Ensayo Sobre Proceso de Paz Colombia

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Para alcanzar esta meta el gobierno de Álvaro Uribe se planteó un ciclo de recuperación y consolidación, el cual se dividió en tres etapas. La primera de ellas: La recuperación del control estatal del territorio. Esta etapa buscó recuperar gradualmente la presencia estatal y de la autoridad donde fuera necesario, iniciando por las zonas consideradas como estratégicas, a través de operaciones adelantadas por la fuerza pública. La segunda etapa consistió en el mantenimiento del control estatal del territorio. Esta etapa buscaba una vez restablecido el control de la Fuerza Pública sobre los diferentes territorios, proteger a la población civil, mantener las condiciones de seguridad e iniciar el proceso de judicialización a los miembros de grupos terroristas y a quienes cometieran delitos de alto impacto social. Por último, la tercera etapa buscó la consolidación del control estatal del territorio. Cuando las condiciones básicas de seguridad estuvieran garantizadas, el Estado restablecería el normal funcionamiento de la administración de justicia, fortalecería la democracia local, atendería las necesidades más urgentes de la población, extendería los servicios del Estado e iniciaría proyectos sostenibles y productivos de mediano y largo plazo[11].

El proceso de la recuperación territorial traería consigo resultados determinantes. En primer lugar, el crecimiento de deserciones en los grupos ilegales alcanzó cifras nunca antes vistas gracias a la ofensiva militar de las Fuerzas Armadas. Entre enero de 2002 y agosto de 2009, 13.435 miembros de las FARC se entregaron a las autoridades y 2879 combatientes del ELN hicieron lo mismo que sus similares de las FARC[12]. El debilitamiento de las guerrillas no solo fue afectado en su pie de fuerza, sus finanzas también sufrieron golpes dramáticos que afectarían sus actividades delictivas. “El secuestro extorsivo, que después del narcotráfico ha representado el segundo renglón de ingresos de las FARC, cayó en un 90% al pasar de 719 en 2002 a 72 en 2008”[13]. Esto contribuiría a la recuperación territorial donde la presencia de la guerrilla de las FARC se redujo en un 62% entre 2002 y 2008 pues se registraron ataques en 209 en 2002 municipios contra 78 ataques en 2008. Los retenes ilegales en las carreteras del país disminuyeron un 86% en este mismo periodo de tiempo pasando 278 a 37[14].

El control territorial del Estado se traduciría también en la disminución de la capacidad ofensiva y operativa de las guerrillas, particularmente de las FARC, pues se estima que entre 2002 y 2008 su capacidad disminuyó un 83%. En 2002, este grupo ilegal realizó ataques ofensivos en 28 de los 32 departamentos de Colombia contra 18 departamentos en 2008, entre los que se cuentan 11 departamentos que sufrieron cinco o menos ataques. En 2002, únicamente cuatro departamentos no registraron ataques guerrilleros, en 2008 este número aumentaría a nueve departamentos[15]. Adicionalmente, las FARC contaba en 2002 con apenas doce frentes inactivos (que no registraron ninguna actividad armada), para 2008 este número ascendió a cuarenta frentes, es decir, cerca del 60% del total de sus frentes para el año 2008 se vieron obligados a la inactividad debido a la acción neutralizadora del Estado[16]. Teniendo controlado el territorio nacional, la siguiente etapa de la Seguridad Democrática sería la de proteger a los ciudadanos y la infraestructura de la Nación.

Para lograr la protección de los ciudadanos y de la infraestructura de la Nación, la política de Seguridad Democrática estableció como pilar fundamental “el fortalecimiento del Estado de Derecho en todo el territorio nacional.[17]” Esto inició con la protección de un grupo de ciudadanos que se encontraban en situación de riesgo, tales como los grupos políticos, sindicalistas, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos o periodistas. En segundo lugar se acudió a proteger a las víctimas del desplazamiento forzoso a causa del terror instaurado por los grupos al margen de la ley. En tercer lugar se combatió el terrorismo como arma de disuasión en las ciudades a través de la capacidad de recolección de información de inteligencia, fuerzas de reacción rápida, la cooperación activa de la ciudadanía y estrechando los vínculos entre la Fuerza Pública y el comercio, las compañías de seguridad privadas, la ciudadanía en general y las empresas públicas para tejer redes de alerta que aseguren la protección de la población y de la infraestructura.

Uno de los mayores temores de la población, el secuestro, fue también un objetivo de la Seguridad Democrática, que se busco combatir a través de la desarticulación de las bandas dedicadas a esta actividad criminal, así como el incremento de operaciones de rescate de personas en cautiverio, la consolidación de una agenda internacional contra la extorsión y el secuestro delictivo y el fortalecimiento de la capacidad preventiva del Estado y la ciudadanía[18]. Por último, la Seguridad Democrática en su búsqueda de protección a la población se enfocaría en proteger a los jóvenes y niños del reclutamiento en los grupos ilegales[19].

Los secuestros extorsivos de las FARC se redujeron entre 2002 y 2008 en un 89%, mientras que en el primer año se realizaron secuestros en 27 de los 32 departamentos de Colombia, en el último año esa cifra disminuyó a diecisiete departamentos[20]. Por el lado del ELN, los secuestros pasaron de 646 en 2002, a 29 plagios en 2008. Esta diferencia marca un descenso en esta práctica del orden del 96%[21]”. En cuanto a la protección contra el terrorismo, las cifras del Ministerio de Defensa Nacional indican que en 2002 se produjeron 680 actos terroristas[22], para un promedio de 2,3 diarios mientras que en el primer semestre de 2010 se produjeron apenas 76 acciones de este tipo, para un promedio de 0,4 diarios[23].

En cuanto a la protección de la infraestructura económica, un elemento de alto interés para quienes estuvieran interesados en invertir en Colombia en materia petrolera, la política de Seguridad Democrática desarrolló programas especiales que buscaran prevenir los ataques terroristas contra la infraestructura petrolera, carbonífera, eléctrica, de puertos y aeropuertos y de telecomunicaciones. Adicionalmente, se enfocó en prevenir el robo de hidrocarburos. Todo esto a través de la protección de la red vial por vía terrestre, aérea y con acciones e intervenciones policiales y militares gracias a un extenso proyecto de monitoreo[24].

Todos estos cambios que tomaron lugar desde el año 2002 hasta el año 2010 dejaron en Colombia un sentimiento de seguridad, pues la fuerza que tenían los medios de comunicación mostraban el gobierno Uribe como algo inimaginable. La reducción de asesinatos,