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IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO INSTRUMENTOS PARA LA SUSTENTABILIDAD: MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO, 2001-2010

Enviado por   •  3 de Julio de 2018  •  7.777 Palabras (32 Páginas)  •  397 Visitas

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Se decidió abordar el caso de estudio del MEDHS porque se identificó que todos los programas que de éste han derivado están basados en la autogestión; es decir, que los miembros de la comunidad son los actores principales de su propio desarrollo, y el proceso de autogestión es educativo y participante, de aprendizaje mutuo entre miembros de la comunidad, líderes, promotores y asesores. Los resultados de dicho modelo muestran que con la educación para la sustentabilidad se ha logrado una mejor organización y participación para detectar y solucionar los temas prioritarios de sus comunidades, de tal forma que ha contribuido a construir las sendas para alcanzar el desarrollo sustentable del municipio de Nacajuca, en el Estado de Tabasco.

Finalmente, se hace referencia a la parte de conclusiones, donde se menciona la importancia que tiene abrir futuras líneas de investigación acerca de la temática aquí tratada.

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1. Marco institucional

En esta primera parte se contextualiza el marco institucional en el que se circunscribe la participación ciudadana como un derecho humano y eje rector de la política nacional. Asimismo, se describen las características de la educación que se siguen en la política educativa nacional y su contexto internacional como instrumento para la sustentabilidad.

En primer término, la participación ciudadana es el constructo que le da el sentido público a la política, y es precisamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) la que otorga este sentido a la política del Estado en su estatuto 26. Éste determina que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y que mediante los mecanismos de participación establecidos por la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan Nacional de Desarrollo PND al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión [Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos], 2012)

De acuerdo con lo anterior, en la carta magna se encuentran preceptos referidos a la participación ciudadana con diferentes enfoques, entre ellos los siguientes: enfoque social, enfoque económico, enfoque ético-cultural, enfoque político y enfoque ecológico ambiental (la participación ciudadana está presente de manera abstracta en el artículo cuarto, del cual se deriva la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente, considerada como un primer instrumento de gestión democrática de la política ambiental).

En este orden de ideas, es a través del PND que se formula y conduce la política nacional en coordinación con dependencias, organismos federales, municipales y locales, y con los sectores social y privado. El PND 2013-2018 del gobierno del Presidente Constitucional Enrique Peña Nieto, se plantea la meta de emitir los lineamientos necesarios de los mecanismos de participación ciudadana y de promover ésta en la gestión pública. Asimismo, generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social y desarrollar políticas públicas que incorporen la participación social desde el diseño hasta la retroalimentación. Ahora bien, en el campo de la educación, el discurso va en función de fortalecer el desarrollo regional sustentable y asegurar el progreso económico y social sustentable a través de ésta; finalmente, se propone incorporar criterios de sustentabilidad y educación ambiental en el Sistema Educativo Nacional.

Por otra parte, es importante mencionar que el PND 2013-2018, contrasta notoriamente con el PND 2007-2012; en éste último fueron notables, al menos en el discurso, las metas y estrategias concretas que perseguía en materia de participación ciudadana y educación, ambas incorporadas en los ejes de Sustentabilidad ambiental y Democracia efectiva.

Ahora bien, en el ámbito internacional, “la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 21, consagró el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país, sea directamente o por medio de representantes elegidos libremente, así como a participar en las funciones públicas en condiciones de igualdad” (Arellano & Blanco, 2013, p. 7). Así, este derecho se ve plasmado a nivel nacional en las Leyes de Participación Ciudadana. Sin embargo, a pesar de que estos instrumentos abren espacios de diálogo entre el Estado y la sociedad, actualmente se carece de una Ley de Participación Ciudadana a nivel federal y “las Leyes de Participación Ciudadana en los Estados son deficientes en términos de establecer claras garantías para el ejercicio de los mecanismos de democracia directa” (Olvera, 2009, pp. 2, 3 y 25).

De esta primera exposición se concluye que la Carta Magna, el PND vigente y las Leyes de Participación Ciudadana abren los canales de participación de la sociedad para ser instrumentada una política nacional que pueda coadyuvar realmente a la sustentabilidad.

En segundo término, se habla de la educación como un derecho fundamental de todo individuo, establecido en el artículo tercero de la CPEUM. Es así que, de entre los programas sectoriales que determinan las prioridades nacionales y orientan las políticas públicas de los diversos sectores, se encuentra el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, éste busca promover en la educación la generación, difusión y uso de conocimiento para el desarrollo económico y social sustentable; bajo el fundamento de que una nación puede progresar cuando es capaz de comprender su situación y su entorno y, a partir de ello, crear conocimiento y aprovecharlo para su desarrollo económico y social de manera sustentable (Secretaría de Educación Pública, 2015, pp. 67 y 69). Como se puede observar en el discurso anterior, no se incluye el aspecto ambiental como prioridad en la política de educación nacional.

A esto se añade que, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), declaró el período de 2005 a 2014 como el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible (DEDS), compromiso que asume nuestro país durante la cumbre de Johannesburgo. La UNESCO asegura que la educación es primordial para aprender a crear un futuro más sustentable (UNESCO, 2012). Para el sector educativo oficial, así como para todas las organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas, el Decenio es un tema relevante, debido a que marca una diferencia de enfoque en el abordaje de la educación (CECADESU, 2006).

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