LA ECONOMÍA MEXICANA DESPUÉS DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA.

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Ahora bien, profundizando acerca de la primera República Federal, México adoptó el sistema de gobierno federal en 1824 debido a las necesidades del territorio, de una nueva democratización y del reconocimiento de extraer excedentes de la población. El nuevo sistema federal adoptado buscaba, además de evitar la concentración económica en la capital nacional, permitir a los estados atender a sus necesidades con prontitud de acuerdo con sus propios intereses, con ellos decía que la población de los estados viéndose beneficiados estarían dispuestos a contribuir más con sus estados y con la federación.

Este sistema federal se compuso por dos instancias: las autoridades federales optaron por un sistema de oficinas hacendarias caracterizado por ser centralista (semejante al adoptado por Estados Unidos).

A nivel ejecutivo las reformas que se aplicaron iban dirigidas a ahorrar recursos, siguiendo esto, se unificaron las oficinas contables de los impuestos sobre ventas, pulques y aduanas, se restringieron las contrataciones y las que se hacían eran temporales. Por lo tanto, la hacienda del Primer Imperio no tuvo grandes alteraciones administrativas. En 1823, el nuevo ministro Francisco de Arrillaga no creía en la necesidad de un nuevo sistema de hacienda, sino que recomendó que no se impusieran nuevas contribuciones ya que eso significaba un nuevo plan de hacienda.

En primer lugar, la comisión señalaba que los derechos de importación y exportación serían ingresos federales, además de los ingresos provenientes de los impuestos al tabaco. A los estados le corresponderían los ingresos por concepto de alcabalas interiores, los derechos de oro y plata, mesadas, pulques, gallos, etc. Después de repartir los recursos la comisión realizó un ejercicio en el que se mostraba que con la repartición se generaba un déficit para el Estado mexicano, por lo que, la comisión hizo dos recomendaciones al Congreso General. La primera fue la creación de un impuesto de internación, el cual consistía en el cobro en los puertos al ingreso de todos los efectos extranjeros. La segunda propuesta fue la de asignar a cada una de las entidades federativas un contingente o cuota, repartida de acuerdo a los recursos de cada estado. La repartición de rentas entre la federación y los estados quedo consignada en el decreto del 4 de agosto de 1824.[3]

Otras dos rentas federales fueron las salinas y los bienes nacionales. Respecto a las salinas, la comisión señalaba que todas las fuentes de sal lozalizadas en lagunas y terrenos pertenecían a la federación, y las de las costas se podían arrendar o comisionar mediante una elevada contribución.

La nueva administración hacendaria federal mostraba una centralización propia de un gobierno que no deseaba la excesiva fragmentación fiscal de la república. Su defecto principal estuvo en la aplicación práctica y la indecisión de organizar la tesorería central encargada del funcionamiento de cualquier sistema fiscal federal con oficinas de control central. La dificultad que presentó la nueva organización fue la escasez de personal capacitado para desempeñar las labores administrativas de recaudación y el gasto gubernamental.

Para explicar el proceso de transición por el cual atravesó el gobierno federal para finalmente terminar como un gobierno centralista, es importante mencionar la Guerra de Texas, ya que dicho acontecimiento favoreció al movimiento centralista durante el proceso de cambio de República Federal a República Centralista. Mediante los trabajos iniciados el 4 de enero de 1835 en el Congreso General de México se busca poder convertir la República federal en una centralista, la cual tiene su origen en el modelo establecido en Francia. además de que se busca modificar la constitución de 1824.[4]

El movimiento centralista comienza a darse en varias regiones del país, y finalmente el 9 de septiembre 1835 el Congreso asume realizar el cambio. En octubre se disuelven las legislaturas del estado. Se fomenta y se crean bases para una nueva constitución. Es importante recalcar que el periodo de la república central solo dura de 1836 a 1844.

Durante el periodo centralista se busca hacer una imposición de contribuciones directas. La república también se enfrenta a una severa escasez de recursos fiscales, para el financiamiento de la administración. Comienzan a establecerse impuestos indirectos, además de los políticos deciden reducir la alcabala y deciden abolir el Tributo Indígena. También se eliminan algunos monopolios tales como lo son el mercurio, y pólvora; y los impuestos a la producción minera y de productos agrícolas tales como el algodón, lana, café.

También cabe recalcar que se buscó principalmente durante el periodo centralista el fortalecimiento del poder central; mediante la forma exclusiva del uso de la violencia por parte del mismo. Por lo mismo se procedió a determinar el hecho de desaparecer a los estados y sus legislaturas para crear departamentos y juntas departamentales.

Las reformas centralistas no tuvieron el éxito esperado por lo que se mantuvo la dependencia que se tenía sobre el cobro de las alcabalas y las aduanas marítimas como había ocurrido durante la república federal. Esto debido principalmente a la inestabilidad de la sociedad y los eventos entre los estados, a la guerra y a la falta de información precisa sobre los recursos que querían controlar.

Debido al fracaso de la república central se vuelve a retomar como forma de organización política a el imperialismo, el cual se denominó como el Segundo Imperio y esta vez a cargo de Maximiliano de Habsburgo. A la llegada de Maximiliano y Carlota, la Hacienda pública ya se encontraba en una situación difícil y débil y sabían que tenía que remediar ese problema. A la llegada del nuevo emperador europeo, este mismo ordenó a Joaquín Velázquez de León, su ministro de Estado, formara una comisión para arreglar el problema de la Hacienda pues sabía que era una rama principal y que exige mucho.

La Comisión estuvo conformada por un representante electo por cada una de las clases productivas; agricultores, mineros, comerciantes e industriales. Por cada departamento, además de un grupo de 23 hombres designados por el emperador que buscaban los intereses de la capital del Imperio. Tenían que reformular el plan de Hacienda con el fin de producir lo suficiente para cubrir los gastos públicos, nivelar los recursos del Tesoro con sus cargas sin entorpecer las fuentes de riqueza. En 1865 el plan ya estaba hecho más nunca se vio públicamente pues el Consejo de Estado lo rechazó pues no quería innovarse.

El Imperio de Maximiliano, subsistía con los impuestos que se cobraban desde