Presunción de inocencia en el contexto del derecho penal del enemigo

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El imputado debe ser tratado como inocente durante todo el proceso, el juez debe otorgarle un trato respetuoso, las pruebas deben ser otorgadas y desahogas de forma lícita, para que finalmente el juez valore de forma lógica racional las pruebas expuestas y pueda otorgar una resolución justa, sin la influencia del juicio social e incluso mediático que pudiera presentarse.

Debe considerarse como punto focal que la carga probatoria recae en quien acusa, debe probarse la culpabilidad del imputado, ya que desde el inicio este deberá ser considerado como inocente hasta que se demuestre y se concluya con una sentencia emitida por la autoridad jurisdiccional que es culpable.

El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de considerar a la presunción de inocencia como un derecho humano otorga la garantía de libertad, el cual en la actualidad podemos ver que es un derecho que la autoridad jurisdiccional violenta al emitir resoluciones como la prisión preventiva, resolviendo sin evaluar si en realidad el imputado presenta un riesgo latente para la víctima, para la sociedad o bien para el adecuado desarrollo del proceso penal.

La prisión preventiva como excepción a esta garantía de libertad, considero que debe ser justificada por el juez, este debe analizar a fondo y emitir una resolución racional considerando si realmente el imputado es un riesgo para la víctima, para nuestra sociedad o para el mismo proceso penal. Ya que de no ser así está violentando el derecho a la presunción de inocencia.

En cuanto al derecho penal del enemigo, este contiene una distinción entre quiénes son “ciudadanos” y quiénes son “enemigos”.

El ciudadano es una persona que acata el ordenamiento jurídico, aquel que no presenta un riesgo ni para este ni para la sociedad. Por lo cual el Estado le otorga de forma plena todos aquellos derechos contenidos en el ordenamiento jurídico, además se asegurarle la garantía de los mismos.

En cuando al individuo considerado como enemigo, es aquel que transgrede el ordenamiento jurídico, aquel que de forma reiterada ha delinquido y así mismo ha transgredido a la sociedad. Razón por la cual se ven limitados o suprimidos los derechos que le confiere el ordenamiento jurídico.

El enemigo del Estado es considerado un riesgo, atenta contra los fines del Derecho que son mantener el orden dentro de la sociedad así como mantener la paz, deja de ser miembro del Estado debido a que se encuentra en guerra con este.

Este individuo pierde el carácter de persona al lesionar los derechos humanos de la sociedad, al cometer delitos relacionados con la delincuencia organizada, tráfico sexual y tráfico de drogas, entre otros.

Este derecho tiene tres elementos característicos:

- En las regulaciones que le son propias se verifica un marcado adelantamiento de la punibilidad. En este sentido corresponde destacar que en estas normas, el punto de referencia no es ya el hecho cometido, sino el hecho futuro.

- Las penas previstas son elevadas de modo desproporcionado con relación al hecho cometido, suele tratarse de conductas lejanas al resultado lesivo, ya que ni siquiera implica la creación de un riesgo no permitido.

- Existe una flexibilización de ciertas garantías del proceso penal que incluso pueden llegar a ser suprimidas, como ya se mencionó con anterioridad.

Conclusiones.

- La presunción de inocencia debe ser considerada un derecho humano.

- El imputado debe ser tratado en todo momento como inocente tanto dentro como fuera del proceso, hasta emitirse una sentencia condenatoria.

- El proceso penal debe regirse bajo los principios de publicidad, oralidad, continuidad, concentración, inmediación y contradicción para asegurar un debido proceso.

- Debe garantizarse el derecho de libertad y en su excepción justificar de forma racional la resolución en la que se dicte risión preventiva.

- El derecho penal del enemigo se destina a quienes delinquen de forma reiterada, en cuanto a delincuencia organizada, transgrediendo el ordenamiento jurídico y a la sociedad misma.

- El enemigo pierde su carácter de persona, razón por la cual se le restringen los derechos humanos contenidos en el ordenamiento jurídico.