La minería durante la guerra de independencia.

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el beneficio insurgente. La guerra permitió a los insurgentes una entrada cuantiosa de ingresos al igual que los agentes del gobierno virreinal cobraban impuestos por la extracción del pulque.

1812 fue el año de menor amonedación registrada y prueba palpable de los trastornos que la guerra había traído agravando la escasez crónica de numerario y minando la economía interna dificultando las transacciones comerciales. El ejército virreinal tuvo la tarea de salvaguardar los enormes convoyes que transportaban el numerario junto con las mercancías y artículos indispensables para la producción minera en particular.

El panorama comenzó a cambiar con la derrota y fusilamiento de Morelos. Para principios de 1816 no había ningún dirigente entre los sobrevivientes que lograra agrupar y reorganizar las diezmadas fuerzas que restaban de la revolución y empezaron a prevalecer grupos y bandas carentes de organización. La guerra había en parte destruido la economía novohispana y en el ánimo de muchos de los sectores más influyentes de la población cundía el desaliento y pesimismo sobre el futuro trayendo la salida de importantes volúmenes de moneda.

Los esfuerzos por rehabilitar la minería continuaron y había que evaluar el estado de los yacimientos y las pérdidas ocurridas durante la guerra. En 1820 se efectuaron nuevos intentos por sacar adelante la minería, se invitó al consulado de México a patrocinar la empresa y se presentó un proyecto que no se llevó a la práctica. Las autoridades también realizaron esfuerzos.

La grave situación por la que atravesaba la minería y que heredó el nuevo régimen independiente se debió a que en este sector ocurrieron los cambios más drásticos como resultado de la guerra por el desplazamiento de los inversionistas. La inundación y el azolvamiento eran los problemas más frecuentes en las minas, era necesario limpiar las minas, invertir en maquinaria y poco podía hacerse.

La preocupación por resolver la crisis de la minería se puso de manifiesto nuevamente en 1821 por el régimen español; se formó una comisión integrada por diputados, Lucas Alamán entre ellos, buscando soluciones. Para la comisión de las Cortes sólo se podían brindar estímulos y apoyos consistentes en la reducción o suspensión de cargas fiscales, suministrar azogue, pólvora y maquinaria sin trabas fiscales.

Se formó una comisión para estudiar la situación de la minería con mineros destacados como José María Foagoaga, intentando resolver los trastornos que ocasionaba al gobierno la falta de impuestos por la reducción de la producción, impedir la evasión fiscal y ayudar a que los mineros volvieran a obtener ganancias.

Para ambas comisiones la minería había sido y debería seguir siendo un sector clave en la economía y de su recuperación dependía la suerte del resto de las actividades económicas. Ambas comisiones coincidían en cuanto a la magnitud de los daños que impedían reanudar la extracción. Era necesario emplear un mayor número de trabajadores y los costos de producción se elevaban.

Muchas minas fueron ocupadas por pequeños mineros sin autorización expresa y aumentó la preocupación de los mineros reconocidos por el antiguo régimen, trayendo cada vez mayor inquietud entre los grandes mineros preocupados por la práctica que iba ganando adeptos incluso en el congreso y en medios interesados.

Con las modificaciones realizadas por el congreso se permitió posteriormente la entrada de inversiones extranjeras, en particular de Inglaterra, con el objetivo de reactivar el sector