La gran Contraloria Social en Venezuela.

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El Papel del Ciudadano frente a las Políticas Públicas.

Las políticas públicas son proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública, con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad (Graglia, 2012).

El concepto de acuerdo a diversos académicos se puede entender como lo siguiente:

- Dye (2008) define a la política pública «es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer».

- Aguilar Villa nueva (1996) en tanto, señala que una política pública es «en suma: a) el diseño de una acción colectiva intencional, b) el curso que efectivamente toma la acción como resultado de las muchas decisiones e interacciones que comporta y, en consecuencia, c) los hechos reales que la acción colectiva produce». (Villa nueva, 1996).

- Oszlak y O´Donnell (1981) entienden que “…las políticas estatales (o públicas) en nuestra definición la concebimos como un conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil”

- Omar Guerrero (1988) Las políticas públicas son una forma de comportamiento gubernamental de antiguos pergaminos.

- Frohock (1979) Una política pública es una práctica social y no un evento singular o aislado, ocasionado por la necesidad de reconciliar demandas conflictivas o, establecer incentivos de acción colectiva entre aquello que comparten metas, pero encuentran irracional cooperar con otros.

- Kraft y Furlong (2006) plantean que una política pública es un curso de acción o de inacción gubernamental, en respuesta a problemas públicos: «Las políticas públicas] reflejan no sólo los valores más importantes de una sociedad, sino que también el conflicto entre valores. Las políticas dejan de manifiesto a cuál de los muchos diferentes valores, se le asigna la más alta prioridad en una determinada decisión» (Kraft y Furlong, 2006).

- Denhi Rosas Zárate (2014) la política pública como aquella lógica racional, cristalizada en una manifestación político-administrativo y social resultado de un intento de definir y estructurar una base para actuar o no actuar por parte del gobierno con otros actores, (empresarios, sociedad civil, asociaciones privadas, mujeres, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, indígenas, migrantes, etc.), que se encuentran interrelacionados en un momento y lugar específico.

Por consiguiente las políticas públicas la ejerce el gobierno cuando detecta un problema para su solución, siempre va orientada al beneficio de la comunidad. Por ello se realiza mediante previo estudio. Se dice que este es el enlace más cercano que tiene el Estado con la sociedad.

Como se ha reseñado, la participación ciudadana permite a los individuos o grupos, poder compartir deberes y derechos, convirtiéndose en corresponsables para garantizar la planificación, ejecución y control de las políticas públicas. En este contexto, vale la pena destacar la importancia que juega el ciudadano frente a las políticas públicas, para ello (Serrano, 1998) nos explica a continuación su relevancia desde la perspectiva de usuario y de la corresponsabilidad. Desde la perspectiva del usuario, el papel del ciudadano no se limita solo a recibir y usar los servicios, sino a controlar la gestión, plantear demandas, señalar estándares de calidad, ayudar a la toma de decisiones y, en general, colaborar en el perfeccionamiento de la gestión pública. Desde la perspectiva de co-partícipe de políticas y programas, el papel del ciudadano es el de agente activo de las políticas sociales, interlocutor del estado y agente del fortalecimiento de la sociedad civil de la cual forma parte.

Es imprescindible considerar la participación como un medio importante para el logro de objetivos comunes y como un aspecto que legaliza el proceso de intervención en el buen sentido de la palabra del ciudadano. Para afianzar el papel del ciudadano, este debe concebir la participación como un proceso que conlleva a la toma de decisiones y al ejercicio de la contraloría social en los asuntos de interés público, es decir, tal como lo señala (Serrano, 1998)

Participación en instancias de toma de decisiones en la formulación de política social, en los diseños de políticas y programas y en la fiscalización o control de los programas por parte de la comunidad…” Desde el punto de vista gerencial se aplica el “empoderamiento” en muchas organizaciones, socialmente la participación es una forma de dar poder a los ciudadanos permitiendo la creación y consolidación de redes sociales y la capacidad de interacción con el estado.

Contraloría Social.

La Contraloría Social, es vista como la nueva forma de relación entre el Estado y los ciudadanos, orientada al rescate del principio de responsabilidad y corresponsabilidad entre la actividad gubernamental y la participación ciudadana, por tanto, toma carácter de derecho y deber dentro del tramado constitucional, en el cual se establece claramente su definición. Desde la perspectiva que marca esta consideración, se puede afirmar que la Contraloría Social es la participación de todos los ciudadanos en las actividades de vigilancia, supervisión y control de los recursos que se aplican para desarrollar los planes, programas y proyectos que las instancias gubernamentales realizan. En este sentido, la Contraloría Social es el derecho de todos los ciudadanos de intervenir en la vigilancia, seguimiento y monitoreo de la gestión pública, con la finalidad de que se verifiquen los principios de transparencia, eficacia, eficiencia, efectividad, honestidad, rendición de cuentas, seriedad, cumplimiento y calidad que deben regir, para evitar la corrupción.

Adicionalmente, la Contraloría Social, busca impedir la utilización de los recursos públicos para fines diferentes a la ejecución de proyectos sociales; es decir, fines privados o intereses particulares de quienes ejercen la función de gobierno, y en ese sentido, representa una innovación frente a los controles clásicos gubernamentales, partiendo del principio de que el estado y sus órganos son necesariamente los responsables ante la sociedad, y que por encima de todo, este mecanismo de participación ciudadana puede y debe constituirse en un auténtico ejercicio de la democracia participativa y protagónica.

Desde la configuración que marcan las afirmaciones anteriores, se deduce que la Contraloría Social