Problemas de la Administración Pública en México: La crisis de la confianza institucional

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Esta Ley fue modificándose sexenio con sexenio, hasta finalmente convertirse en lo que hoy conocemos como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de observancia para todos los burócratas en instituciones federales. Posteriormente los Estados adaptaron sus propias leyes basados en la Federal.

En estas leyes se enuncian una serie de requisitos y valores que deben cumplir los servidores públicos, que han cambiado y que se han adaptado a las necesidades urgentes que la sociedad necesita. En materia de redacción y organización, tanto como principio de la Constitución como en sus leyes reglamentarias, orgánicas y los reglamentos derivados de estos, es notorio que los legisladores se han empeñado en cubrir de cierta forma el vacío de certeza jurídica en la función de los servidores públicos.

Esta “tradición” del gobierno mexicano a través del Poder Legislativo y decretos por parte del Ejecutivo ha persistido desde la época postrevolucionaria. Lo podemos notar en la amplitud que posee la Carta Magna de México, así como la gran cantidad de leyes y reglamentos que existen.

Queda de manifiesto que se busca brindar controles extensos y certeza jurídica a través de los textos legales, y así sucede especialmente en los países herederos del antiguo Derecho Romano, en especial las naciones que integran América Latina.

Es de especial observancia que en el presente sexenio se han intentado hacer cambios bastos en las leyes que rigen a la Administración Pública, todo con la finalidad de que la ciudadanía vuelva a confiar en el oxidado sistema mexicano. Lamentablemente, las recientes encuestas mencionadas con anterioridad evidencian que el efecto ha sido todo lo contrario.

Analizando el extenso historial que tiene México en cuanto a reformas, creación de leyes y reglamentos, es válido preguntarse ¿Por qué no ha dado resultado y los mexicanos sienten un desprecio profundo en contra del sistema político y administrativo nacional?

Varios estudiosos, organizaciones educativas dentro de México y organismos internacionales han dado sus perspectivas del problema en la nación. José Ángel Gurría Treviño, Secretario General de la Organización para el Desarrollo para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha dado sus perspectivas al respecto, considerando que existe tres factores que han frenado el desarrollo de la Administración Pública, y por lo tanto, también el desarrollo de la República.

El primer gran problema que enfrenta el sistema mexicano es la falta de transparencia, opacada por el enorme espectro de la corrupción generalizada dentro de la sociedad. Si bien es cierto que se han realizado extensas reformas con la finalidad de transparentar los ingresos, egresos, sueldos y demás datos similares en los organizamos públicos de mayor importancia, los resultados de cambio no se han hecho notar.

No sirve de mucho el hecho de transparentar estos valores económicos, si no existen soluciones factibles ni reales ante los problemas que esos mismos datos arrojan. Sueldos excesivos, una burocracia acrecentada desmedidamente, privilegios y lujos otorgados legalmente por el Estado sin justificación jurídica coherente, funcionarios públicos nombrados sin experiencia previa en el cargo, entre otros factores negativos.

Lo único que ha generado este sistema de transparencia tan amplio, es que los ciudadanos se enteren a que van destinados sus impuestos y otros gastos exigidos por las diferentes instancias de gobierno, solamente para darse cuenta que no están de acuerdo con ello, pero que los legisladores y las personas que pudieran escuchar sus exigencias hacen caso omiso de estos reclamos. La única y factible explicación para este alejamiento por parte de los que organizan la Administración Pública del país, es la corrupción.

Aunado a esto, es de notoriedad que existen ciertos organismos que no realizan las declaraciones completas, son omisas o estas no concuerdan con los presupuestos asignados por el Congreso. Mientras tanto, la percepción ciudadana parece notar que los distintos órganos de investigación de delitos, llámese Procuraduría General de la República y las Procuradurías de los estados por medio de sus Ministerios Públicos, no cumplen con su deber en realzar investigaciones que acrediten que los funcionarios públicos cometen delitos relacionados con la falta de transparencia y corrupción. A su vez, los miembros del Poder Judicial también sufren de la desconfianza del pueblo mexicano, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su máximo organismo, cuenta con una confianza bajísima por parte de la ciudadanía.

Otro de los problemas primordiales que señala la OCDE como causante de la desconfianza de las instituciones en México es la falta de flexibilidad que han tenido a lo largo de los años. La Organización delimita como “flexibilidad” a la capacidad de adaptación al cambio que posee la Administración Pública en un determinado país. La forma en la que el mundo se maneja ha cambiado considerablemente, no solo en cuestión de las exigencias sociales, sino por las nuevas tecnologías, el movimiento de la economía global y un inminente cambio cultural de las nuevas generaciones.

El organismo señala que México se ha quedado rezagado a comparación de otros países en cuanto a su capacidad del cambio tecnológico. En varios países, como en los Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Suecia, por mencionar algunos, se han reorganizado las finanzas públicas a tal modo que los gastos en la Administración son menos costosos, y las tecnologías que se emplean son más avanzadas, además de que lograron obtener un mayor alcance entre la población en general.

En México si bien es cierto ha existido una actualización de los sistemas operativos, y se han empleado elementos novedosos para incrementar el alcance de los mexicanos, los cambios no son tan significativos como lo han sido en otras naciones del mundo. La ecuación esta invertida en México, puesto que el gasto público destinado al gran aparato burocrático crece desmedidamente, al mismo tiempo que el avance tecnológico es casi nulo.

El atraso tecnológico ha ido subsanándose con el pasar de los años sobre todo en la Administración Pública Federal, en donde se tienen los avances más considerables. Sin embargo, la mayor parte de las entidades federativas se han quedado atrás, siendo el caso de los municipios el más grave.

“En la práctica, una de cada 10 alcaldías del país no cuenta ni con teléfono, 30 por ciento del total no tiene servicios de internet y solo cuatro de cada 10 tienen un sitio web desde donde se pueden realizar trámites y consultar los servicios