SITUACION ACTUAL DE LOS DDHH EN BRASIL: ENTRE EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL DESARROLLO SOCIAL

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Todo esto en conjunto se ve reflejado en la renta per capita que está en torno a diez mil dollares y en sus exportaciones que se calculan en 200.336 millones de dollares, lo que la coloca dentro de los 20 países más grandes del mundo en términos económicos. En un una política internacional reflejada en la participación de Brasil en la Unión de Naciones Suramericana-UNASUR; el Mercado Común Suramericano-Mercosur, el Grupo de Río y del G-20.Y en la proyección junto a China, India y Rusia, de ser parte de los países emergentes con mayor potencial para ser parte del mundo global en calidad de protagonistas, en un selecto grupo llamado los países BRIC.[7]

¿Significa este crecimiento económico una mejor condición de vida para los brasileros, en términos de DDHH?

Volvamos a retomar la idea de que Brasil no es una unidad hegemónica en términos regionales. Una vez que el tratado de Tordesillas dejo en claro el territorio que sería ocupado por los portugueses, la zona noreste se convierte en el centro de colonización y en el punto de llegada de la población negra dentro del sistema esclavista.

En 1822, y sin tener que pasar por las guerras de independencia, se declara una monarquía constitucional, que traslada la capital de Salvador de Bahía a Río de Janeiro; es decir del norte al sureste. A finales de siglo XIX, toda la expansión se concentra en la región Amazónica, jalonada por la exploración cauchera; y de manera paralela el sur, se convierte en centro receptor de 4.6 millones de migrantes europeos, cambiando para siempre el equilibrio demográfico respecto a la población negra que hasta ese momento era predominante, quedando la región noreste como una zona rezagada; dejando la región del centro-oeste como la de más reciente colonización[8] e inclusión al país[9] y al sur y al sureste como las regiones más desequilibradas por los efectos del desarrollo económico y el aumento de la miseria.

Mientras el país se expandía en diversas direcciones, que incluso significo aumentar sus fronteras nacionales, Brasil vive tres períodos de dictadura en los años: 1930-1934, 1937-1945 y 1964-1985[10]. Estas condiciones políticas reflejaban las tensiones de un mundo que abría frontera agrícola a través de los latifundios, las nuevas colonizaciones y la expulsión de los originales pobladores. Crecía en términos urbanísticos, creando incluso su propia capital, Brasilia, a la vez que aumentaba sus favelas. Expandía su economía dentro de un modelo de subdesarrollo, con el consecuente empobrecimiento de su población, reflejada en un analfabetismo del 24%, el segundo de Suramérica después de Bolivia[11].

Durante la última dictadura, el modelo federativo, originado desde las mismas capitanías organizadas por los portugueses[12], se debilita y se configura la Brasil de hoy en términos de DDHH.

Llegado 1985, y con el desmantelamiento de las dictaduras latinoamericanas con apoyo de quien había sido su aliado: el gobierno de EEUU, Brasil se integra de nuevo al mundo de la democracia y para ello en 1988 crea el marco legal con una constitución que refuerza el gobierno federal como respuesta a un centralismo factico; promueve el desarrollo social ante una miseria urbana y rural acumulada durante el siglo XX; y fortalece su camino de inclusión a las democracia.

Los posteriores gobiernos apuestan a planes sociales masivos que se proponen atender la pobreza, que para los años ochenta se podía calcular en 50 millones[13]. Sin embargo, la crisis económica ocasionada por la hiperinflación y el desempleo, así como el proceso de descentralización en un país de desigualdades regionales, frena los avances de los primeros gobiernos democráticos después de la dictadura. Solo hasta la creación del Plan Real por parte del Ministro de Hacienda Fernando Henrique Cardozo a principios de los noventa, se logra contar con las condiciones para el manejo de la moneda; y luego, con su llegada al poder entre 1995 y 2002 este sociólogo y politólogo, del Partido Demócrata, favorece la inversión extranjera, a la vez que catapulta la construcción de un Estado más capaz de dar respuesta a los desafíos sociales, a través del primer Programa Nacional de DDHH que es puesto en marcha en 1996 y que entre sus objetivos propone combatir la pobreza[14].

Entrado el siglo XXI Brasil mantiene dicho programa, hasta llegar al Programa Nacional de DDHH-3 bajo el gobierno de alianza orientado por el líder sindicalista Lula Da Silva. Apoyado por el Partido de los Trabajadores, Da Silva retoma la estructura estatal impulsada por sus antecesores, los avances de Cardoso y robustece sus alcances a través de 521 acciones programadas y 700 resoluciones en temas de seguridad alimentaria, educación, salud, habitación, igualdad racial, derechos de la mujer, juventud, niñez, adolescencia, personas con deficiencia, tercera edad, medio ambiente, entre otros[15].

Dentro de los programas se destaca “Bolsa Familia” producto de la unión de programas sociales anteriores (“Bolsa Escola”, “Bolsa Alimentação” y “Auxilio de Gas”), que atiende cerca de 11 millones de familias, situadas en la franja de la pobreza y de la extrema pobreza (indigencia). “Al mismo tiempo en que se garantiza una renta mínima a esas familias, el programa busca bloquear la transmisión inter-generacional de la pobreza, al imponer condiciones en lo que se refiere a la frecuencia escolar y a la visita regular a los puestos de salud, para el recibimiento del beneficio. El Programa “Bolsa Familia” ha sido responsable, además de eso, por la reducción del índice Gini, que mide la desigualdad de renta en los países. En los últimos años, en parte como resultado de las políticas sociales del gobierno, 20 millones de brasileños atravesaron la línea de pobreza, haciendo que, desde 2008, más de la mitad de la población del país pertenezca a la clase media”[16]

Otro programa a destacar es el relacionado con la lucha contra la discriminación racial, especialmente con la población negra. Aunque desde la Constitución de 1988 se habían dado todas las bases para afrontarla, en la primera década del 2000 y ante los avances internacionales en esta materia, el Gobierno Lula creó, en 2003, la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial (SEPPIR), con la finalidad de promover políticas de igualdad en favor de grupos étnicos históricamente desfavorecidos, con especial atención para los negros. En efecto, datos del IBGE indican que cerca de 64% de los pobres y al menos 70% de los indigentes en Brasil son afro-descendientes, siendo que estos componen el 49,5% de la sociedad brasileña[17].

Esta política social de casi veinte años