Vulneración al Principio de Independencia en Rep. Dom.

Vulneración al Principio de Independencia en Rep. Dom.

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Vulneración al Principio de Independencia del Ministerio Público en razón de la proximidad de la figura con el Poder Ejecutivo, y sus repercusiones negativas frente a los casos de persecución penal en contra de funcionarios públicos en la República Dominicana

La figura del Ministerio Público en nuestro país se ha consagrado como el órgano encargado de representar los intereses del Estado en los casos de persecución penal que se suscitan dentro de la sociedad dominicana. Este tiene a su cargo la dirección de la política criminal del Estado de Derecho que conformamos, por lo que no debería verse influenciado por ninguno de los poderes del Estado ya que podrían verse comprometidas las actuaciones del Fiscal y carecerían de credibilidad. En razón de esto se consagra en una primera ocasión el Principio de Independencia del Ministerio Público en la ley orgánica del Ministerio Público No. 133-11, artículo 17, para luego consolidarse a partir de la promulgación de la Reforma Constitucional del 2010 en su artículo 170.

A pesar de que ha sido positivizado el principio de Independencia del Ministerio Público tanto por nuestras normas adjetivas como por nuestra Carta Magna, existe en la actualidad una discusión con respecto a si verdaderamente en la práctica existe una verdadera independencia del Ministerio Público, específicamente del Poder Ejecutivo.

Se entiende que si bien es cierto el Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, la probidad y buena fe de sus actuaciones podrían quedar en tela de juicio cuando queda en manos del Poder Ejecutivo el efectivo nombramiento del Procurador General de la República y la mitad de los procuradores adjuntos que conformarán el cuerpo del Ministerio Público (artículo 171 de la Constitución Dominicana), y de manera específica esto influiría de forma significativa en los casos de persecución penal que se intenten en contra de funcionarios públicos, debido a la estrecha relación que pueda existir entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público.

El problema radica en el hecho de que dista mucho lo estipulado en la norma de lo que realmente sucede en la realidad, puesto que tal principio de Independencia sobre el cual basa sus actuaciones el Ministerio Público se ve vulnerado por esa facultad que tiene el Presidente de la República de nombrar a su libre convicción al Procurador General de la República y a siete de sus catorce procuradores adjuntos, sin ni siquiera existir algún procedimiento que vele por la legitimidad de esos nombramientos, lo cual podría repercutir negativamente en los procesos que se intentaren en contra de funcionarios públicos al no llevarse

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