RELACION CON LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA DE UN TRAMO DE CARRETERA PARA EL ACCESO AL NUEVO HOSPITAL.

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El plazo para iniciar el procedimiento de nulidad es inexistente, y por lo tanto puede solicitarse la revisión de oficio aunque hayan transcurrido los plazos ordinarios de impugnación o revisión de los actos administrativos.

Por otra parte, las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones (por el tiempo transcurrido, o por otras circunstancias) su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes (Art. 106 Ley 30/1992).

La Revisión de Actos nulos se llevará acabo de la siguiente manera:

1º Iniciación del expediente.

- Iniciación de oficio

Es la Administración la que inicia el expediente.

- Iniciación a instancia de parte

Es el interesado el que solicita el inicio del expediente. Sin embargo es poco el uso que se viene realizando ya que en primer lugar, porque tiene carácter excepcional y restrictivo. En segundo lugar porque los actos a anular han de ser favorables y declarativos de derechos, por lo que no será normal que lo inste el favorecido, sino en su caso, un tercero interesado perjudicado por el acto que se revisa.

2º Tramitación del expediente de revisión del acto nulo.

En el caso de que sea la Administración la que inicie el procedimiento, sin más trámite, oirá a los interesados para que aleguen lo que a su derecho convenga.

En el caso de que se inicie por medio de solicitud del interesado, la Administración dictará un acto previo de admisión a trámite, en el que únicamente puede valorar si los vicios que se alegan formalmente corresponden a los del artículo 62.1 de la LRJPAC.

Una vez admitido a tramite se le da audiencia a los interesados, y una vez oídas las partes se elevará el expediente al Consejo de Estado, cuyo dictamen es preceptivo y vinculante. Dicho dictamen establecerá si existe o no el vicio de nulidad aducido por la Administración Pública o la parte.

3º Resolución del expediente.

Si es la Administración la que inicia el oficio de revisión del acto nulo, deberá resolver en el plazo de 3 meses desde el inicio del procedimiento y el transcurso del plazo máximo producirá la caducidad del expediente. No obstante, el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992 autoriza a la Administración a suspender el procedimiento por término de hasta tres meses en el caso de que tenga que solicitar un informe previo a otro órgano de la misma u otra Administración. Esta suspensión habrá de ser acordada de forma expresa y motivada, y por un plazo máximo de otros tres meses.

Si la parte la que solicita el inicio, el transcurso del plazo producirá silencio administrativo desestimatorio, con objeto de que pueda acudir a la jurisdicción contenciosa a sustentar su derecho.

4º Resolución del expediente.

La resolución que se dicte por el órgano competente, ya sea iniciado el expediente a solicitud del administrado o de oficio, será conforme al Dictamen del Consejo de Estado, debiendo acordar:

1º La nulidad de pleno derecho del acto.

2º La validez del acto.

En el caso de que dicte la nulidad del acto administrativo, el artículo 102.4 de la Ley 30/1992 LRJPAC faculta a la Administración a establecer indemnizaciones siempre que se cumplan los requisitos generales del artículo 139 de esta misma Ley.

La Ley faculta a la Administración a reconocer estos daños o no. En el caso de que el particular entienda que se han producido los mismos, deberá deducir su pretensión previamente en vía administrativa.

En el caso de que el expediente fuera iniciado a instancia de parte, debería el interesado incluir tal pretensión en su solicitud inicial. En cualquier caso, el plazo de un año de prescripción del derecho a indemnización comienza desde la anulación del acto, pudiendo tanto en el caso de inicio a instancia de parte o de oficio, incoar posteriormente el correspondiente expediente de responsabilidad patrimonial.