DERECHO 4 B- “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA”

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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 14° “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.

En este pacto se especifica totalmente la presunción de inocencia como que sea declarado el imputable inocente hasta que se demuestre que es culpable con todos los medios probatorios que se presentan durante el juicio y que estos son revisados y tomados en consideración por las autoridades competentes.

Siendo la presunción de inocencia que es fundamental en la protección de derechos humanos exige la carga de la prueba a la acusación, que es la acción que se ejercita hacia alguna persona, garantiza también que no se presuma la culpabilidad a menos de que los hechos probatorios sean evidentes, y se asegura que el acusado goce del beneficio de la duda, por último exige que las personas que son acusadas de un delito sean tratadas de conformidad con este principio.

Las prohibiciones extensibles en este principio será realizar declaraciones públicas que violen este derecho, es decir que los funcionarios hagan sobreentender del asunto como a medios de comunicación, aun cuando no se haya esclarecido si el que cometió el delito es culpable, la siguiente es presentar al imputado como culpable.

En la reforma constitucional al sistema de justicia penal de 2008 incorporó el principio de presunción de inocencia por primera vez de manera expresa, la parte nuclear de la reforma está contenida en el Artículo 20° constitucional, donde se establecen los principios procesales y los derechos de las personas víctimas e imputadas de delito. Ahí se establece el principio de presunción de inocencia, al igual que se precisan nuevas garantías judiciales de las víctimas, relacionadas con la reparación del daño, su seguridad personal, el resguardo de su identidad y sus datos personales e impugnación de acciones del Ministerio público. Este al conocerse como principio constitucional, la presunción de inocencia indispone con disposiciones que tiene la misma reforma que son, el arraigo por delitos relacionados con la delincuencia organizada, las medidas cautelares en libertad y la prisión preventiva oficiosa por los delitos graves. Con atención al arraigo por delitos relacionados con la delincuencia organizada hubo distintos ejemplos al considerar que el arraigo privaba de los derechos que tiene el presunto culpable, y entre diferencias de diferente estados sobre esta disposición por lo siguiente el Tribunal Federal consideró que la medida de arraigo violaba el derecho a la libertad personal, así como a la libertad de tránsito y su derecho a la presunción de inocencia que ya se había previsto en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, señaló que las decisiones entre la incompatibilidad del arraigo en cuanto a las legislaciones locales y con disposiciones a los derechos fundamentales y en particular con la presunción de inocencia y libertad personal.

Como la presunción de inocencia prohíbe que el Juez de por determinada la culpabilidad antes de la escuchar a las partes, eso llevaría a concluir que la persona acusada debería estar en libertad durante su juicio y aun que se considera como una garantía importante por el principio de presunción de inocencia, ésta no se ha tomado en cuenta tanto como legisladores así como también jueces. En el caso de México la reforma constitucional de 2008 da paso a la libertad cautelar con condiciones como a la prisión preventiva como lo señala en su artículo 19° que precisamente señala que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para que se garantice la comparencia del imputado en el juicio, también que el imputado haya sido sentenciado previo a un delito meramente doloso.