ENSAYO PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y DERECHOS HUMANOS Y LA POLICÍA NACIONAL

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La Misión considera que la gravedad y urgencia de la situación antedicha y el impacto negativo de la misma en materia de seguridad humana de la población general demanda la atención prioritaria por parte del Estado Colombiano a fin darle solución y cumplir así con sus obligaciones en materia de tratados y convenios de derechos humanos regionales y universales.

Órganos de protección.

La Corte Constitucional de Colombia ha jugado un importantísimo papel en la concesión de tutelas, sentando una línea jurisprudencial de defensa de la constitucionalidad y derechos humanos. Ello ha respaldado enormemente el esfuerzo de las organizaciones de presos, así como de entes gubernamentales y no gubernamentales comprometidos en el tema. Sin embargo, el mecanismo para hacer cumplir la tutela no parece suficiente.

La Misión pudo constatar la admirable tarea que realiza la Defensoría del Pueblo para la protección y defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Colombia. Dicha labor, si bien realizada con limitadísimos recursos, incluye un ambicioso programa de visitas y atención a las personas privadas de libertad, y constituye sin duda un ejemplo y modelo para las demás instituciones y para la región. Sin embargo, la Misión notó con seria preocupación la frecuente falta de atención y cumplimiento de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo por parte de las instituciones y autoridades responsables para atender de manera expedita y efectiva los problemas identificados por la misma.

El presente documento es una síntesis puntual del diagnóstico de situación y de posibles intervenciones por parte del Estado Colombiano y sus instituciones que fueron identificados por la Misión Internacional.

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN

Capítulo 1: Violación de derechos humanos de las personas privadas de libertad

- La Población privada de libertad.

Problemas con Registros y Estadísticas.

En la revisión de los distintos informes oficiales, contrastados con los obtenidos con las visitas realizadas a cárceles y penitenciarias, se constata una clara contradicción en cuanto a la capacidad real de alojamiento, registros y datos estadísticos de la población que se encuentra recluida.

La información entre las distintas instancias y subsistemas de la justicia penal es escasa, fragmentada e interesada, ya que responde a las necesidades de cada una de estas instancias y sub-sistemas. Ello no permite tener un conocimiento global y confiable de la realidad penal y no facilita la toma de decisiones para generar una política criminal adecuada. Esto nos permite afirmar que ni la instancia policial, ni la judicial y ni la penitenciaria constituyen sistemas confiables de datos sobre la justicia penal.

Los datos oficialmente proporcionados por el INPEC no contemplan el número de personas retenidas en las detenciones de la policía (DIJIN – SIJIN - FTI) ni en las cárceles municipales del país, nos obstante que la Ley 65 en su art. 17 así lo determina. Es evidente el ocultamiento de datos de la población presa en las mencionadas estaciones policiales por parte del INPEC, no obstante tratarse de sindicados y sentenciados.

Los datos oficiales proporcionados por el INPEC tampoco contemplan una separación de condenados en primera instancia y condenados en segunda instancia, por lo que no resulta confiable el número de sindicados y de sentenciados aportados oficialmente por el INPEC al 30 de septiembre del presente año.

Perfil Social de las Personas Presas

En su mayoría, la población penitenciaria es joven, ya que el 58% de las personas privadas de libertad se encuentra entre los 18 y 30 años. Una parte importante de la misma se caracteriza por el analfabetismo y escaso nivel de educación formal; el desempleo, o, si tenía empleo antes de la orden de aseguramiento, este era sumergido, a veces ilegal y con frecuencia delictivo. Su salud, a pesar de su juventud, se encuentra muy debilitada. La mayoría proviene de zonas desfavorecidas, viviendo en barrios malamente atendidos por los servicios básicos, y constituyendo poblaciones escasamente arraigadas, por la migración a los centros urbanos. Es una población marginada por la sociedad.

En las cárceles y penitenciarias se encuentran las personas pertenecientes a los grupos más vulnerables socialmente, constituyen una población homogénea y de ciertos grupos sociales. Caso aparte merecen algunos de los recluidos en condiciones especiales y que no están comprendidos en el Art. 29 de la Ley 65, y quienes por disponer de recursos económicos, no sufren las condiciones inhumanas y degradantes que tienen que soportar los demás internos al carecer estos de recursos económicos. Existe aún, en las cárceles y penitenciarias, una evidente selección contra las clases más desfavorecidas socialmente. En otras palabras, se penaliza la pobreza.

Perfil Jurídico de las Personas Presas

Según datos proporcionados por el INPEC al 30 de septiembre de 2001, de una población total de 50.755 los sindicados son 21.433 y los sentenciados 29.322. Datos que no son reales pues habría que añadir los que se encuentran en las detenciones y retenciones de la policía y en las cárceles municipales del país.

Esta misión no ha podido, por falta de tiempo y poca colaboración de las autoridades correspondientes, obtener datos precisos y confiables que le permitieran establecer con certeza el perfil jurídico de las personas presas: tipo de delitos que originan la prisionización, promedio de años de condena, condenados con goce de beneficios jurídicos y penitenciarios, entre otros datos.

- Condiciones carcelarias

Las violaciones a los derechos humanos constatadas por la Misión en las cárceles, penitenciarías, estaciones de policía y salas de retención transitorias visitadas derivan de la combinación de altos niveles de saturación o hacinamiento penitenciario y malas condiciones de detención, aunados a la mala gestión penitenciaria, ingobernabilidad, corrupción e impunidad prevalentes en la mayoría de los centros. Los principales problemas observados incluyen:

- hacinamiento crítico, frecuentemente severo;

- tratos o penas crueles inhumanos y degradantes, producto de la violencia y las malas condiciones de detención;

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