El mayor problema de Colombia es la corrupción en todo los campos y sectores económicos

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conduce a resultados (Neely, Gregory, & Platts, 2005).

Aunque, la ejecución de los programas tanto en públicos como privados, constituye procesos y pasos para su éxito rotundo, en los proyectos de orden público existen unas dimensiones que, ante cualquier perspectiva o contexto sociocultural, debe desarrollar para lograr los alcances preponderados. “Procesos, beneficios, innovación y aprendizaje, calidad, y perspectiva de los involucrados” Barclay (2008). Igualmente, la interdisciplinariedad, constituye en la actualidad el nuevo eje de acción de los proyectos públicos en Colombia. Los proyectos de acción pública, deben tener un alcance de impacto sociocultural y político, por cual, unos logros efectuados, debe tener una planeación y una cuantificación que logre tener un rendimiento adecuado y permita tener un seguimiento del mismo.

Colombia es un Estado Social de Derecho que vela por los intereses de una comunidad políticamente organizada, la cual desarrolla herramientas que ayudan a cumplir con su actividad contractual donde se protege los grupos vulnerables minoritarios, convirtiendo las obligaciones en acciones positivas a favor de la sociedad. (Ruiz, 2013).

Los intereses del estado, están ligados directamente con las necesidades de las poblaciones. Las obligaciones del estado, es velar por los intereses de la sociedad y cumplir con el requisito principal de su elección, conformar un estado de trabajo para un bienestar social y político, una activa participación de los sectores, entre otros. No obstante, uno de los inconvenientes de mayor envergadura en la ejecución de los proyectos públicos en Colombia, es el mal uso de recursos públicos en las inversiones de intereses poblacionales. “...la corrupción genera, entre otros efectos, la deslegitimación del Estado, y de la organización política, afecta la eficacia empresarial, hace ineficiente la asignación de recursos públicos y privados y distorsiona las políticas públicas” (Bejarano, 1996). El estado, como ente participe del bienestar de la población, como ente regulador de los recursos del estado y la ejecución del mismo, es el ente que genera y contribuye en gran magnitud a la corrupción, convirtiendo esta problemática en una constante y algo innato en el estado. “La tentación de utilizar el cargo público en beneficio privado es tal vez la cuestión más difícil de salvar. Habitualmente quien accede a un puesto administrativo considera que cuanta rodea al cargo le pertenece para su beneficio” (Cortina,1998). Por ende, las entidades estatales, se han convertido en una plaza económica para gestionar lo lucrativo, la necesidad de desarrollar estrategias para apoderarse de recursos púbicos y convirtiendo a la entidad estatal en un ente sin credencial ni justificación para participación de la población. Seguidamente, existen múltiples factores que influyen directamente en la corrupción. “Los individuos pertenecen a una sociedad basada en preceptos donde el funcionalismo – estructural sociológico y antropológico, vinculada la corrupción con la maquinaria política” (Cazzola, 2006) Esta problemática, se ha convertido en el principal enemigo de la población para efectuar el bienestar del pueblo, igualmente, los proyectos púbicos, son el principal factor de acceso para aprovechar los recursos y ante realizar un alto detrimento patrimonial, diferentes factores se esgrimen para los protagonistas de estas acciones. “La corrupción es un flagelo que impide al estado estructurar y aplicar las políticas públicas ó programas de acción en beneficio del colectivo” (Villamizar, 2001).

En Colombia, según cifras de la Procuraduría General de la Nación (2011 – 2012), la corrupción le cuesta al Estado nueve billones anuales ó 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB) (Ruiz, 2013). Este flagelo, resulta ser uno de los problemas de mayor envergadura del país y la principal problemática económica de la región. Los proyectos públicos son los principales afectados ante estos hechos, teniendo en cuenta que, al ser el estado el ente que gestiona los recursos, regulador, veedor y promotor de los proyectos públicos, la corrupción se encuentra ligada en cada uno de los componentes del estado. Igualmente, estas acciones evitan que el país entre a los altos procesos o tenga garantía plena de sostenimiento en el mercado competitivo mundial. Por ende, los recursos de los proyectos públicos, a gran escala se encuentran estancados, las acciones para acabar con la desigualdad e inequidad termina siendo una estrategia alto utópica.

La gestión de proyectos está referida al ciclo de proyectos: preinversión, inversión y operación. En este sentido, las diferentes acciones de tipo organizacional, técnico, y financiero que se requieran para diseñar, promocionar, vender, ejecutar y operar un proyecto se deben considerar en los aspectos inherentes a la gestión. Normalmente, se ha considerado que la gestión tiene que ver con la ejecución del proyecto, es decir, con las acciones que permiten llevar a cabo y poner en marcha dicho proyecto. No obstante, cada vez el consenso es que la gestión debe gobernar las acciones de la planeación, la ejecución y el seguimiento y evaluación de los proyectos. (Dane, 2008)

Los proyectos públicos, ejercen soberanía y autonomía en el país, pues teniendo en cuenta que en su ejecución son entidades privadas, en la mayoría, los procedimientos a efectuar para lograr su objetivo común es propuesta de la entidad. No obstante, hay ciertos procesos que se deben tener en cuenta para lograr efectivo el alcance. La administración pública de los proyectos en Colombia, se ha convertido en un estudio investigativo constante, identificando de investigación tras investigación, nuevos paradigmas y la necesidad de crear estrategias para evitar estos hechos.

Existen múltiples causas para la presentación de este flagelo, sobre – regulación administrativa (exceso de trámites), lentitud de la Administración Pública (la cual, induce a la compra de funcionarios, para agilizar decisiones), baja ó ninguna sanción disciplinaria ó penal a funcionarios corruptos, leyes muy laxas, empresas y dispersas, falta de controles internos en las entidades públicas, débil rendición de cuentas de las entidades a los ciudadanos, desigualdad en la distribución del ingreso, bajos niveles educativos y una protección débil a la libertad de expresión (Foro Económico Mundial, 2011 – 2012).

Estos factores, tiene gran procedencia en todos los sectores socioeconómicos del país, desde la misma legislación y procesos constitucionales para la legalización de los proyectos hasta la evaluación y veeduría de los resultados procedentes. Las acciones legales de los proyectos públicos, también tiene sus desventajas a la hora de ser ejecutados, pues,