Inversion extranjera

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En términos generales la Ley de Inversión Extranjera del 27 de diciembre de 1993 ya incluye una serie de cambios legislativos que se anticipan al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) implementado unos días antes, el primero de enero de 1994. No obstante, la Reforma a la Ley en 1996, numerosos cambios legislativos conforme a sectores específicos (incluyendo telecomunicaciones, ferrocarriles, el sector financiero, etc.) y el Reglamento de la Ley en 1998, aseguran la compatibilidad de la normatividad mexicana con el TLCAN.

El TLCAN es un parteaguas en torno a la legislación sobre la IED en México. Internamente, y antes de la implementación del acuerdo en 1994, el gobierno de México se vio en la necesidad de realizar múltiples modificaciones, reformas e incluso de elaborar nuevas leyes para sectores que se vieron afectados. La Ley de Inversión Extranjera refleja esta tendencia. Sin embargo, el TLCAN va mucho más allá de estas implicaciones legislativas. Desde entonces, el TLCAN se ha convertido para el gobierno en el “techo” para toda negociación bilateral o multilateral de comercio y de inversión, considerando que México anteriormente no tenía acuerdos de inversión con otras naciones.

Desde la entrada en vigor del TLCAN el gobierno se ha convertido en uno de los principales promotores para desregular los flujos de inversión extranjera a nivel internacional y con la intención de vincular explícitamente el comercio y los flujos de inversión extranjera. En las múltiples negociaciones llevadas a cabo por el gobierno desde 1994 la estrategia ha sido coherente y semejante: el TLCAN como punto de referencia, y techo para todo acuerdo comercial y sobre inversiones. Tanto en las negociaciones en la OCDE sobre un Acuerdo Multilateral de Inversión como posibles negociaciones en la Organización Mundial del Comercio y el ALCA. Otros acuerdos bilaterales negociados y aprobados también se rigen por la normatividad del TLCAN. Por otro lado, ante la existencia del TLCAN, la aprobación de una serie de acuerdos bilaterales y las actuales negociaciones con la Unión Europea—cuyas inversiones en México acumulan conjuntamente más del 90% de la IED durante 1994-1998—el gobierno tampoco encuentra significativos incentivos para negociar acuerdos de ésta índole con otras naciones.

Estructura de la Ley de Inversión Extranjera.

La LIE se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1973 con la finalidad de establecer las reglas para canalizar la inversión extranjera hacia el país y propiciar que ésta contribuya al desarrollo económico nacional. Se establecen los derechos, obligaciones y restricciones de las personas físicas y morales que pretendan invertir en nuestro país, asimismo se fijan las sanciones correspondientes en el caso de que incurran en las acciones objeto de tales penalidades descritas en la propia legislación. Posteriormente, la Ley de Inversión Extranjera (LIE) fue reformada de manera importante en 1993, creando así la Ley que actualmente se encuentra en vigor. Dicha Ley se compone de ocho títulos, 13 capítulos, 39 artículos, además de 80 de carácter transitorio. El título primero habla sobre las disposiciones en general de la Ley y se divide en tres capítulos. Detalla el objetivo jurídico que tiene adjudicada, se especifican todas las actividades que son exclusivamente para explotación del Estado, también las reservadas a los mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros en sus estatutos y las que tienen regulación especial. El segundo título, en sus dos capítulos, analiza las adquisiciones por parte de sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros en explotación de minas y aguas y los fidecomisos que utilizan sobre bienes inmuebles en la zona de restricción y, por último, las sociedades mexicanas sin la cláusula mencionada y las personas físicas y jurídicas extranjeras.

Por su parte, el tercer título versa sobre la constitución y modificación de sociedades, destacando la inclusión en los estatutos de la cláusula de exclusión de personas extranjeras. El cuarto título se ocupa de las obligaciones ante la Secretaría de Economía de las personas jurídicas de origen extranjero que pretendan invertir o realizar actividades comerciales en nuestro país. El título quinto de la LIE está compuesto por cinco capítulos en los cuales se conoce la figura de la inversión neutra, se analiza su concepto y regulación en materia de inversión extranjera. Asimismo, el título sexto contiene tres capítulos que establecen la formación de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera, su funcionamiento y facultades. El título séptimo instaura el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y sus atribuciones ante las personas físicas o jurídicas extranjeras. Por último, el título octavo dispone las sanciones objetables a los individuos que realicen actos que sean contra la LIE.[8] Si bien es una Ley especializada en la regulación y fomento de la inversión extranjera, debe adecuarse a las necesidades actuales del país, a la apertura de nuevos mercados y tendencias. No obstante lo anterior, cumple cabalmente con los objetivos planteados por la misma.

Requisitos para la inversión de las personas jurídicas extranjeras.

El artículo 17 de la LIE dispone que las personas morales extranjeras, sin perjuicio de lo dispuesto en tratados y convenciones internacionales, deben obtener autorización por parte de la Secretaría de Economía.[9] Los requisitos que deben ser cumplidos por la LIE son: 1) que dichas personas comprueben estar constituidas de acuerdo con las leyes de su país; 2) que el contrato social y demás documentos constitutivos de dichas personas no sean contrarios a los preceptos de orden público establecidos en las leyes mexicanas.[10] En el caso de personas en el inciso uno, la LIE requiere que se establezcan en la República o tengan en ella alguna sucursal. En el caso del inciso 2, que tengan representante autorizado —con domicilio en el lugar donde van a realizar operaciones— para responder de las obligaciones que contraigan. Toda solicitud que cumpla con los requisitos establecidos, deben de otorgarse dentro de un plazo de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación.[11] El citado trámite se realiza ante la Secretaría de Economía o sus delegaciones y subdelegaciones en la República y tiene un costo (pago de derechos).

La inversión extranjera directa en México.

A partir de que se dio especial atención al capital extranjero invertido en territorio nacional, y una vez regulado de manera enfática con la Ley de 1973, los flujos