Cartas de intención Análisis del video del milagro ecuatoriano

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La Ley para la Transformación Económica del Ecuador (Trole I, popularmente conocida como ley trolebús), urgida por el Gobierno de Estados Unidos y el FMI, fue aprobada por el Congreso el 24 de febrero con los votos de DP-UDC, el Partido Social Cristiano (PSC) y el Frente Radical Alfarista (FRA), y promulgada el 13 de marzo. El texto brindó el marco jurídico para dos grandes transformaciones, la adopción del dólar y la venta de las empresas del Estado, con vocación de ser irreversibles. Noboa recibió el apoyo de las principales cámaras económicas y empresariales del país para seguir con las reformas estructurales y modernizadoras de una economía diezmada, pero los analistas hicieron notar su estrecho margen de maniobra ante una fase de recesión que para el conjunto de 1999 fue del 7% del PIB, una tasa de desempleo oficial del 17%, un 62% de la población por debajo del umbral de pobreza, el sucre devaluado en un 80% frente al dólar y una inflación interanual del 60%, la más alta de América.

El pesimismo por el porvenir inmediato del país estaba generando un éxodo que sólo a partir del último semestre de 1999 había llevado a 200.000 ecuatorianos de todas las clases sociales -aunque fundamentalmente campesinos, artesanos y pequeños propietarios- sobre una población de 12 millones a abandonar el país con destino preferente a Europa. Para apaciguar las tensiones sociales y para facilitar el diálogo con la CONAIE, Noboa dirigió al Congreso menos de tres meses después de los sucesos de enero una petición de amnistía para los civiles y militares que participaron en la asonada golpista, exoneración que fue aprobada por los legisladores el 1 de junio. Un sondeo de opinión realizado poco antes arrojaba un 67% de rechazo popular al enjuiciamiento de los oficiales arrestados.

El Gobierno de Noboa debía llevar a cabo una drástica reforma tributaria y luchar contra el déficit fiscal por lo que le tocaba del plan de contingencia acordado con el FMI en abril de 2000 para la liberación de 2.045 millones de dólares de créditos en tres años.

La carta de intenciones con el organismo financiero fue recibida como agua de mayo en una situación de virtual quiebra ante los acreedores internacionales a raíz de la moratoria, declarada por Mahuad, del pago de los intereses de la deuda externa, cuyos montantes superaban los 13.000 millones de dólares. Y es que numerosos analistas estaban advirtiendo que sin unas finanzas saneadas y los índices de productividad sumamente mejorados, el anclaje en el dólar podría arrastrar a la economía ecuatoriana al pozo sin fondo de la iliquidez, como en Argentina, e incluso al fenómeno fatal de la estanflación, o inflación sin crecimiento. (CIDOB, 2014).

CARTA DE INTENCIÓN FIRMADA POR EL ECON. MAURICIO YEPEZ, PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y ECON. MAURICIO POZO, MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Carta de Intención, suscrita el 10 de Febrero del 2003 con el FMI con respecto al IESS.

Durante la vigencia de este Acuerdo con el FMI, denominado de derecho de giro. (stand by) que durará de marzo del 2003 a marzo del 2004 , a más de la medidas ya tomadas al inicio del régimen actual, el Gobierno justifica la Firma del Acuerdo, indicando que el Objetivo principal es mejorar las condiciones de vida de todos los ecuatorianos, mediante un crecimiento sostenido con la baja de la inflación , con mejoras en la red de protección social y mejor provisión de servicios públicos, aduciendo que el Gobierno anterior, no fijó políticas de apuntalamiento del nuevo sistema de dolarización, que recibió una iliquidez de Caja, que no corrigió las desviaciones fiscales (Corrupción) etc., y que por consiguiente, se produjo el atraso en los pagos de la deuda externa e interna, considerando indispensable que todas las Instituciones que conforman el Sector Público Financiero y no financiero incluido el IESS, deben participar en la reducción del endeudamiento externo e interno.

Con esta intencionalidad, el Gobierno considera pertinente, que continuará con los esfuerzos para fortalecer el sistema de seguridad social, para lo cual recibirá asistencia técnica de instituciones internacionales para evaluar los procedimientos operativos y los balances actuariales de los tres fondos de seguridad social IESS. ISSFA e ISSPOL, que conduzca a una estrategia de reforma orientada a garantizar ingresos razonables para los jubilados, incluyendo la eliminación del déficit actuarial y la reducción al mínimo de las transferencias del Gobierno Central. (Saludable y necesaria intencionalidad que, en el caso del IESS, constitucionalmente debió implementar la Comisión Interventora desde el inicio de su gestión)

Que, como las pensiones del IESS, se depreciaron, por el efecto del colapso de la moneda en la crisis de 1,999, se incrementó sustancialmente las pensiones en el 2001 y en el 2002 y se las elevó nuevamente en un 25 % en enero del 2003, por lo que no habrá más incrementos para este año (2003), es decir, se elimina el incremento a las pensiones de junio del 2003 que ya estuvieron presupuestadas.)

Que el IESS, no concederá nuevos préstamos a sus afiliados, lo que reducirá las operaciones de crédito de US. $ 158 millones en 2002, a un repago de créditos de US4 40 millones en el 2003.

Que, antes del fin de abril del 2003, el Gobierno presentará al Congreso Nacional, un proyecto de ley para la unificación salarial del sector público de la administración pública, incluida la política salarial del IESS y las enmiendas a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Que, con la unificación de los distintos componentes remunerativos se consolidarán en una sola cuenta, que se convertirá en la base para el cálculo de los aportes al seguro social

Que, con el Decreto de austeridad expedido por el Gobierno el 22 de enero del 2003 , que dispone el congelamiento de los salarios en el 2003, para los funcionarios públicos de carrera, y de libre remoción , incluidos los funcionarios del IESS, la eliminación de provisiones de horas extras , la reducción de cargos en un 10 % , la limitación del gasto del Gobierno Central en bienes y servicios y restricciones de viajes oficiales al extranjero, la regulación del uso de vehículos y teléfonos celulares y la prohibición de compra de nuevas oficinas públicas ayudará, a la ampliación de la protección de la red social, permitirá aumentar la asistencia del Bono solidario a los pobres de US. $ 11.50 a $S4 15 mensuales por beneficiario, a la asistencia a los ancianos de US. $ 5 mensuales por persona a partir del 2003 etc. (Kohler, 2003)

Lastimosamente, todos los Gobiernos sin excepción, han metido las manos al