PERSPECTIVA DE ESTADO EN LA CONSTITUCION POLITICA DE 1991

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Así mismo, y para una más ágil pero controlada acción sobre el particular, la Carta política faculta al legislador para permitir que las autoridades fijen las tarifas y contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen‚ lo cual es justo y equitativo para poder ampliar los servicios, determina que el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos‚ en el artículo 338[6].

Es menester analizar que las perspectivas que incluye la nueva Constitución Política sobre libertad económica, implican el reconocimiento de la propiedad inclinada hacia una pluralidad de formas y la libre iniciativa empresarial que tiene el límite del derecho de los demás, ademas, siguiendo los objetivos fundamentales de la filosofía liberal, la constitución colombiana se enfoca por un equilibrio racional en la economía.

Por otro lado, el liberalismo económico sostiene que es la economía de mercado la mejor manera de garantizar el crecimiento económico y de mejorar el nivel de vida de la población de una sociedad dada, aludiendo a los estratos sociales, en especial a los más desfavorecidos, y es que no puede restársele importancia al papel del liberalismo económico como ideología al servicio de los más empobrecidos.

Una vez analizado el liberalismo económico en nuestra carta política, no puede olvidarse estudiar los rasgos básicos de su necesaria contrapartida, en referencia a la intervención estatal en la economía.

Frente a esto, resulta absurdo intentar concebir una sociedad libre sin la institución del Estado, pero este aspecto no puede reducirse a la visión unilateral del Estado, o el Estado como instrumento, o como función, o proclamar el fracaso del Estado porque son ineficientes y quiebran algunas empresas estatales. En este sentido hay que distinguir entre el Estado empresario que puede ser ineficiente en algo que no le es consubstancial como producir bienes y servicios y el Estado regulador que corresponde a una responsabilidad irrenunciable[7].

Importante es señalar de acuerdo a lo anterior que uno de los fines esenciales del intervencionismo estatal es el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la población colombiana, corroborándose esta afirmación en su artículo 336 que establece que “el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para el cumplimiento de este objetivo, en los planes y presupuestos de la nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”[8]

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