DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO NACIONAL

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DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO NACIONAL (Parte 2 de 2).

El inicio del proceso de descentralización en Panamá puede ser una gran oportunidad de que enrumbemos al país por las vías de un desarrollo más equitativo y sostenible, reduciendo las disparidades entre lo urbano, lo rural y lo comarcal y a la vez protejamos nuestro medio ambiente. Mediente la Ley No. 66 de octubre de 2015, que reforma la Ley No. 37 de junio de 2009, los 78 municipios del país recibirán más de B/. 151 millomnes provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los que el 90% se deberá destinar a la inversión en proyectos de infraestructura. Sin embargo, reducir las inequidades en el desarrollo territorial más que la simple asignación de recursos para la inversión requiere de una serie de reformas complementarias del marco legal y acciones de fortalecimiento institucional que orienten la formulación, gestión y seguimiento de las políticas públicas:

- Reformar la Ley No. 34 de junio de 2008, de responsabilidad social fiscal (LRSF), para que a la visión de plan de desarrollo de mediano plazo que representa el Plan Estratégico de Gobierno (PEG) se le incorpore una visión de largo plazo de 10 a 15 años que supera la simple gestión de un gobierno y que refleje la voluntad/acuerdo de amplios sectores del espectro económico, político y social del país. Esta visión de largo plazo, al igual que el PEG, se debería actualizar al inicio de cada gestión de gobierno y se le debe dar seguimiento períodico al logro de las metas propuestas.

- Reformar la Ley No. 6 de febrero de 2006, de Ordenamiento Territorial, de forma que consolide una visión integral del territorio del país (urbana, rural, comarcal, ambiental) y que oriente a la planificación de la inversión pública.

- Crear un marco legal para la Inversión Pública, que por un lado asegure que las inveriones públicas cumplen con los requisitos de viabilidad técnica y financiera blindándolas de los caprichos politiqueros de turno; mientras que por otro lado dicha inversión apunte a lograr las metas de corto, mediano y largo plazo de la planificación y su debida articulación a nivel territorial.

- Fortalecer la institucionalidad municipal, mediente: (1) Capacidades fiscales fortalecidas. Definir una estrategia para encarar las debilidades de las finanzas municipales y en particular del Sistema Tributario Municipal (STM), buscando mejorar la eficiencia y la eficacia en las administraciones municipales. (2) Capacidades de planeación, de ejecución presupuestaria y de programación de inversiones fortalecidas. Desarrollar las capacidades de planificación relacionadas con el proceso presupuestario y de programación de inversiones. Definir metas anuales y periódicas tanto en términos de producción física de bienes y servicios intermedios y finales así como en función de los costos propuestos durante el ejercicio económico. En adición, conformar un banco de proyectos de inversión viables, susceptibles de ser financiados con recursos propios, del GC o de otras fuentes. (3) Capacidades de gestión de servicios públicos fortalecida. Los municipios prestan algunos servicios básicos como: recolección y disposición de los desechos sólidos urbanos; el mantenimiento y administración de mercados públicos, cementerios y otros sitios públicos. Estos servicios son por lo general de calidad y cobertura inadecuadas; sin vinculación entre los costos y beneficios y manejados bajo tasas desactualizadas; carentes de sistemas de contabilidad y de administración independientes y de otras prácticas básicas para mejorar su gestión. Se requiere desarrollar planes de mejora, estudios de viabilidad económica y técnica, definir estándares de calidad y de cobertura, tarifas, modalidades para la prestación de servicios y otras.

Pero también es indispensable propiciar mayores niveles transparencia y de rendición de cuentas por parte del Gobierno Central (GC) y de las municipalidades, asi como mayores niveles de participación ciudadana.