DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN URUGUAY

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y colectivos sociales, que han luchado por derechos para las víctimas, fueron parte activa en la búsqueda de soluciones a los problemas existentes en este sentido.

La Seguridad Ciudadana, ha estado en la agenda pública, y en las campañas político partidarias, desde la óptica del delito, vale decir, con una mirada sesgada e intencional, de que la seguridad es únicamente, salvaguardar la vida y los bienes.

Ha sido y sigue siendo difícil, que la ciudadanía entienda el concepto de Seguridad Ciudadana en su total dimensión. El gobierno presionado por la ciudadanía en la exigencia de seguridad pública, actúa como bomberos apagando incendios, a modo de servicio de emergencia y pierde tiempo para implementar, el cambio.

Sin las organizaciones sociales que exigen, acompañan y proponen alternativas de cambio es impensable que se pueda contrarrestar el embate de los medios de comunicación, ya que éstos construyen subjetividad colectiva, en el sentido sesgado que se manifestó anteriormente con respecto a la Seguridad Ciudadana.

El cambio paradigmático que conlleva la implementación del nuevo Código de Proceso Penal, requerirá sin duda ajustes y reajustes a las políticas públicas existentes y un mejor aprovechamiento de los recursos a partir del trabajo interinstitucional, cuyo foco esté centrado en la víctima.

Si bien este cambio implicó discusión en varios ámbitos, legislativo, ejecutivo, social, etc, el hecho destacable es que fue una decisión de Estado.

Si tomamos lo señalado por Hugo Cadenas:

“Cuando nos referimos a decisiones estamos señalando comunicaciones que consisten en seleccionar una alternativa sobre un esquema comparativo y seleccionar dicha alternativa como una decisión. Decidir consiste, en este sentido, en probar si la alternativa escogida resiste el riesgo de ser sólo una alternativa.” (2)

La puesta en marcha de este nuevo Código como así también de la política pública referente a las víctimas de delito, es una alternativa al modelo actual y deberá por tanto probar si “resiste el riesgo de ser sólo una alternativa” (3) o se configurará e instituirá como una solución factible.

De todas maneras y a modo de conclusión, es deseable implementar acciones que redunden en la baja de los delitos violentos.

La obviedad de la necesidad de implementar una política pública concreta con respecto a las víctimas de delito es evidente, como así también favorecer a combatir el delito, sobre todo los violentos.

(2) y (3) Cadenas, H. Un modelo de análisis para las políticas públicas. Revista de 3

Una de las diferencias del nuevo Código Procesal Penal, es la investigación llevada adelante por la Fiscalía y no por la Justicia.

El fiscal es quien se encargará de la investigación en tanto el juez de juzgar.

Eso exigirá la creación de fiscalías especializadas y permitirá por ejemplo la georeferencia del delito. También posibilitará, que se investigue delitos vinculados entre sí, que hasta el momento, se investigaba aisladamente.

Pensando en Política Pública

En suma:

Si tomamos lo expresado por Vargas Velázquez, en cuanto al concepto de política pública, ya señalado en párrafos anteriores; podemos pensar con respecto a esta nueva forma de velar por los derechos a las víctimas, en un cambio significativo, que creemos será efectivo, para un problema que se observa desde hace varias décadas, como es el caso de las víctimas de delito violento.

El diseño de esta política en cuanto a la instrumentación y puesta en marcha de este nuevo Código Procesal Penal, intenta, proteger y evitar la revictimización.

Asimismo, compromete a todos los actores sociales y sobre todo al Estado, a retornar de alguna manera seguridad a la víctima.

Para que estas políticas sean efectivas, se deberá monitorear, medir , comparar stándares, buscar medios comunicacionales efectivos en el entendido que la comunicación es una de las acciones más importantes e imprescindibles y permite que exista en el plano de lo real para la ciudadanía.

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BIBLIOGRAFÍA

• Cadenas, H. Un modelo de análisis para las políticas públicas. Revista de Estudios Interdisciplinarios ASOSYLFF, pp. 131-138.

• Carranza, E. (2004). Políticas públicas en materia de seguridad de los habitantes ante el delito en América Latina. Revista Nueva Sociedad 191. Mayo-Junio, pp. 52-64.

• Código Penal. Recuperado en agosto de 2017 de: https://www.impo.com.uy/bases/codigo-penal/9155-1933

• Nuevo Código del Proceso Penal. Recuperado en agosto de 2017 de: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19293-2014

• Código del Proceso Penal. Recuperado en agosto de 2017 de: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp4571350.htm

• Waller,I. (2013) Derecho para las víctimas de delito. Equilibrar la justicia. México.