EL DELITO POLITICO DENTRO DE LA NEGOCIACIÓN DE PAZ EN COLOMBIA

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En cuanto a las teorías abolicionistas, en donde el delito político no debe existir o debe ser limitado solo a los delitos de opinión, dado que “(…) los delitos políticos son en realidad delitos comunes, porque en una democracia no se pueden justificar comportamientos que legitimen o minimicen el uso de la violencia” (Posada, 2010, p. 37), Benavides las rechaza, pues a lo largo del texto, se resalta la importancia simbólica del delito político y su ayuda para consolidar la paz que para el autor es el objetivo primordial del Estado colombiano en la actualidad.

Por lo tanto la postura que acoge el autor el autor en su texto, es el de las teorías objetivas utilitaristas o puramente políticas, en donde el delito político es “(…) todo aquel comportamiento común que merezca político- criminalmente, por sus circunstancias o condiciones, ser considerado a juicio del Estado susceptible de beneficios como la amnistía o el indulto” (Posada, 2010, p.30). A su vez Benavides apoya la postura de la Corte Constitucional en la sentencia C-225/05 en donde la concepción de delito político se fundamenta en discrecionalidad del Estado en los escenarios de justicia transicional. Para el autor reconocer el carácter político del actor armado es muy importante para el éxito de las negociaciones y que es importante recordar que este debate es político y no simplemente jurídico en cuanto es importante aproximarse al proceso de paz sin detenerse en una categoría como la del delito político. (Benavides, 2010, p.10).

A pesar de que las teorías objetivas utilitaristas o puramente políticas sean las acogidas en el texto de Benavides, estas han sido objeto de ciertas críticas. En primer lugar se dice que vacía de sentido los delitos políticos para convertirlos en un instrumento objetivo y relativo al servicio del gobierno de turno, en segundo lugar podría utilizarse el concepto de delito político para categorizar a los enemigos del gobierno de turno, dependiendo de los intereses o lineamientos políticos de este. Y finalmente, se critica que con estas teorías, desaparece la distinción teórica y práctica trazada entre los delitos políticos y los delitos comunes, lo que conlleva a que el delito político sea equivalente a una simple caricatura del derecho penal, el cual puede fungir como sanción o prerrogativa política, dependiendo única y exclusivamente de los intereses cambiantes de los gobernantes (Posada, 2010).​

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