Ensayo Desastre zona norte Chile 2015.

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ONEMI contaba con 14 teléfonos celulares, para el 2015 esta cifra aumentó a aprox. 80 en manos de Intendentes y autoridades de Gobierno, pero los Municipios, Bomberos, Carabineros, etc. No cuentan con la tecnología ya que deben costearla y no es posible incluirla generalmente dentro del presupuesto ya que no es obligatorio. Entonces, si bien se ha aumentado la dotación de esta tecnología, aún es precaria e ineficiente.

Hasta ahora se han considerado tres puntos, donde las responsabilidades recaen en la planificación de los municipios, la coordinación de los organismos y la comunicación entre ellos, pero existe un cuarto punto a considerar y uno de los mayores problemas que se genera luego de la catástrofe que podría derivar en un desastre natural y se trata de la existencia de una gran cantidad de relaves mineros en la zona.

Sólo desde el 11 de noviembre de 2012 entró en vigencia la Ley 20551 que regula el cierre de faenas mineras , procurando, entre otras cosas la generación de nuevas faenas mineras abandonadas. En informe del 26 de marzo de 2015 se realiza un catastro de 164 depósitos de relaves en la región de Atacama, 55 activos, 18 paralizados y 91 abandonados generando un riesgo inminente para la población. Incluso, dentro de los que se encuentran abandonados, tres estan considerados dentro de los 14 más riesgosos del país en el Oficio Nº00264 despachado por el SERNAGEOMIN el 13 de enero de 2011 .

En este sentido es importante el avance que se ha hecho con la modificación de la Ley, pero también es necesario considerar la responsabilidad del Estado sobre aquellos relaves abandonados, sin dueños ni responsables, y que en algunos casos se encuentran dentro de la ciudad, como es el caso de la ciudad de Copiapó que cuenta con 37 y la cataloga como la ciudad de los relaves peligrosos con estudios que datan desde el año 1998 informando los riesgos que presentan y a pesar de esto se han construido poblaciones a metros de los mismos como en el sector El Palomar. La ONG Relaves.org ya detectó escurrimiento de relaves mineros en una toma de muestras realizada en la zona norte luego de la catástrofe, resultados que aún están en estudio. Paralelo a esto, existen casos como Caimanes, donde el tranque El Mauro, aprobado en 1997, en caso de colapsar no dejaría más de 5 minutos para escapar a los 1600 habitantes del lugar.

Es necesario entonces, que el Gobierno tome acciones y destine presupuesto para el tratamiento de estas faenas abandonadas y asegure el correcto cierre de las futuras ya que, como en el caso de Copiapó, se llegó a un acuerdo con la minera Hoschschild para hacerse cargo de los desechos pero a los tres años se declaró en quiebra y no terminó con el compromiso.

Además, es necesario que exista la obligación para los municipios de incluir este tipo de actividades dentro de su plano regulador con la prohibición de ubicación en las cercanías de las ciudades y al mismo tiempo impedir la construcción de viviendas en aquellos lugares donde existan antes de realizar un tratamiento adecuado del terreno. El Estado, por su parte podría promover el re-procesamiento de dichas faenas con el objeto de rentabilizar su eliminación y disminuir el impacto ambiental luego de una catástrofe.

Conclusiones

El desastre de Atacama este 2015 saca a la luz nuevamente las falencias que tiene la ONEMI en casos de emergencia, pero la responsabilidad en los eventos no son únicamente de este organismo y se debe partir por las bases.

Los municipios deben actualizar sus planos reguladores e incluir las zonas de riesgo sin olvidar la historia local. El hecho de que estos planos comunales cuenten con información completa y fidedigna permite a la ONEMI tomar decisiones y coordinar a los organismos de emergencia necesarios en el menor tiempo posible y tomar una postura proactiva y eficiente.

Se debe entregar a las entidades de emergencia, municipios y gobernaciones el presupuesto necesario para contar con teléfonos satelitales que permitan la coordinación en caso de eventualidades de manera obligatoria, como también las herramientas para la toma de decisiones descentralizada, esto sumado a un presupuesto permanente del cual disponer ante catástrofes por región y que permita tomar medidas inmediatas en espera de la llegada de ayuda desde el Gobierno Central. Para conseguir esto, también es necesario modernizar el actual Plan de Protección Civil y la ONEMI.

Nuevamente es responsabilidad del Gobierno resguardar la seguridad de las personas evitando que el desempeño de las mineras atente contra la vida y la salud de las mismas. Es necesario que se realice un proyecto para el tratamiento de relaves abandonados rentabilizando los mismos con la auditoría de entidades ambientales que garanticen su correcta ejecución, con esto se logra remover los relaves a zonas autorizadas con una menor cantidad de minerales y contaminantes, lo que se podría financiar con una modificación en los impuestos a las mineras haciendo que el aumento del mismo se subsidie (en distintos rangos) en caso de que la empresa se haga cargo y reubique una cierta cantidad de material existente (considerando no sólo el actual de la minera sino también aquellos abandonados) y permitiendo generar los recursos para que el estado pueda hacerse cargo