Los Vendedores informales en Colombia

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Teniendo en cuenta tales artículos se puede establecer que para que el gobierno local tome medidas en contra de los vendedores ambulantes y demás trabajadores informales, primero debe cumplir y respetar lo estipulado conforme a los derechos fundamentales de cada persona, es decir, que en lugar de obligar a éstos trabajadores informales a realizar un desplazamiento forzoso del lugar en el que han trabajado y despojarlos de sus pertenencias si se rehúsan a hacerlo, puedan llegar a un acuerdo digno en el que se le establezca una reubicación al vendedor en donde lo que se pretenda sea que tanto Estado como trabajador informal, salgan beneficiados.

Es entonces cuando se puede deducir que realmente, el mayor problema que se presenta con los vendedores informales versus el estado, es la invasión del espacio público en general, teniendo en cuenta que las mejoras en el bien común y la recuperación del espacio público es una de las metas de la actual administración en Bogotá, sin embargo, ésta misión es más complicada de lo que parece debido a que la realización de tales metas no es posible sin que se cause un perjuicio frente a los trabajadores informales, por esta razón primero se debe enfrentar el problema de la normatividad ambigua o poco clara que se tiene frente a estos vendedores informales

Conforme a esto, nos remitimos al artículo 63 de la Constitución Política de Colombia, Reglamentado por la Ley 1675 de 2013, que expresa: “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.” (De los Derechos Fundamentales, 1991)

Al igual manera que el artículo 82 señala que: “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.” (De los Derechos Fundamentales, 1991)

Por lo tanto, en materia del aprovechamiento del espacio público, prima el interés general sobre el particular, correspondiéndole, de esta manera a las autoridades adoptar las medidas necesarias para evitar la ocupación del espacio público, protegerlo y garantizar su preservación, retirando a quienes lo usan indebidamente, como por ejemplo, el caso de los vendedores informales. (Sentencia T 135/10, 2010)

Sin embargo, no se puede pasar por alto de los derechos de los ciudadanos citados anteriormente, quienes se oponen al desalojo de sus lugares de trabajo sin que se les ofrezca una alternativa de reubicación, teniendo en cuenta que tales reubicaciones deben ser en zonas específicas que les beneficien a los trabajadores, debido a que carece de sentido que el estado ubique a los vendedores ambulantes en sitios en los cuales no les sea posible realizar su actividad comercial, siendo éste el problema que ha generado una lucha constante o permanente entre las autoridades y los vendedores informales. Por tal razón es trabajo del estado realizar una serie de estudios de comercio en donde se vea reflejado en qué sectores es más apropiado para estos vendedores realizar el ejercicio de su labor sin que afecte el espacio público y reubicarlos en sectores apropiados en los que su actividad comercial no sufra de afectación alguna.

En orden de lo expuesto con anterioridad, es deber de los ciudadanos evidenciar diversos factores adyacentes al problema del espacio público que afectan la actividad comercial informal como lo son las condiciones de trabajo y riesgos de ocupación de este tipo de trabajadores, puesto que los vendedores ambulantes enfrentan tipos de riesgos particulares a sus medios de subsistencia en el ambiente legal, físico y sociocultural en el que trabajan. El riesgo más insistente y continuo para muchos de los vendedores ambulantes es la posibilidad de que las autoridades del gobierno local los remuevan a la fuerza de las calles o confisquen sus mercancías y la exigencia de sobornos. Este riesgo de desalojo generalmente aumenta en el contexto de realización de elecciones o intentos para embellecer los centros históricos de las ciudades causando como consecuencia que al igual que los operadores de negocios formales, los vendedores ambulantes obtengan menos productividad en ambientes institucionales inestables en los cuales las reglas son irregulares e impredecibles.

Los comerciantes ambulantes además enfrentan más riesgos ocupacionales rutinarios puesto que la mayoría tienen que levantar y transportar cargas pesadas de mercancías desde y hacia el punto de venta todos los días, los ambientes físicos en los que trabajan por lo general carecen de una infraestructura apropiada como agua potable limpia o sanitarios, también están expuestos a daños físicos debido a la provisión inadecuada de equipos contra incendio y la regulación inapropiada del tránsito en áreas comerciales, y todo esto, sin nombrar las altas concentraciones de contaminación atmosférica y a las probabilidades inciertas del clima que deben enfrentar día a día. Estos riesgos físicos afectan particularmente tanto a los trabajadores como a las personas que los acompañen en su labor, como en los casos en los que no les queda otra opción que transportar consigo a sus hijos, quienes usualmente resultan ser niños pequeños

Por otro lado, tenemos la inestabilidad en los ingresos y las ganancias, lo cual se presenta de diferente manera en cada uno de los vendedores ambulantes, pues los vendedores de mercancías perecederas son más vulnerables a pérdidas y los vendedores de mercancías estacionales deben lidiar con fluctuaciones de oferta y demanda a lo largo del tiempo (Sodgrass, 2001), al igual que las vendedoras ambulantes a cargo de dependientes, quienes también resienten la pérdida de ingresos cuando disponen de menos horas para vender debido a sus responsabilidades en el hogar., quienes se encuentran en vulnerabilidad similar a aquellas que deben trabajar jornadas demasiado extensas puesto que experimentan un mayor riesgo a la salud debido a que pasan la mayor parte de su tiempo en la calle con los cambios climáticos inestables y exposición continua a la contaminación.

En términos generales, el estatus legal de los vendedores ambulantes puede servir como un puente entre su condición de empleo y la gama de riesgos de trabajo que enfrenta, por ejemplo, un vendedor con un puesto fijo en un mercado determinado, con mayor probabilidad contará con una licencia o un permiso, y a su vez estará menos expuesto a cierto tipo