EL NARCOTRÁFICO Y LAS DROGAS EN REPÚBLICA DOMINICANA.

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Narcotráfico

La palabra narcotráfico es un vocablo compuesto, integrado por el término griego ναρκω (narkoun) con el significado de “adormecer” y por “tráfico” que se tomó del italiano en el sentido de realizar una actividad comercial. El término narcotráfico se usa para designar un delito contra la salud de la población en general, que consiste en la venta ilegal de drogas prohibidas.

- Las drogas en la República Dominicana

Uno de los grandes problemas que afronta la sociedad dominicana es el consumo de drogas ilícitas y fármacos fuera de control de las autoridades y profesionales responsables de su administración.

En la República Dominicana hasta el 1975, de acuerdo a los datos estadísticos publicados para esa fecha, contábamos con una cantidad aproximada entre 20,000 a 30,000 usuarios de drogas, predominantemente la marihuana y los fármacos. En la actualidad, esta cantidad de usuarios se ha multiplicado casi por 10, estaríamos hablando de unos 200,000 a 300,000 usuarios.

Es necesario, considerando la magnitud y la peligrosidad que envuelven el tráfico y consumo de drogas existentes en el país, emprender de inmediato la realización de un trabajo serio y responsable que involucre a todos, para aplicar acciones preventivas que surtan los efectos deseados.

No podemos continuar viviendo por más tiempo dando la espalda a una dolorosa realidad, utilizando verdades a medias, pretendiendo que con medidas represivas y sin la utilización de recursos podremos ganar la batalla. Con esto sólo lograremos una generación castrada, inutilizada por el consumo de drogas, las que de manera pública y ante la vista de todo el mundo, se venden por todos los rincones del país.

Situación Actual En Dominicana

El Plan Nacional Antidrogas de República Dominicana aprobado en el año 2000, entró en vigencia en enero 2001 y expira en el año 2005, tiene una asignación presupuestaria de US$86.330.000 que representa un 0,2% del presupuesto total del Gobierno. Del presupuesto asignado para la reducción de la demanda (US$46.840.000), el 88,1% proviene de recursos nacionales y el 11,9% de cooperación internacional y, del asignado para reducción de la oferta (US$38.870.000) esta relación es de 96,8% y 3,2%, respectivamente. La asignación presupuestaria para el componente de reducción de la demanda supera de manera amplia al de reducción de la oferta. Un hecho importante de resaltar, es la cuantificación de los recursos necesarios y el contar con una asignación presupuestaria que garantiza, en gran medida, el cumplimiento del Plan Nacional Antidrogas. El Consejo Nacional Antidrogas es a nivel nacional la autoridad central de coordinación, creado a través de la Ley No. 50-88 al más alto nivel de Gobierno, y con funciones fijadas por ley, el cual opera de manera conjunta con las oficinas regionales, estatales y provinciales.

Está conformado por un Presidente y una Junta Directiva de la cual forman parte representantes del sector privado y de la Iglesia Católica, quienes son nombrados por el Presidente de la República y constituye la máxima instancia de toma de decisiones. Coordina las áreas de reducción de la demanda, reducción de la oferta y medidas de control, información y estadísticas. Es además, el encargado de coordinar la ayuda internacional y llevar a cabo las evaluaciones institucionales.

El Consejo Nacional cuenta con un presupuesto integrado al de la Presidencia de la República, el cual proviene de recursos de la Nación, recursos por aplicación de la ley y aportes de la sociedad civil. Durante el período de evaluación 2001-2002, el mismo se ha mantenido en un promedio de US$2.583.000.

El 15 de noviembre de 2001 suscribió la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres Protocolos. Como consta en el "Informe de Implementación de Recomendaciones de la Primera Ronda de Evaluación–2001", después del estudio de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA), por parte de las autoridades dominicanas, en el año 2003, se procederá a iniciar su ratificación. No ha firmado la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, cuyo proceso de adhesión concluye en el año 2002, según consta en el "Informe de la Implementación de Recomendaciones de la Primera Ronda de Evaluación 2001". Por otra parte, ha firmado convenios en materia de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito de Drogas con Argentina, Colombia, México, España, Cuba y países Centroamericanos.

En materia de recolección de información, análisis estadísticos relacionados con el tema de las drogas y divulgación de las mismas, el país avanzó significativamente. En marzo del año 2002, con el auspicio del Plan Nacional sobre Drogas de España y la Comisión Interamericana Contra el Abuso de las Drogas (CICAD), comenzó a funcionar el Observatorio sobre Drogas. Este Utiliza el Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre Consumo de Drogas (SIDUC) para recopilar, analizar y presentar estadísticas relativas al consumo de drogas y del Sistema Estadístico Uniforme sobre del Control del Área de la Oferta (CICDAT) para el caso de la oferta. Presenta informes a organismos de las Naciones Unidas como son la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y el Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de las Drogas (PNUFID).

La Dirección Nacional de Drogas publica sus estadísticas en el documento "Memoria Anual del Gobierno" y las pone a disposición de la población en su página Web. Esto representa un avance significativo en el cumplimiento de la recomendación que le hiciera la CICAD durante la Primera Ronda de Evaluación 1999-2000. Sociales, sin otorgar un título específico. La Facultad de Sociología de la Pontificia Universidad Madre y Maestra cuenta con un diplomado sobre el tema de las drogas.

La última evaluación de los programas de prevención se llevó a cabo hace 4 años y no se han efectuado evaluaciones de impacto que permitan identificar "mejores prácticas", lo cual muestra que el país no cuenta con un mecanismo que le permita desarrollar evaluaciones de manera sistemática. Actualmente se está desarrollando el proceso de coordinación y organización para evaluar la eficiencia y el impacto de los programas de prevención, mediante la metodología de línea basal.En materia de tratamiento y rehabilitación, República Dominicana está avanzando en el