En Colombia, la economía se ha visto supeditada a los costos de la guerra

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En un contexto de posconflicto, las empresas privadas deben incluir dentro de sus principios y valores institucionales la defensa y el libre ejercicio de los derechos humanos, empezando por el respeto a la dignidad humana de sus empleados, produciendo condiciones óptimas para el ejercicio de sus labores, y garantizando el desarrollo individual y social de los mismos. El sector privado podría ampliar su impacto y aporte en el posconflicto, no solo limitándose al apoyo económico, a la financiación del posconflicto, la inversión privada o la empleabilidad, sino comprometiéndose a la protección por los derechos humanos en el campo laboral, y entre otras acciones como:

Apoyo y confianza a las políticas gubernamentales; Facilitadores del acercamiento con grupos ilegales; Creación de empleo para excombatientes; Financiación de investigaciones sobre conflicto armado; Contribución a la reconstrucción del tejido social; Creación de centros de formación y capacitación para el trabajo; Atención a población vulnerable en razón del conflicto armado; Apoyo a las iniciativas de emprendimiento. (Ochoa-Cubillos, Vanegas-Carvajal, & Arizabaleta-Domínguez , 2017, pág. 13)[l]

Debido al conflicto armado en Colombia, el cual se ha prolongado por más de 50 años, se han visto afectados distintos grupos sociales, destacando niños, jóvenes, mujeres y campesinos. Los niños y jóvenes[m] han estado expuestos a reclutamientos por parte de fuerzas armadas, lesiones físicas, muerte, abuso sexual, también se han visto afectados por desplazamientos, la pérdida de los familiares y traumas causados por los actos de violencia de los cuales han sido testigos.[n] Por parte del ICBF, UNICEF (ONU) y OIM (IO); se han creado estrategias y programas[o] de atención psicosocial para enfrentar dicha situación, con el fin de que estos niños y jóvenes, víctimas del conflicto armado, puedan sobrellevar sus lesiones tanto físicas como mentales, y tener una vida digna. Desde estos movimientos se crean programas integrales de prevención y reducción de la violencia con el fin de forjar comunidades unidas y seguras por medio de medidas prácticas en donde se consideren objetivos de desarrollo social y económico, así como también facilitar la rehabilitación de los niños y jóvenes afectados por la violencia. (Montel, 2015)

En el año 2013 la cifra de menores de 18 años vinculados con ejércitos irregulares en conflicto estaba estimada en 7.000,[p] otros se encontraban vinculados con milicias urbanas y algunos colaboraban con el ejército, actualmente se ha visto un cambio significativo, el cual empezó a tomar poder desde el 2010 ya que más de mil NNA pasaron a ser excombatientes, capturados por el ejército, entregados por el grupo armado o desertores. (Acero, 2013)

Por otro lado, están los hombres y las mujeres, quienes experimentaron una serie de situaciones traumáticas y pérdidas en sus bienes. No obstante, al analizar con mayor profundidad las situaciones de estos dos géneros, se evidencia que la violencia es discriminada. Específicamente, en las mujeres se puede notar que estas fueron despojadas de sus derechos, de su autonomía, del control y la dominación de sus propios cuerpos. Desde los movimientos de mujeres se han logrado cambios, [q]tales como la participación activa de las mujeres en los procesos de toma de decisiones en el marco de reparaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos,[r] no solo en situaciones de conflicto en el país, sino también por las situaciones violentas que históricamente ha vivenciado la mujer. (Baena, 2013).

La Corte constitucional de Colombia [s][t]identifico diez riesgos a los que las mujeres están expuestas en el marco del conflicto según el Auto 092 de 2008[u], los cuales son: 1. Violencia sexual, abuso sexual o explotación sexual; 2. Explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de actores armados ilegales; 3. Reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al margen de la ley; 4. Contacto o relaciones familiares o personales voluntarias, accidentales o presuntas con los integrantes de algunos de los grupos armados ilegales o fuerza pública; 5. pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos; 6. persecución y asesinato por las estrategias de control coercitivo; 7. asesinato o desaparición de su proveedor económico o por la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo material y social; 8. despojo de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales; 9. condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes; y 10. Pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico durante el proceso de desplazamiento. (Diaz & otros, 2013) [v][w]

Por otro lado, los campesinos también [x]han tomado parte de este conflicto[y], estos sufrieron asesinatos, y reclutamiento, también el despojo de sus tierras junto a sus familias. Según las cifras estipuladas en un informe realizado por el Centro nacional de memoria histórica se indica que el 87% [z][aa][ab]de la población que fue desplazada de sus territorios fueron campesinos, es decir que estos fueron los principales afectados en los desplazamientos en el conflicto armado. La descampesinización produjo en Colombia un desajuste en la economía del país, ya que se dio un descenso crónico en el sector agrario para atender la demanda alimentaria, tras los cambios introducidos en las políticas públicas asociadas al libre comercio. Estos desplazamientos también tuvieron costos fiscales, entre el 2000 y el 2013 por ejemplo, se destinaron 17.938,13 miles de millones de pesos (a precios constantes de 2013) para la atención a la población desplazada. Es decir, que durante ese mismo periodo sus participaciones en el PGN (Presupuesto General de la Nación) y en el PIB (Producto Interno Bruto) de Colombia fueron del orden del 0,9 por ciento y del 0,3 por ciento (Sanchez & otros, 2015)

Es pertinente decir que el conflicto armado en Colombia ha sido causante de la vulneración de los derechos humanos. 1999 fue un año donde la afección de estos se visibilizo a gran medida. En ese año según cifras estimadas por la defensoría del pueblo y publicados por el espectador el 30 de diciembre del mismo año, se dieron 402 masacres con un número total de 1863 víctimas, cifra que comparada con el 1998 fue muy alarmante, ya que en ese año se registró un total de 194 masacres con 1231 víctimas. Los departamentos que se reconocieron como los más violentos del país fueron: Antioquia con un registro de 456 víctimas seguido