FENÓMENO DE LAS BANDAS CRIMINALES

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“El mayor problema con las Bandas Criminales están en las áreas rurales y no en las urbanas como todo el mundo cree. Todos estos reinsertados que volvieron a la delincuencia y que se llaman hoy Bacrim, se están tomando el sur del Magdalena, el sur de Bolívar, Atlántico, Córdoba, Sucre, Arauca, Casanare, Cauca, Valle, Nariño, el sur del Huila y Putumayo”[2].

en la región de Montelíbano y Puerto Libertador, en Córdoba, o en los municipios de Nechí, El Bagre y Caucasia, en Antioquia, predomina una disputa a muerte entre varias bandas que se hacen llamar Los Paisas, Los Urabeños y los antiguos integrantes de la ‘Oficina de Envigado’. Lo mismo sucede en los departamentos del Valle, Cauca y Nariño, con reductos de lo que otrora fueron Los Rastrojos y Los Machos, grupos de sicarios al servicio del narcotráfico.

el tema de las ‘Bacrim’ viene de tiempo atrás, pero realmente se ha vuelto crítico en los últimos meses. La guerra es por el control del narcotráfico hacia las costas.

Con todo, cualquiera sea su futuro y ciertamente persisten en el tiempo, es preciso cuestionar algunas de las premisas centrales del Gobierno. Si estamos ante simples y llanos grupos de narcotraficantes, no son claras las razones por las que, pese a que se han dado órdenes explícitas para que se les enfrente, parecería que se multiplican y proliferan a lo largo y ancho del territorio, hoy en mucho mayor control de la Fuerza Pública que antaño. Como tampoco es lógico que el 40% de los grupos, se concentre en la Costa Atlántica, donde no pululan los cultivos ilícitos.

Aunque sea una tragedia, es hora de reconocer que el narcotráfico produce actores políticos. Lo vivimos hace algunos años con el paramilitarismo, del que se pensó no pasaba de constituir un fenómeno marginal, regional y fácilmente desmontable. Para muchos, incluso, un mal necesario. Y no fue sino hasta que tres jefes paramilitares hicieron su entrada al Congreso de la República y anunciaron que buena parte de ese recinto sagrado de la democracia les pertenecía, cuando nos convencimos del poder, ya no sólo económico y militar, sino político, que en efecto detentaban. Pues bien, nada muy diferente debe estar ocurriendo en la actualidad con las tristemente famosas “Bandas Criminales Emergentes” que en más de una zona imponen la ley y hostigan a sindicalistas, concejales, defensores de los Derechos Humanos, etc. Negar que ejerzan un control regional, un control que en muchos parajes sin duda es político, es hacer caso omiso de la realidad para pensar con el deseo y equivocar en la manera de enfrentarlas.

Para concluir podemos decir que hasta hoy, y tras 40 años de conflicto, ni el Estado ni los grupos armados han conseguido sus objetivos. Además, la normalización de las prácticas violentas han llevado a la transformación del sistema económico del país y a la militarización de la sociedad con los grupos paramilitares como nuevos actores. Pese a todo, en la sociedad civil colombiana, la principal víctima de las bandas criminales, están surgiendo iniciativas esperanzadoras que buscan el final de la violencia y que crean una dinámica que podría ser germen de integración social en la que la convivencia se imponga a la confrontación y a la violencia.

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