de la ciudad de México. El gobierno provisional recayó en la figura del conciliador Comonfort, quien convocó a un congreso constituyente para dotar de una carta magna a la nación.

El Congreso inició sus sesiones el 18 de febrero de 1856 y las concluyó el 5 de febrero de 1857. Fueron pocos los conservadores que formaron parte del mismo, aunque también es necesario especificar que los liberales moderados lograron imponer una tendencia centrista, reflejada en la Constitución promulgada el 11 de marzo.

En el Congreso no faltaron voces que denunciaban los angustiosos problemas sociales, tales como la miserable situación de los peones. Es de destacar la presencia de estos luchadores sociales, representados por Ponciano Arriaga, José María del Castillo Velasco e Isidoro Olvera, aunque, es cierto, fueron voces aisladas.

El resultado de la Constitución establecía una República semiparlamentaria, con presidente electo por voto directo, división de poderes, supresión del Senado. Esto perfiló una República unicameral, opuesta a la existencia de una segunda cámara, que era considerada un lastre conservador para muchos de los constituyentes.

No se logró la separación de la Iglesia y del Estado, ni la libertad de cultos. Pero, eso sí, desde el 25 de junio de 1856 se promulgó una Ley de desamortización de bienes de la Iglesia llamada Ley Lerdo