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CUALES SON LAS PREGUNTAS CASO COLOMBIA ECONOMIC PREMIUM FOR PEACE

Enviado por   •  18 de Diciembre de 2018  •  1.729 Palabras (7 Páginas)  •  495 Visitas

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anterior ha originado que el gobierno aplique ciertas medidas económicas como la devaluación de la moneda que ha perjudicado a los importadores porque esto aumento drásticamente el precio del dólar y por ende los costos de importación de numerosos productos, a su vez esto estimulo otros sectores de la economía como fue el turismo y hotelería la devaluación del peso colombiano permitió que muchos turistas extranjeros pudieran visitar el país ya que resultada más económico hacerlo en la coyuntura actual.

Otras medidas económicas tomadas por el gobierno como el aumento en tres puntos del IVA pasando de un IVA del 16% al 19%, con el argumento que esto resolverá los problemas fiscales del país, pero a su vez estos ha generado que aumento el costo de vida de los colombianos donde el ciudadano ahora tiene que gastar más para conseguir los productos del día a día como lo es alimentos, productos de aseo, entre otros, lo cual hace al ciudadano escéptico de las medidas económicas que ha tomado el gobierno.

5.- ¿Si usted fuera miembro del gobierno, Invertiría dinero en políticas de formalización del sector informal, para incrementar el desarrollo del país? – si su respuesta es sí, argumente la respuesta tomando como base lo aprendido en el curso de Macroeconomía y si su respuesta es no haga lo mismo, explicando las consecuencias de sus acciones y sobre todo ¿Cómo llevaría adelante sus propuestas?

Mi respuesta seria si, ya que más personas vinculada formalmente al sector productivo, permite entre otras cosas que más personas coticen a fondos de pensión, cesantías, y salud, sin los sobrecostos de hacerlo de manera independiente, permite tener una mejor medición del estado de la economía, y fomentaría la estabilidad laboral del trabajador y de sus ingresos, lo que a largo plazo se ve reflejado en el aumento del consumo y en el aumento general de la economía.

CONCLUSION

De acuerdo a lo que se espera del acuerdo de paz frente al impacto que generara económico, social y políticamente, es que pueda que el país va a ser menos desigual, los pobres van a tener mayor acceso a los beneficios del Estado, posiblemente mejores ingresos, mayor calidad de vida y más voz, pero se va a requerir un esfuerzo descomunal de cambio de actitudes, sacrificios y compromisos para hacer esto posible. También es evidente que el acuerdo no ha tenido en cuenta las limitaciones institucionales, políticas y financieras que van a incidir en la velocidad con la que se podrán llevar a cabo los cambios pactados o su alcance.

José Leibovich, un respetado economista, advirtió que hay que darles un decidido apoyo a los acuerdos, pero que se debe tener en cuenta que las instituciones existentes no están preparadas para desarrollarlos y no se sabe cuánto van a costar. Eso se resolverá con el tiempo, pero la opinión comienza a preguntarse cómo se van a costear, si el Gobierno ya está experimentando dificultades para financiar el presupuesto del año entrante. Esto ha sorprendido a la mayoría de la gente, pues la discusión y la aprobación de la última reforma tributaria habían creado la expectativa de un significativo aumento del recaudo. Y los trabajadores y la clase media están sintiendo el impacto de la mayor carga tributaria en esta época de declarar renta y pagar el impuesto correspondiente. Las propuestas del Gobierno para solventar la situación mediante la elevación de impuestos han causado malestar en el sector empresarial y entre los grandes contribuyentes por el incremento propuesto del impuesto al patrimonio. Hay quienes consideran que un impuesto del 2,5 por ciento del patrimonio es excesivo porque equivale a más del 50 por ciento de los ingresos después de impuestos de sus inversiones financieras, lo que muy posiblemente se traduzca en que van a tener pérdidas de su patrimonio. Esta parece ser una crítica razonable si se comprueba, y justificaría que se mantenga el impuesto al patrimonio, pero que no se incremente su tasa. Por otra parte, la revelación del contenido de los avances de la negociación de paz ha creado una nueva incertidumbre sobre su posible costo. Es necesario que este se cuantifique y decir con qué velocidad se podrán desarrollar los cambios en ellos propuestos para que los contribuyentes no se asusten. También se debe entender que la paz traerá consigo no solamente costos, sino grandes beneficios, que ayudarán a pagar por ella.

Como la expectativa del Gobierno, de la guerrilla y de muchos otros es que los contribuyentes de mayores ingresos sean los que aporten más a la financiación de la paz, hay que buscar acuerdos sobre la mejor manera de hacerlo. Ha hecho camino la idea de gravar los dividendos y bajar los impuestos corporativos. Esto se debe comparar con otras opciones, que tendrían mayores efectos distributivos y mayor eficiencia tributaria. Por ejemplo, ponerle un tope al porcentaje del ingreso que no es gravable o que está exento.

También hay que tener en cuenta que no todo el empeño debe recaer sobre el Gobierno Central, pues buena parte de los esfuerzos en el posconflicto debe ser responsabilidad de los gobiernos municipales y puede financiarse con impuestos locales, especialmente con el impuesto predial, cuyo recaudo debe aumentar significativamente, como se prevé en los acuerdos.

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