Modelo economico de chile Resumen

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El actual modelo chileno tiene la carga del modelo original, especialmente en lo económico, pues se caracteriza por una serie de políticas económicas como la responsabilidad fiscal, la competitividad del país, la estabilidad en las reglas del juego, el garantizar los derechos de propiedad, la creación de instituciones sólidas y bien diseñadas, la continuidad y estabilidad política y la paz social. Sin embargo, el modelo de economía social de mercado surgió como respuesta a la preocupación de los gobiernos democráticos de encontrar el adecuado soporte político para garantizar la continuidad política y la responsabilidad fiscal. Así, se construyó un consenso político acerca de la estrategia de desarrollo nacional. No obstante, no todo es tan positivo, ya que aquellos que discrepaban del modelo, por muy menores que hayan sido, quedaron excluidos de toda posibilidad de participar en él. En otras palabras, su propia fortaleza (estabilidad en las reglas del juego) devino en su propia debilidad (exclusión social).

La siguiente Figura esquematiza las cinco claves del modelo económico del Chile actual: las reformas económicas, su desarrollo social, las instituciones económicas, las instituciones políticas y el consecuente clima de negocios que surge.

Aspectos clave del modelo chileno:

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Reformas económicas y progreso social.

Las primeras reformas económicas que dieron cuerpo al modelo chileno surgieron como respuesta al modelo planificador de Allende apenas ocurrido el golpe militar de 1973. Las reformas en materia fiscal, comercial, de capitales y financiera, y laboral acometidas en los años 1970 fueron consistentemente modificadas en los años 1980 para viabilizar el modelo neoliberal.

La diferencia más fuerte con la historia económica chilena del siglo XX descansa en que el modelo neoliberal controló de raíz el crónico problema inflacionario, por la vía de controlar el déficit fiscal y la emisión de dinero. Una serie de reformas al gasto público, que devinieron en un brutal desempleo en 1975 y años posteriores, cortaron el déficit fiscal desde un 24,7% del PIB en 1973 a un 2,6% en 1975. La caída en el gasto público fue implementada por la vía de reducir el empleo público y controlar las pérdidas en las empresas estatales, principalmente a través de reprivatizaciones de empresas estatizadas durante el gobierno de Allende. La reforma tributaria fue otro hito en los años 1970: se modificó el sistema de impuesto al consumo en cascada por el impuesto al valor agregado en 1975.

Podría parecer que las reformas fiscales fueron sólo de tenor macroeconómico neoliberal y tendientes a controlar la inflación. No obstante, le siguieron otras reformas en estos ámbitos y todas mostraron el compromiso institucional hacia el desarrollo de una economía de mercado, las que fueron hechas tanto en tiempos de dictadura como en democracia. En el ámbito del gasto fiscal es interesante el compromiso de superávit fiscal impuesto hacia fines del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), el que consiste en el compromiso del gobierno de mantener un superávit fiscal equivalente al 1% del PIB potencial, cifra modificada a la baja posteriormente en el gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010).

En el ámbito tributario, ya en los años 1980 se modificó la estructura de impuestos a las empresas y a las personas, las que, si bien siempre buscaron favorecer la reinversión de utilidades de las empresas por la vía de imponer una tasa de impuesto única a las empresas de un 15%, significaron una política regresiva por cuanto han sido las personas de más recursos las que han podido utilizar franquicias a la hora de declarar impuestos, estrategia que no es posible para la clase media que tributa en base a sus ingresos, en la mayoría de los casos como trabajadores dependientes. Posteriores modificaciones a esta estructura de impuestos han sido más bien cosméticas (como el alza y baja del IVA que ha ido entre el 18% y el 19%, impuestos a las empresas que se subieron al 17% y luego al 20%, y una serie de nuevas exenciones a las inversiones de largo plazo).

Las privatizaciones de empresas en el gobierno militar mostraron que éstas no sólo eran fruto de las necesidades de caja del sector público, sino principalmente ideológicas. A las privatizaciones de empresas en sectores productivos en los años 1970 le siguieron privatizaciones en mercados con características monopólicas en los 1980, como en las telecomunicaciones en 1987 y en el sector eléctrico en 1990. Ahora bien, quizás menos por ideología que por necesidad de nuevas inversiones, fue en la época democrática en que se continuó con estas privatizaciones alcanzando al siempre sensible sector de empresas sanitarias (agua potable y alcantarillado).

Por último, respecto del tema del gasto público, el Estado ha ido reduciendo su importancia en Chile incluso a través de nuevas iniciativas que surgieron en la era de los gobiernos de la Concertación. Fue así como en 1993 se inauguró el proceso de concesiones de obras de infraestructura, una forma indirecta de atraer capital privado a sectores típicamente reservados sólo para la inversión pública, como carreteras urbanas e interurbanas, puertos y aeropuertos, cárceles y, últimamente, hospitales, entre otros.

Otra política consistente con el modelo económico imperante fue la apertura de Chile hacia el resto del mundo, tanto por el lado de la política comercial como por el de capitales. Previo al golpe militar, la tasa arancelaria promedio de Chile superaba el 100%, con una enorme varianza al observarse, por un lado, exenciones arancelarias y, por otro, tasas a ciertos productos que superaban incluso el 1000%. Ante aquel panorama se optó por homogeneizar las tasas arancelarias a niveles que fueron paulatinamente bajando hasta el 15% en 1989. La política seguida por Chile en dicho período fue la rebaja unilateral en los aranceles como una manera de abrirse al mundo, abandonando además los acuerdos comerciales sostenidos con países vecinos, como el Pacto Andino (que se abandonó en 1977).

Desde 1990, los gobiernos de la Concertación siguieron con una política de bajas arancelarias pero con un énfasis en acuerdos de libre comercio firmados con sus principales socios comerciales: Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y China. Actualmente la tasa arancelaria nominal de Chile es del 7%; empero, producto de acuerdos comerciales que mantiene con más de cincuenta países, ésta llega en promedio al 1%.

Los flujos de capitales en Chile fueron totalmente liberalizados hacia fines de los años 1970. Sin embargo,