Logros de la participación social en materia de VIH/SIDA en México, Medición de gasto en Sida, políticas públicas y acceso a la medicalización del padecimiento

...

públicos de salud en nuestro país, dicho reto tenía que ser solucionado sobre todo cuando se observó que cada vez existían más casos de infección en México y que muchos de esos casos se daban dentro de los servicios hospitalarios debido a transfusiones de sangre infectada. De este modo podemos equiparar la búsqueda de soluciones por parte del Estado si tomamos en cuenta que “los modelos de Atención a la Salud son resultado de la Política Sanitaria en cada país, determinada por diversos aspectos sociales y económicos. Dentro de los más importantes se encuentran el grado de desarrollo socioeconómico, las necesidades de salud, las diferencias socioeconómicas entre los grupos sociales, la infraestructura y el tipo de Estado” (Eibenschutz, 2011).

Gracias a los avances médicos durante la década de los 90 los esquemas ARV empezaron a tener mejores resultados y cada nuevo esquema tenia menor impacto en los efectos secundarios que producían a las personas infectadas, sin embargo es importante mencionar que aunque se tuvieron avances en la medicalización, las políticas públicas de Estado referentes al acceso de ARV en nuestro país seguían siendo nulas.

Al respecto Gustavo Reyes Terán jefe del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas (CIENI) del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) postula que “México tuvo en ese momento la oportunidad de ser el primer país en vías de desarrollo que permitiera el acceso al tratamiento antirretroviral en forma inmediata y a todos los enfermos. La falta de conciencia y de voluntad política de las autoridades en ese año y en los subsecuentes, impidieron la decisión. Como resultado, muchas personas con VIH en México pagaron con su vida tal falta de visión. Nunca se ha calculado la cantidad de personas que pudieron haber sobrevivido si el programa de acceso al TAR se hubiese establecido inmediatamente“ (Reyes, 2011: 18).

Ante la negativa de las instituciones y los políticos desde los años 90 a la inclusión de la terapia ARV gratuita podemos analizar que existen condiciones estructurales para la toma de dichas decisiones, situaciones que llegan a ser opuestas, por una lado México ha firmado una serie de tratados internacionales en donde ratifica su compromiso para el mejoramiento de los servicios de salud y acceso a dichos servicios, aunque en la praxis no se lleve a cabo sin embargo debemos recordar que a su vez el Estado mexicano se ha suscrito a políticas de desarrollo que son establecidas por esos mismos organismos de internacionales. En este sentido vale la pena recordar que “El Estado de bienestar, concepto de protección social propuesto por los autores del documento del BM (2003) no se basa ya en la idea de la necesidad de la redistribución del ingreso, sino que considera posible lograr el bienestar individual y colectivo mediante la puesta en práctica de políticas macroeconómicas y fiscales que permiten tanto el crecimiento económico como el combate a la “pobreza crítica” (Eibenschutz, 2011).

Vale la pena recordar y reconocer, en este punto, el papel del activismo en la consecución de los objetivos primordiales en la lucha contra el VIH/SIDA en México. “Fue el activismo unido y solidario, integrado en su mayoría por personas con VIH, el que literalmente dejó sin salidas a las autoridades mexicanas para que entre 1997 y 1998 se aprobara la compra de los fármacos antirretrovirales. A partir de entonces, y hasta 2003, el TAR se ofreció solamente a quienes tenían seguridad social (IMSS o ISSSTE). Los resultados sobre la calidad de vida y el control de la evolución de la infección fueron inmediatamente evidentes pero solamente para la mitad de las personas detectadas con VIH en ese tiempo (Reyes, 2011: 19).

De este modo retomo a Menéndez para analizar el movimiento activista y el logro por la inclusión de la terapia ARV en la atención a personas con VIH en México, el autor establece que “la PS supone cuestionar lo dado, oponerse a lo institucionalizado, a la dominación en términos de cohesión y/o de consenso; la inclusión participativa supondría cuestionar la manipulación y la cooptación. La PS posibilitaría el desarrollo de la autonomía a nivel de sujeto y de grupo, aunque esto incluía reconocer la existencia de orientaciones radicalmente diferentes en las concepciones de PS… la PS cuestionaría la verticalidad de las organizaciones y de la toma de decisiones, o por lo menos de determinadas formas de verticalidad (Menéndez, 2006).

Es indudable que antes de la inclusión de terapia antirretroviral gratuita por parte del Estado, las demandas de las personas infectadas por el derecho a la salud no estaban siendo tomadas en cuenta, sin embargo gracias a la PS de los grupos de activistas organizados se dio un logro de suma importancia para el ejercicio del derecho a la salud. Ante esta situación creo que el Estado mexicano y los funcionarios públicos tuvieron que romper con prejuicios establecidos sobre lo que era el VIH/SIDA a finales de los noventa, pues era más que evidente que ya no sólo afectaba a hombres homosexuales sino que cada vez más un gran número de hombres heterosexuales así como de mujeres estaban siendo diezmados por la epidemia.

Los años 1997 y 1998 fueron, de acuerdo a Reyes Terán, un momento decisivo para el activismo, las autoridades de la secretaría de salud y los políticos del país. Para el activismo, se perdió una oportunidad valiosísima y única de mantener su eficaz presión para extender la cobertura a todas las personas con VIH/SIDA del país. ¿Falta de visión?, ¿conformismo?, ¿problemas protagónicos internos y ruptura?, ¿soborno y corrupción? (Reyes, 2011: 19).

Desde una perspectiva política, la PS supondría un ejercicio constante de democratización, o como se dijo más tarde de ciudadanía; más aún, algunos pensaron la PS en términos de democracia directa al colocar el eje en la toma de decisiones. Pero además, la PS aparecía como un mecanismo de transformación social y del propio sujeto; la actividad participativa reduciría el papel de la estructura y convertiría al grupo/individuo en sujeto de la reproducción y no en objeto-recurso de la misma (Menéndez, 2006). En este sentido valdría la pena mencionar que al igual que otros movimientos de PS la del VIH/SIDA en México también tenía sus deficiencias para establecer el consenso de forma unánime, esto puede responder a cuestiones diferenciales de vivir la enfermedad y las necesidades de cada grupo afectado por el VIH, es decir, la necesidades de atención no son las mismas para mujeres, que las de las mujeres embarazadas o con hijos infectados, así como las necesidades de los hombres heterosexuales no pueden ser las mismas que para los homosexuales, con esto puede que algunas de las demandas tenían más un peso ideológico