La Nacionalización del Petróleo en Venezuela.

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Venezuela dejó de recibir varios miles de dólares por la venta de un recurso esencial y no renovable, mientras que subían los precios de todos los bienes que se importaban. En esas circunstancias, el gobierno de turno, Acción Democrática, aplicó una política nacionalista de defensa del petróleo, orientada a lograr la máxima participación fiscal y la incorporación del país al manejo de su riqueza básica, cuyos objetivos principales eran en primer lugar defender los recursos petroleros y en segundo lugar obtener el dominio nacional sobre la explotación de los hidrocarburos. En este sentido la política petrolera nacional se mantuvo vigente durante 15 años y la nacionalización del petróleo, a la cual está abocada Venezuela en la actualidad, después de haber ensayado caminos parciales de mayor control sobre la industria como la creación de una empresa petrolera del Estado y la celebración de contratos que garantizaban la participación en las decisiones, Venezuela se dispone a la nacionalización total de la industria petrolera, respetando los derechos legítimamente adquiridos por los concesionarios y previo el pago de la justa indemnización a que se llegue por acuerdo o que fijen las autoridades judiciales del país, aplicando las leyes nacionales vigentes.

La nacionalización del petróleo, así como asumir el control de las operaciones de la industria básica de la economía venezolana, marca la culminación de una etapa en el desarrollo histórico de Venezuela, en consecuencia se prepara para asumir el manejo del factor fundamental de su economía, sin desconocer los derechos que puedan amparar a los titulares de concesiones, apoyándose en la coyuntura internacional, que ha sido impulso para otros países petroleros explotando sus riquezas petroleras. Así como Argelia, Irak, Libia, Irán, Kuwait, Arabia Saudita, Indonesia, asumieron el dominio de sus operaciones petroleras, Venezuela, también con su modalidad específica, se dispuso a hacerse cargo de la industria petrolera.

Desde 1970 se generaron cambios profundos en las relaciones de los Estados con las compañías concesionarias, las cotizaciones en el mercado mundial del petróleo mostraron fortalecimiento y se produjeron aumentos considerables en varios productos. El Congreso de Venezuela, en ese mismo año, además de aumentar las tarifas a las empresas petroleras para corregir exagerados niveles de beneficio que en algunos casos alegaban una rentabilidad superior al 40 % sobre el capital invertido, autorizó al Poder Ejecutivo a fijar en puerto venezolano los precios de exportación del petróleo. Esa fue una reforma que revolucionó al país.

De esta manera Venezuela se convierte en el primer país exportador de productos primarios con la facultad de fijar los precios de sus exportaciones, cosa que ninguna otra nación del mundo subdesarrollado había asumido. Luego de esto, se produjo el llamado acuerdo de Teherán, en el cual cerca de veinte compañías petroleras, incluyendo los siete grandes grupos internacionales, aceptaron incrementar las tasas impositivas y aumentar los precios del Golfo Pérsico en poco más de 40 centavos de dólar, continuaron los acuerdos de Trípoli y Nigeria y posteriormente los acuerdos de Ginebra que buscaron fórmulas para compensar a los países exportadores de la devaluación del dólar. En marzo de 1972 surge otro acuerdo por el cual las compañías admitían la adquisición progresiva de la propiedad de las empresas hasta llegar a un 51 % .

A los pocos meses de firmado el convenio sobre participación, Argelia había tomado el 51 % de la propiedad de las empresas concesionarias, medida aceptada por el gobierno Francés, por otra parte en diciembre del mismo año Libia comenzó su escalada de nacionalizaciones, en junio de 1972 se produjo la nacionalización de la Irak Petroleum Company y más tarde fueron otros acuerdos como los de Irán y Kuwait, el último en el desarrollo de los acontecimientos ha sido la adquisición por Arabia Saudita del 60 % de las propiedades de la Arabian American Oil Company. El Congreso de Venezuela y una Comisión Especial designada por la Presidencia de la República analizaron lo que se llamó el «modelo» venezolano de nacionalización, lo que determinó la decisión sobre la nacionalización, no hubo atropello de derechos legítimos y se respetaron las normas de derecho aplicables al caso.

El 1º de Enero de 1.976 que entró en vigencia la Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera, desde ese momento las propiedades, plantas y equipos de las compañías concesionarios extranjeras, así como los modestos activos de las concesionarios venezolanas, pasaron a ser pertenencia del Estado, y es la República de Venezuela la que mediante un grupo de empresas de su propiedad, planifica, resuelve, financia, ejecuta y controla todas y cada una de las actividades propias de la industria petrolera, situación que debió estar acompañada con la optimización del beneficio nacional, así como de cambios políticos, económicos y sociales del país. Sin embargo la realidad es otra, a pesar de la inyección de 274 mil 200 millones US dólares que Petróleos de Venezuela ha proporcionado a la economía del país en los últimos 21 años (1976-1996, ambos incluidos), de los cuales 175 mil 600 millones US dólares fueron asumidos por el fisco nacional como impuestos petroleros; es decir el 60% de los ingresos por ventas de la industria. Desde este punto de vista el petróleo explotado por el Estado venezolano, es representativo para lograr importantes avances en el desarrollo integral de Venezuela, para obtener transformación en:

- Modernización política e institucional

- Crecimiento económico diversificado, pero selectivo

- Mejoramiento social con elevación de la calidad de vida.

- Esplendor moral

- Vigencia plena del Estado de derecho, y

- Preservación del medio ambiente.

En el año 2.001, el Ejecutivo Nacional emitió el Decreto con Fuerza de la Ley Orgánica de Hidrocarburos:, según el cual:

• El Estado se reserva las actividades de exploración en la búsqueda de yacimientos de hidrocarburos, la extracción de éstos, su recolección, transporte y almacenamiento inicial, las refinerías de su propiedad o de sus empresas, así como las ampliaciones y mejoras de las mismas.

• El Estado podrá realizar esas actividades reservadas en forma directa, o por medio de empresas de su exclusiva propiedad, o a través de empresas mixtas en las cuales posea una participación del capital social superior al 50%.

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