Estado colombiano y sector privado en la constitución de 1991

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CONTEXTO GENERAL DE LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA

El programa de descentralización que concluye este manejo de los ingresos del estado en el orden nacional, departamental y municipal, se está dirigiendo con la mayor preocupación, descuido y falta de coordinación. Colombia como república unitaria y con autonomía en sus entidades territoriales, hace que sea absolutamente imposible el manejo económico de colombia, generando despilfarre de la riqueza nacional y conllevando a consecuencias graves en el campo político y en el orden público. Dentro de esta descentralización se encuentra; (1) Ley de ordenamiento territorial, (2) Ley de regiones, (3) corporaciones autónomas regionales, (3) proyecto de ley de régimen departamental, (4) Ministerio de transporte e infraestructura, (5) Los distritos, (6) Estatuto de Bogotá, (7) Ley sobre el territorios indígenas, (8) Proyecto de ley sobre municipios y provincias, (8) Provincias, (9) Áreas metropolitanas, (10) Ley de competencias y recursos, (11) Ley general de educación, (12) Ley de seguridad social, (13) Ley de regalías, (14) Ley de régimen fiscal de las entidades territoriales, (15) Estatuto de santafé de bogotá, (16) Proyecto sobre contribuciones parafiscales, (17) Ley estatutaria de educación y la ley de contratación administrativa, (18) Ley eléctrica, (19) Ley servicios públicos domiciliarios, (20) Descentralización de la policía nacional, (21) Ministerio de ambiente, (22) Ley orgánica de planeación, (23) Ley orgánica del presupuesto, (24) Reforma de la contraloría general y la creación del contador general.

La constitución ordena al estado promover la prosperidad general, con el fin de eliminar la pobreza y fomentar la dignificación de las clases menos favorecidas; Se garantiza la participación de los colombianos en la vida económica del país con la vigencia de un orden justo (Equidad, Justicia y bienestar). Dentro del país como estado social de derecho, se regula el patrimonio familiar inalienable e inembargable, los derechos iguales del hombre y la mujer, el apoyo especial a la mujer cabeza de familia y el subsidio alimenticio. Se protegen los derechos fundamentales de los niños en materia de seguridad social, se realiza proteccion integran a los adolescentes y a las personas de tercera edad.

Respecto a la propiedad, esta tiene una función ecológica que presenta acciones públicas para su defensa. Al hablar de expropiación se hace referencia a la propiedad privada, siendo esta expropiable por vía judicial, por vía administrativa, con indemnización, por regla general; y sin indemnización en determinados casos. Se introduce el tema de los monopolios que no se pueden constituir, sino con arbitrio rentístico. El estado debe promover el acceso a la propiedad privada y a la democratización de la industria, a todos los servicios a la propiedad agraria, proteger la producción de alimentos y preocuparse por otorgar condiciones especiales de crédito para la agricultura, así como al privatizarse las empresas del estado tiene que darse una participación a sus trabajadores, en aras de vigilar el manejo y la inversión de las donaciones; se ocupa de que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales, las tierras de grupos étnicos y los resguardos, sean imprescriptibles e inembargables. El estado debe buscar, el acceso a la cultura para todos los colombianos, siendo responsabilidad de este y de la familia; la educación debe ser gratuita, puede prestarse como servicio público por particulares o por el estado, pero bajo la vigilancia de este último.

En la rama legislativa, se prohíbe al congreso “decretar donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, pensiones y otras erogaciones que no estén destinadas a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley preexistente”, ninguna rama u órgano del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. Se otorga al congreso las funciones naturales de establecer rentas y fijar los gastos de la administración; establecer las contribuciones fiscales y las parafiscales; determinar la moneda legal, la convertibilidad y el alcance de su poder liberatorio (arreglar el sistema de pesas y medidas); ratificar contratos que haya celebrado el presidente y expedir todas las leyes de intervención económica (relacionadas con el banco de la república y los miembros de su junta). El congreso pleno elige al contador general de la república, debe aprobar la inspección y vigilancia de las entidades de utilidad común, tiene la facultad de conceder patentes, presentar el plan de desarrollo, enviar a la cámara el presupuesto y posee la posibilidad de delegar funciones de orden económico.

La constitución en su artículo 227, reitera la integración económica y política, no solo con los países de américa latina y del caribe sino con las demás naciones. El control financiero y de resultados será ejercido por la contraloría, tiene la tarea de valorización de los costos ambientales, se le confiere una función centralista de gran importancia “El contralor general de la república, cuando lo considere necesario, puede controlar el manejo de las entidades territoriales a escala municipal y departamental. El artículo 268 de la constitución estipula como función del contralor “tiene que presentar un informe anual al congreso sobre el estado de los recursos naturales”. El contador general, según el artículo 354 de la constitución “debe uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública”.La constitución se ocupa de la distribución de recursos y competencias entre la nación y los departamentos y municipios, Las transferencias de los ingresos nacionales van por dos caminos: la del situado fiscal, que corresponde a los departamentos y distritos y la de trasferencias de ingresos corrientes, que sólo excluyen los ingresos de capital.

Algunos temas pueden hacer que sea absolutamente imposible el manejo económico de nuestro país, que se despilfarre toda la riqueza nacional y que, en lugar de ir hacia un orden político y social más justo, llegue a un desorden enorme con consecuencias graves en el campo político y en el orden público.