ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

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La Formación del Administrador Público con Ética

En la formación del administrador público con ética, debemos destacar que la principal motivación de todo funcionario es el bien común y servir con objetividad los intereses generales de la nación. Se debe tener claro que las consecuencias de sus decisiones modifican y alteran las condiciones de vida de los ciudadanos, por lo tanto, su actuación debe estar sometida a las normas que define la ética pública. Por ejemplo: trato digno, respetuoso, sensible y cuidadoso hacia los ciudadanos son el factor más relevante de su función.

La formación ética del funcionario público no se refiere solamente al perfil o formación profesional de una persona, se refiere a una conducta responsable y comprometida, es necesario que el funcionario se encuentre inmerso en lo que se refiere a la moral pública.

Debe tener los valores y virtudes que lo orienten al buen desarrollo de su trabajo y contribuir al fin definido por el gobierno que es cumplimiento del bien común. Los funcionarios o servidores públicos deben guardar una conducta intachable, precisamente por la naturaleza del trabajo que realizan ante la sociedad.

La excelencia en la gestión de los intereses colectivos no se podrá alcanzar sin formar a los servidores públicos con una sólida conducta ética, por lo tanto, el comportamiento correcto de éstos es una condición para lograr un buen gobierno. Implica el ejercicio de la virtud por parte de los funcionarios públicos. Al respecto Aristoteles señala, “No se enseña ética para saber qué es la virtud sino para ser virtuosos.”[3]

¿Qué establecen nuestros reglamentos en relación a la Ética Pública?

La ética en el servicio público también está regulada jurídicamente, su objetivo es orientar la conducta del funcionario público y, en algunos casos, fijar responsabilidades de orden administrativo e imponer sanciones de carácter penal.

En nuestro Estatuto administrativo, Ley 18.834 se consagra explícitamente el principio de probidad administrativa en términos prácticamente idénticos al del Art.52 inc. 2º de la Ley de Bases. En efecto el Art. 61 letra g), establece como obligación funcionaria el “observar estrictamente el principio de probidad administrativa que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado”.

En este sentido el principio de probidad implica que las actuaciones de los funcionarios públicos deben adecuarse a los deberes que les fija la ley y constituir un testimonio de ética ante la sociedad. También podemos señalar que los cargos públicos implican prestar servicios para una entidad especial que es la Administración del Estado, que está a cargo del logro del bien común, al igual que todos los poderes públicos y toda persona que trabaje para el Estado debe actuar de forma recta y comprometida. La gestión de los funcionarios se debe desarrollar no sólo de manera honesta, sino también de modo eficiente y eficaz.

Podemos destacar que el principio de probidad se encuentra establecido en CPR en la Ley Nª 18.575 y que en el Art. Nº 8 señala que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

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Comportamientos Antiéticos en el Sector Público.

En la antigüedad se advertía sobre los riesgos de dejar que personas sin ética gobernaran. Al respecto Aristóteles señaló, “Incitados por el placer y al no ser capaces de dominar sus impulsos los gobernantes obran mal”[4]. Para gobernar bien, se requiere de personas que estén por encima de sus intereses personales y que sean dueños de sus actos.

Existen múltiples factores que fomentan las conductas antiéticas en el sector público, fundamentalmente se podría conjeturar que hay quienes ocupan cargos públicos, que no son personas idóneas y sólo desean el poder a costa de lo que sea. Algunos servidores públicos al ser tocados por los vicios, olvidan el fin de todo gobierno que es lograr el bien común.

Los comportamientos antiéticos como la avaricia, la ambición, la deslealtad, el egoísmo, la irresponsabilidad, la incompetencia, la mentira, propician actos de corrupción, abuso de poder, favoritismo político, estafa, fraude, recepción de coimas, malversación de fondos públicos, venta de la información, tráfico de influencias, uso de bienes públicos, entre otros.

Cuando el hombre es incapaz de dominarse, se vuelve presa de la ignorancia y de los deseos y pasiones que le impulsan a realizar actos ilícitos. Al respecto Aristóteles escribió: “Los impulsos de los que no tienen dominio de sí mismos caminan en sentido contrario a la razón”[5].

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Actos ilícitos en Chile y su regulación

La corrupción en nuestro país se puede analizar desde la dictadura militar (1973-1989), durante este período Augusto Pinochet, su familia y algunos de sus partidarios, obtuvieron beneficios económicos aumentando considerablemente sus finanzas, faltando a la ética y probidad del Servicio Público. En el año 1990, Chile vuelve a la democracia, pero la corrupción sigue ascenso, aumentan los casos de coimas, honorarios indebidos, empresas de papel, etc. En el gobierno de Ricardo Lagos, se dan a conocer varios casos de corrupción, como el caso Inverlink. En el gobierno de Michelle Bachelet, este último año se han conocido varios casos de corrupción, como el caso Cabal, caso Penta y caso Soquimich, además de las irregularidades en el financiamiento de las campañas políticas entre otros hechos.

Para tratar de combatir actos ilícitos dentro de la administración pública, el gobierno crea la Comisión Nacional de Ética Pública en el año 1994, como medida para aumentar la probidad y la ética del sector público.

En la actualidad Chile pertence a Transparencia Internacional, una institución que se encuentra en más de 100 paises y que es la encargada de promover medidas contra la corrupción en el mundo y que mide el nivel de percepción de transparencia en el Sector Público de cada país.

Como medida para aumentar la Transparencia en el sector públcio,