SEGURIDAD CIUDADANA PNP

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La seguridad ciudadana es solo uno de varios componentes de la seguridad humana, aquel responsable de enfrentar las amenazas violentas y delictivas contra las personas y sus bienes. La seguridad ciudadana tiene dos acepciones.

- La primera la define como la condición de encontrarse la persona libre de violencia o amenaza de violencia, o la sustracción intencional por parte de otros. El concepto de violencia denota el uso o amenaza de uso de la fuerza física o psicológica con el fin de causar daño o doblegar la voluntad. La noción de sustracción nos remite al acto de privar ilegítimamente de su patrimonio a una persona física o jurídica – quitarle algo a una persona lo que conocemos como robo o hurto.

Aunque esta definición parecería un tanto pequeña - limitada, en realidad incluye a todos los delitos contra las personas, como el homicidio, la agresión, la violación, el secuestro y la trata de personas, así como los delitos contra el patrimonio (robo, hurto y estafa).

- La segunda acepción es la acción destinada a proteger a los ciudadanos frente a los hechos de violencia o sustracción o despojo, lo que se persigue con una política pública, entendida como los lineamientos o cursos de acción que definen las autoridades estatales. Esto constituye una obligación del Estado (en nuestro caso del Estado Peruano) derivada de sus compromisos internacionales para garantizar los derechos fundamentales de las personas.

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PRINCIPIOS

Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana guía su organización y funcionamiento por los principios siguientes:

- Legalidad.- Sus actividades se realizarán en el marco de la Constitución Política del Perú, las leyes de la República, con absoluto respeto a los derechos humanos.

- Coordinación e integración.- Para articular y unificar esfuerzos entre los órganos del Sector Público y la comunidad organizada con el propósito de lograr el desarrollo de acciones comunes e integradas.

- Supervisión y control ciudadano.- Para desarrollar mecanismos de control y vigilancia ciudadana respecto del quehacer de los organismos del Sector Público y Gobiernos Locales.

- Transparencia funcional.- Para mantener una total transparencia en las actividades del Sistema, evitando ingerencias político-partidarias o de otra índole.

- Participación Ciudadana.- Con el fin de motivar a la comunidad para que apoye activamente el esfuerzo multisectorial por mejorar la seguridad local.

- Prevención.- El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana debe priorizar y desarrollar las políticas multisectoriales preventivas del delito, planificando sus programas, así como actuando de manera inmediata y permanente.

- Solidaridad.- Las instancias y organismos que componen el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana deben actuar de manera comprometida en función a los fines y objetivos del SINASEC, en plena colaboración y ayuda mutua.

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ENFOQUE INTEGRAL DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA

La perspectiva aquí asumida concibe a la seguridad ciudadana como un fenómeno social complejo, multidimensional y multicausal, en el que intervienen un conjunto de actores públicos y privados, la sociedad civil organizada y ciudadanos. De ahí que, para resolver este problema, se requiere el diseño de una política pública de carácter integral y sistémico con una perspectiva de corto, mediano y largo plazo.

Uno de los instrumentos más utilizados para el estudio y visualización de la conformación global de la política pública es el esquema conceptual de las fases:

Identificación de problemas, formulación de la política, decisión, implementación y evaluación.

Sobre la base de esta secuencia de etapas, se debe abordar el diseño de la política pública de seguridad ciudadana desde una perspectiva multisectorial e intergubernamental, con una efectiva participación ciudadana, del sector privado y de los medios de comunicación. Esta política debe ser respaldada con normas jurídicas provistas de los recursos humanos y financieros necesarios; también debe ser materia de comunicación persuasiva acerca de los beneficios que la política pública brinda a los ciudadanos. En esa línea, desde la perspectiva de diversos organismos internacionales, la política pública de seguridad ciudadana debe tener las siguientes características: (i) integral, a efectos de abarcar sistemáticamente los derechos humanos en su conjunto; (ii) intersectorial e intergubernamental, para comprometer la participación de los diferentes actores estatales en los distintos niveles de gobierno; (iii) participativa, por la intervención permanente de la población involucrada y por favorecer la democratización de la sociedad; y (iv) universal, debido a su cobertura general, sin exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo.

No obstante lo anterior, toda política debe asegurar una adecuada implementación, monitoreo y evaluación, a fin de verificar el cumplimiento de las actividades, metas y objetivos establecidos en ella. De la experiencia internacional, se puede apreciar que existen cinco elementos que los países deben considerar en la implementación de sus políticas de seguridad ciudadana. Uno: que la protección de los ciudadanos debe darse en el marco de la Constitución y las leyes. Dos: que no debe limitarse exclusivamente a la lucha contra la delincuencia, sino en crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. Tres: que sobrepasa la acción policial y, por tanto, demanda la participación coordinada de todas las instituciones públicas y privadas. Cuatro: que la Policía, como uno de los actores fundamentales, debe definir un nuevo perfil, orientado a la comunidad antes que hacia el Estado. Cinco: que debe ponerse mayor énfasis en el desarrollo de acciones preventivas.

Desde la perspectiva de los organismos multilaterales, la política pública de seguridad ciudadana debe proveer a los ciudadanos, por lo menos, cuatro servicios esenciales, a saber: (i) la prevención de la violencia y el delito, (ii) el control y la persecución del delito, (iii) la rehabilitación y reinserción social, y (iv) la atención a las víctimas.

De manera complementaria, pero no por ello menos importante, se debe resaltar los procesos de monitoreo y evaluación de las políticas y programas de seguridad ciudadana.

Se debe entender la evaluación como la aplicación sistemática de procedimientos para valorar el

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