INFORME DE DESARROLLO HUMANO EL SALVADOR 2001.

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Los desafíos institucionales para lograr un crecimiento económico alto, socialmente justo y sostenible en el tiempo.

Las reformas económicas impulsadas en los años noventa se inspiraron en el llamado “consenso de Washington” y se concentraron en controlar la inflación, liberalizar el comercio y el sistema financiero, y redefinir el papel del Estado en la economía. Para controlar la inflación se fijó el tipo de cambio (proceso que culminó con la Ley de Integración Monetaria que abre paso a la dolarización), se mantuvo una política monetaria estricta (sólo interrumpida durante el primer intento de dolarización, en 1995) y se guardó una relativa disciplina fiscal. En materia comercial y financiera se redujeron y simplificaron los aranceles de importación, se eliminaron los impuestos a la exportación y las barreras no arancelarias al comercio, se acordó la adhesión primero al GATT y luego a la OMC, se eliminaron las restricciones a la inversión extranjera y se ampliaron los incentivos, se negociaron tratados de libre comercio con República Dominicana y México, y se liberalizaron casi todos los precios que se mantenían controlados (incluido el de la tasa de interés). Finalmente, se emprendió un proceso de privatizaciones que incluyó a la banca, el sistema de ahorro para pensiones, las distribuidoras de energía eléctrica, los servicios de telecomunicaciones y otras empresas. Los resultados obtenidos como consecuencia de estas reformas fueron positivos. En la década de los noventa, la economía creció a una tasa promedio anual de 4.5% (2.4% más que el crecimiento poblacional). Como consecuencia de esta recuperación, en 2000, el PIB per cápita sólo era inferior en 1.6% respecto al valor alcanzado en 1978, antes del estallido del conflicto armado. La inflación, por su parte, se redujo de un valor promedio anual de 24.7% en los años ochenta a un promedio de 2.5% en los últimos tres años, situándose en niveles similares a los países de alto desarrollo humano.

Las brecha sociales: una herencia difícil para el nuevo milenio.

La puesta en marcha de una estrategia de desarrollo social, orientada a elevar la inversión en capital humano y combatir la pobreza, fue el complemento de las reformas económicas impulsadas en los años noventa. Dentro de ese marco, cantidades crecientes del presupuesto se comenzaron a destinar al gasto social, el cual aumentó de 24.5%, en 1994, a 36.2%, en 1999. También se creó el Fondo de Inversión Social (FIS) y el programa EDUCO. El primero se constituyó como la entidad responsable de ejecutar un conjunto de programas destinados a realizar pequeñas obras y proveer bienes y servicios en favor de los grupos en extrema pobreza. EDUCO ha permitido la ampliación sustancial de la cobertura educativa en las áreas rurales con un esquema de gestión descentralizada. El FIS se transformó, posteriormente, en Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), convirtiéndose en el ente rector de las políticas gubernamentales para el desarrollo local y en el administrador de una parte del Fondo de Desarrollo Económico y Social para las municipalidades (FODES). El FODES se fortaleció mediante un decreto legislativo que le asigna el 6% de los ingresos corrientes del Estado. En el área de salud complementó estos esfuerzos el Programa de Escuela Saludable. El Programa se dirige a los preescolares y escolares del 1° al 2° ciclo de educación básica de las escuelas rurales y urbano marginales con la finalidad de mejorar su estado de salud y de disminuir sus índices de desnutrición. Recientemente, el Ministerio de Salud Pública también inició los Sistemas Básicos de Salud Integral (SIBASI), que constituyen un modelo de descentralización para brindar servicios integrales de salud del primero y segundo nivel de atención. Adicionalmente se ha mantenido una política social de vivienda. Ésta se basa en programas de subsidio directo que administra FONAVIPO y se orientan a beneficiar la construcción y adquisición de vivienda en el sector informal. Mientras tanto, el Fondo Social para la Vivienda (FSV) administra programas de subsidio cruzado para trabajadores del sector formal.

Participación y desarrollo local: la ruta incluyente del desarrollo humano.

Uno de los principales argumentos a favor del desarrollo local y la descentralización del Estado es la persistencia de grandes desequilibrios territoriales en cuanto a las oportunidades que se ofrecen a las personas o a las privaciones que ellas padecen. Las tremendas disparidades departamentales observadas en los valores del IDH, el IPH-1, el IDG y la pobreza de ingresos constituyen la mejor evidencia al respecto.