EL CAMINO A LA APERTURA ECONOMICA

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La liberación comercial, en contraste con los temores expresados, no produjo quiebras ni despidos masivos. Es más, el número de plantas entre 1985 y 1988 creció. El proteccionismo produjo atractivas rentas para los productores, muchos de los cuales tenían estructuras de costos que les permitían competir en mercados extranjeros.

LOS PROGRAMAS INDUSTRIALES

Desde los años sesenta, el gobierno mexicano había establecido programas sectoriales selectivos a fin de promover el desarrollo industrial. Sus objetivos eran propiciar la integración nacional, incrementar las exportaciones de manufacturas y desarrollar las empresas mexicanas en campos específicos. Proveían a las empresas de permisos de importación e incentivos fiscales que incluían el acceso a líneas de crédito preferencial, a cambio de que éstas incrementaran el contenido nacional de sus productos aumentaran las exportaciones. Entre 1965 y 1970 se establecieron alrededor de 750 programas, y más de 1200 ente 1971 y 1978.

El objetivo fundamental de los programas era continuar la sustitución de importaciones y especificar metas de balanza comercial para las industrias cubiertas. Otros objetivos eran desarrollar empresas de propiedad totalmente mexicana, promover las exportaciones, reducir las importaciones y los precios internos, y mejorar las normas de los productos. Incluían medidas de protección y de regulación, la protección se otorgaba mediante barreras no arancelarias.

Además de la protección frente a la competencia externa, la entrada de nuevos productores a estos sectores estaba regulada mediante restricciones a la inversión extranjera directa; en los programas no se especificaba que las restricciones fuesen temporales lo que seguramente dio pie a operaciones ineficientes. Las empresas beneficiarias de los programas de rama estaban obligadas a cumplir ciertos requerimientos de contenido nacional, balance de divisas y programas de inversión.

Los programas industriales empezaron a desmantelarse desde mediados de 1985. Los requerimientos de contenido nacional para las empresas terminales se redujeron a 0 para las líneas exportadas en su totalidad, y a 30% para las líneas que exportaban 80% o más de su producción, mientras que en el caso de los bienes terminales vendidos en el mercado esa cifra llegaba a 60%. El aumento registrado en las exportaciones no petroleras durante el periodo 1983-1988 provino de algunas de las industrias más protegidas, en particular de la industria automotriz y de autopartes. Los programas industriales se modificaron en 1989.

En 1990 el gobierno llegó a un acuerdo con los industriales para eliminar las restricciones cuantitativas y los requerimientos de contenido nacional y de divisas hacia 1992. En el futuro deberán desarrollarse políticas de nuevo cuño que estimulen el desarrollo de industrias de la llamada alta tecnología sin propiciar ineficiencia.

Resulta esencial invertir en infraestructura para competir en los mercados mundiales; México deberá concentrar sus esfuerzos en la generación de mano de obra calificada y la diseminación de conocimientos.

CAMBIOS EN LAS RESTRICCIONES A LA INVERSION EXTRANJERA

La inversión extranjera directa nunca fue una parte considerable de la inversión total de México. Como proporción de la inversión bruta fija total en los años 80, se aproximo a 10%, o sea cerca del 5% del PIB. Más del 60% de la inversión acumulada provino de los EU. La participación norteamericana en la inversión extranjera directa nueva fue mayor aun en 1989, cuando llegó al 72%.

En los años 70, las necesidades de financiamiento externo se satisficieron primordialmente mediante el crédito bancario. Esta opción desapareció a partir de la crisis de la deuda y la brecha no pudo llenarse con los préstamos de organismos oficiales. A medida que la inversión extranjera se volvía fundamentalmente para la nueva estrategia de crecimiento de México, se imponían ciertos cambios para tornar más atractiva la inversión en México, incluida la reforma del régimen de regularización de la inversión extranjera.

El gobierno mexicano creía que un régimen propicio para la inversión extranjera estimularía la competencia y aumentaría el acceso a la nueva tecnología, aumentado así la productividad. Las reformas del régimen de inversión extranjera no se consideraban como concesiones otorgadas a regañadientes en aras de la supervivencia económica, sino como metas deseables en sí mismas.

EL REGIMEN DE LA INVERSION EXTRANJERA ANTES DE LA REFORMA DE 1989

El régimen mexicano de inversión extranjera se ha descrito como “una mezcla de nacionalismo y de política industrial deliberada”. La Ley de Inversión Extranjera de 1973, identifica los campos en que está permitida la inversión extranjera, así como los límites de esa inversión. Otras dos leyes también regulan la inversión extranjera en México: la Ley de Transferencia de Tecnología de 1973 y la Ley sobre Inversiones y Marcas de 1976, que protegen los derechos de la propiedad intelectual.

A partir de la crisis de 1982 ya no se podía esperar que la inversión extranjera simplemente ocurriera como consecuencia del crecimiento. Por el contrario, la IED (inversión extranjera directa) se había convertido en un factor determinante de la recuperación económica, a la luz de que otras formas de ahorro externo no estaban disponibles. En 1984, el marco regularizador se hizo cada vez menos restrictivo. En 1986 se incrementaron las oportunidades para la inversión extranjera en la petroquímica mediante la reclasificación de 36 productos de categoría básica a la petroquímica secundaria. En 1988, hubo nuevas revisiones y se permitió que los inversionistas del exterior adquieran hasta 49% de las acciones de una compañía mexicana ya establecida, si ya controlaban más del 49% podían ampliar su participación hasta un 100% sin aprobación previa del organismo regulador.

LAS REFORMAS DESDE 1989

En mayo de 1989 se aprobó un nuevo conjunto de reglamentos para la inversión extranjera, la Ley de Inversiones Extranjeras de 1973 no fue modificada. Las nuevas reglas estaban diseñadas también para uniformar los requerimientos y hacer más expedito el proceso de autorización, además, las nuevas normas introdujeron un mecanismo que permite la inversión extranjera temporal (20 años) en ciertos sectores restringidos, y renovación automática de los fideicomisos inmobiliarios por 30 años. También se crearon mecanismos que permiten la participación de inversión extranjera a través de la bolsa