Resumen del capitulo 23 y 24 de con quijote de la mancha.

...

---------------------------------------------------------------

¿Cómo valorar moralmente la investigación y la experimentación sobre embriones y fetos humanos?

La investigación médica debe renunciar a intervenir sobre embriones vivos, a no ser que exista la certeza moral de que no se causará daño alguno a su vida y a su integridad ni a la de la madre, y sólo en el caso de que los padres hayan otorgado su consentimiento, libre e informado, a la intervención sobre el embrión. Se desprende de esto que toda investigación, aunque se limite a la simple observación del embrión, será ilícita cuando, a causa de los métodos empleados o de los efectos inducidos, implicase un riesgo para la integridad física o la vida del embrión. Por lo que respecta a la experimentación, presupuesta la distinción general entre la que tiene una finalidad no directamente terapéutica y la que es claramente terapéutica para el sujeto mismo, es necesario distinguir la que se practica sobre embriones todavía vivos de la que se hace sobre embriones muertos. Si se trata de embriones vivos, sean viables o no, deben ser respetados como todas las personas humanas; la experimentación no directamente terapéutica sobre embriones es ilícita. Ninguna finalidad, aunque fuese en sí misma noble, como la previsión de una utilidad para la ciencia, para otros seres humanos o para la sociedad, puede justificar de algún modo las experiencias sobre embriones o fetos humanos vivos, viables o no, dentro del seno materno o fuera de él. El consentimiento informado, requerido para la experimentación clínica en el adulto, no puede ser otorgado por los padres, ya que estos no pueden disponer de la integridad ni de la vida del ser que debe todavía nacer. Por otra parte, la experimentación sobre los embriones o fetos comporta siempre el riesgo, y más frecuentemente la previsión cierta, de un daño para su integridad física o incluso de su muerte. Utilizar el embrión humano o el feto, como objeto o instrumento de experimentación, es un delito contra su dignidad de ser humano, que tiene derecho al mismo respeto debido al niño ya nacido y a toda persona humana. La Carta de los derechos de la familia publicada por la Santa Sede, afirma: « El respeto de la dignidad del ser humano excluye todo tipo de manipulación experimental o explotación del embrión humano». La praxis de mantener en vida embriones humanos, in vivo o in vitro, para fines experimentales o comerciales, es completamente contraria a la dignidad humana. En el supuesto de que la experimentación sea claramente terapéutica, cuando se trate de terapias experimentales utilizadas en beneficio del embrión como un intento extremo de salvar su vida, y a falta de otras terapias eficaces, puede ser lícito el recurso a fármacos o procedimientos todavía no enteramente seguros. Los cadáveres de embriones o fetos humanos, voluntariamente abortados o no, deben ser respetados como los restos mortales de los demás seres humanos. En particular, no pueden ser objeto de mutilaciones o autopsia si no existe seguridad de su muerte y sin el consentimiento de los padres o de la madre. Se debe salvaguardar además la exigencia moral de que no haya habido complicidad alguna con el aborto voluntario, y de evitar el peligro de escándalo. También en el caso de los fetos muertos, como cuando se trata de cadáveres de personas adultas, toda práctica comercial es ilícita y debe ser prohibida.

---------------------------------------------------------------

Un país sin moral

Luis Carlos Vélez

El escándalo de la Corte Constitucional es la puesta en evidencia de una práctica generalizada en la justicia de Colombia, en donde el cabildeo, la intriga y la corrupción serían los verdaderos determinantes legales en el país. En nuestra nación la justicia no es más que un juego de influencias y conveniencias que castiga a quienes no tienen cómo pagar con puestos, mordidas o ayudas. El que carece de amigos en la política o billeteras profundas está condenado a terminar en la cárcel en caso de ser procesado. Por eso tampoco es extraño que también se haya convertido en deporte nacional escapar de la nación para evitar enfrentar a la mal llamada ley cuando la rosca política de turno termina su ciclo o se carece de los fondos en el banco. En Colombia, la mayoría de las veces, no se falla en justicia, se falla en billetera, y cuando los casos son jurídicamente sancionables pero no convenientes, se juega la carta de la prescripción. Todo esto es desesperanzador y perverso. Estos episodios, donde las supuestamente máximas e impolutas instituciones son puestas en evidencia en sus prácticas más cochinas, marcan un terrible presente, establecen un horrible precedente y además tienen la facultad de espantar a cualquiera que quiera invertir en Colombia o poner sus ojos en este lugar. ¿Qué clase de inversionista quisiera poner dinero en una nación donde queda claro que el lobby judicial es el que verdaderamente vale? ¿Qué puede pensar un joven estudiante de leyes sobre los mismos códigos que estudia? ¿Qué clase de cuestionamiento se le puede hacer a un delincuente cuando aquellos que tienen la labor de establecer su pena han cometido transgresiones mayores? Pero tal vez lo que más duele es que todos se esconden en lo que dice la ley. Esa misma que ha sido pulida a imagen y semejanza de aquellos que hoy la violan. Dicen que hasta que no se les prueben sus señalamientos en norma, no darán un paso al costado. La única salida para salvar la credibilidad de las instituciones es apelar a la poca dignidad que les puede quedar a los miembros de la Corte Constitucional y esperar su renuncia. Todos deberían seguir el ejemplo de los dos togados de la Corte Suprema que discretamente ya dieron un paso al costado. De lo contrario, inevitablemente se confirmará lo que en Colombia parece una realidad y es que en el país hay un déficit de moral y un superávit de leguleyos.